El Municipio reclama transferencias de coparticipación que acumulan atrasos de hasta 60 días y comprometen su funcionamiento. Desde Finanzas advierten sobre un trato desigual en la distribución de recursos extraordinarios entre las ciudades.
El Municipio de Río Grande profundizó sus cuestionamientos al Gobierno provincial por los atrasos en las transferencias de coparticipación, una situación que, según sus autoridades, compromete la planificación financiera y comienza a poner en riesgo la prestación de servicios. A las dificultades por la demora de fondos se suma la preocupación por posibles diferencias en la distribución de recursos extraordinarios entre las ciudades fueguinas.
El subsecretario de Finanzas municipal, Nicolás Giordano, explicó en FM Ushuaia que el problema supera ampliamente los plazos habituales y alcanza cifras significativas. Al describir el escenario, señaló: “Estamos a 60 días y hay $17.000 millones”, una situación que, según indicó, altera el funcionamiento de una administración cuyos ingresos dependen mayoritariamente de las transferencias.
La dimensión del problema adquiere especial relevancia porque el 80% de los recursos municipales proviene de la coparticipación nacional y provincial. Giordano advirtió que las demoras afectan tanto a los servicios públicos como a los proveedores y trabajadores vinculados con la actividad municipal.
El funcionario cuestionó que todavía pueda hablarse de simples atrasos administrativos cuando los plazos alcanzan semejante magnitud. Para dimensionarlo, planteó: “¿Podemos utilizar la palabra demora en 60 días, $17.000 millones?”, y consideró que la situación requiere una respuesta más profunda.
La normativa vigente establece transferencias semanales para los recursos nacionales y diarias para determinados ingresos provinciales. Posteriormente, una intervención judicial fijó un plazo razonable de 21 días, ampliamente superado en la actualidad.
Sobre las consecuencias concretas, Giordano precisó: “Diría que entre 40 y 60 días tenemos aproximadamente $5.900 millones”, y remarcó que se trata de fondos que deberían estar disponibles para sostener las prestaciones municipales.
Los reclamos, según explicó, llevan varios años y fueron canalizados mediante presentaciones formales y conversaciones con las autoridades provinciales. Sin embargo, el deterioro financiero comenzó a reducir el margen de maniobra de la administración encabezada por Martín Perez.
En ese contexto, advirtió: “Hay un momento determinado en el tiempo en el cual uno va manejando con otras herramientas el cumplimiento”, pero reconoció que llega una instancia en la cual “ya no hay diálogo que se pueda llevar adelante, porque los recursos no alcanzan para los servicios básicos”.
La situación también comienza a repercutir sobre las obligaciones salariales. Giordano sostuvo que el atraso “permanente, sistemático” de los últimos tres años ha generado dificultades crecientes, al punto de que los haberes municipales también requieren esfuerzos financieros adicionales.
Otro aspecto particularmente sensible surgió al abordar la distribución de fondos extraordinarios. Consultado sobre las inversiones destinadas a Ushuaia, el funcionario evitó cuestionar los beneficios para sus habitantes, aunque dejó planteadas diferencias en el tratamiento de las ciudades.
Al respecto, señaló: “Hace mucho tiempo que venimos percibiendo con respecto no solamente al FAMP, sino solamente de la provincia también, que hay recursos extraordinarios para el municipio de Ushuaia”, y agregó: “Pero la provincia tiene tres ciudades y todos tenemos muchas necesidades”.
La sospecha de discrecionalidad también apareció cuando fue consultado sobre los atrasos en Ushuaia y Tolhuin. Giordano expresó que esperaba una situación generalizada, porque de lo contrario “sería discrecional, mucho más grave”.
Finalmente, vinculó las dificultades de Río Grande con decisiones que exceden las posibilidades municipales y apuntó directamente a la administración provincial de recursos: “Hay algún tema que está por fuera de nuestras posibilidades para poder llevar adelante y tiene que ver con el fondo discrecional que maneja la provincia”.
