La referente de la organización Manekenk valoró la intervención judicial que permitió ingresar al puerto de Ushuaia, cuestionó la demora en garantizar las inspecciones ambientales y advirtió sobre los riesgos del manejo de residuos.
La orden judicial que permitió el ingreso de inspectores ambientales al puerto de Ushuaia representa, para la organización Manekenk, un paso necesario hacia el restablecimiento de controles que deberían realizarse habitualmente. Su referente, Nancy Fernández, celebró la medida dispuesta por el Juzgado de Instrucción Nº 2, aunque cuestionó que fuera necesario recurrir a la Justicia para garantizar el cumplimiento de obligaciones ambientales.
Durante una entrevista en FM Ushuaia, Fernández consideró que la intervención de Prefectura para acompañar a las autoridades provinciales responde a exigencias legales básicas: “Es lo que dice la ley, lo que dice la norma, lo que sería en cualquier país normal y las áreas que deben hacerlo lo hacen”.
La preocupación central comprende los residuos que descargan las embarcaciones, particularmente ante el incremento de recaladas durante la temporada turística. La ambientalista explicó que los buques generan desechos domiciliarios, peligrosos y patológicos, cuyo tratamiento requiere procedimientos específicos para impedir riesgos sanitarios y ambientales.
En particular, señaló que los residuos orgánicos y patológicos deben atravesar controles vinculados con la barrera fitosanitaria provincial, destinada a prevenir el ingreso de organismos potencialmente perjudiciales. A ello se agregan las actividades portuarias y las obras en ejecución, que también demandan fiscalización por posibles derrames de combustibles y aceites.
Fernández destacó la decisión judicial, pero manifestó reparos sobre su oportunidad: “Celebro esta medida de la justicia, lamento la demora”, y reclamó mayor compromiso institucional: “Necesitamos un cuerpo judicial más comprometido con el territorio, más cercano a la gente, más preocupado por las cosas que nos pasan cotidianamente”.
La referente recordó que anteriormente las inspecciones acompañaban regularmente la llegada de embarcaciones. “Antiguamente, cada vez que llegaba un buque grande iban los controles ambientales, eso estamos hablando de todos los días”, precisó, para insistir en que la fiscalización no debería depender de autorizaciones judiciales excepcionales.
Respecto del tratamiento de los residuos, explicó la importancia de las empresas encargadas de esterilizarlos antes de su disposición final, especialmente por la posibilidad de introducir especies invasoras o agentes patógenos. Su conclusión fue categórica: “Esto tiene que ser un control cotidiano”.
Sin involucrarse en la controversia política sobre la intervención federal del puerto, Fernández sostuvo que cualquier administración debe garantizar mecanismos de fiscalización. Incluso planteó que la autoridad portuaria podría disponer de sus propios controles ambientales, siempre que asegurara la trazabilidad de los residuos.
También reclamó verificar los registros de transportistas y la documentación correspondiente al ingreso al relleno sanitario: “Acá el problema está en las autoridades que son las que tienen que tomar cartas del asunto y ponerse a trabajar para defender el cumplimiento de las normas que existen y que son simples y claras de cumplimiento”.
Yates autorizados en Lapataia
Otro asunto que preocupa a Manekenk es la autorización para que tres lujosos yates permanezcan durante una semana en bahía Lapataia, dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego, con la posibilidad de utilizar helicópteros para trasladar pasajeros.
Fernández cuestionó especialmente ese último aspecto: “La ley de parques nacionales prohíbe expresamente el sobrevuelo con naves motorizadas”, y recordó que incluso los permisos para utilizar drones en investigaciones científicas están sujetos a procedimientos rigurosos.
Según indicó, la autorización fue otorgada por la Intendencia local del Parque, pese a las objeciones técnicas que, aseguró, existían. La referente también manifestó preocupación por el eventual impacto de las actividades nocturnas y la permanencia de las embarcaciones en un ambiente protegido.
Ante esta situación, explicó que distintas organizaciones ambientales comenzaron a coordinar acciones para solicitar una reunión con las autoridades del área protegida.
Fernández planteó además sospechas sobre posibles presiones externas vinculadas con la decisión, aunque sin aportar elementos concluyentes durante la entrevista. Finalmente, confirmó que Manekenk trabaja junto con otras entidades para definir los próximos pasos y solicitar explicaciones sobre los fundamentos de la autorización.
