Un alto dirigente sindical nacional cuestionó la legalidad de la intervención federal del puerto de Ushuaia, reclamó su devolución a Tierra del Fuego y advirtió sobre posibles consecuencias judiciales por las decisiones administrativas adoptadas.
La intervención nacional del puerto de Ushuaia recibió un nuevo y contundente cuestionamiento desde el sindicalismo portuario argentino, que denunció la ausencia de fundamentos para sostener la medida, reclamó la reincorporación de los 140 trabajadores desplazados y advirtió que las decisiones administrativas adoptadas durante estos meses podrían terminar bajo investigación judicial.
Ricardo Alonso, prosecretario de Relaciones Institucionales y Política Ferroportuaria de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA), sostuvo en FM Ushuaia que la organización cuestionó la medida desde su implementación: “Nosotros empezamos a seguir el tema el mismo día que se produce la intervención, y a los pocos días ya explicamos, como APDFA, que esa intervención era ilegal, inconstitucional e ilegítima”, recordó, al considerar que existían mecanismos previos para abordar eventuales irregularidades.
El dirigente destacó que el conflicto alcanzó dimensión internacional mediante la intervención de la organización sindical IDC, que nuclea a más de 120.000 trabajadores portuarios. Tras recibir informes de los gremios argentinos, la entidad reclamó la restitución de la administración portuaria a Tierra del Fuego y la reincorporación del personal desplazado.
La preocupación sindical excede la situación laboral y comprende tanto la excepcionalidad institucional de la medida como la falta de información sobre la administración de la terminal. Alonso aseguró que no existen antecedentes equivalentes de una intervención nacional sobre un puerto provincial y advirtió sobre sus posibles consecuencias para otras jurisdicciones.
Al respecto, fue categórico: “Por parte de Nación no hay ningún antecedente. Es la primera vez que sucede con Ushuaia. Y de ahí lo peligroso del tema”, para luego señalar que “en realidad, todavía no sabemos para qué se intervino”.
La falta de transparencia constituye otro de los cuestionamientos centrales. El sindicalista objetó las dificultades para acceder a información sobre contrataciones, movimientos financieros y decisiones administrativas, particularmente después de que documentación remitida a la Justicia quedara bajo reserva.
Sobre esa situación expresó: “La verdad, algo incomprensible. Es la primera vez que escuchamos una cosa de ese tipo, más tratándose de un organismo público y de cosas que están establecidas en la ley que deben ser de información pública”.
Ante las consultas sobre eventuales intereses económicos, políticos o geopolíticos detrás de la intervención, Alonso evitó presentar sospechas como hechos comprobados. Sin embargo, reconoció que existen numerosos interrogantes alrededor de las decisiones nacionales y de sus posibles beneficiarios.
Su prioridad, aclaró, permanece concentrada en dos exigencias: “Nuestro objetivo es esencialmente la devolución del puerto a la provincia y que los 140 trabajadores vuelvan a trabajar”, además de reclamar que la administración vuelva a estar en manos fueguinas.
Uno de los aspectos más delicados de su análisis estuvo relacionado con las responsabilidades que podrían surgir de las contrataciones y operaciones efectuadas durante la intervención. Según Alonso, una eventual restitución deberá estar precedida por una revisión exhaustiva de la situación administrativa, financiera y laboral.
En ese marco, anticipó: “Creemos que todo esto va a terminar en una denuncia penal donde funcionarios o personas que están trabajando dentro del puerto en este momento van a tener que dar respuesta ante la justicia de un montón de cosas”.
La devolución, por lo tanto, no debería limitarse a una transferencia formal de autoridades. El dirigente consideró indispensable conocer el destino de los recursos, las condiciones de las licitaciones y las obligaciones asumidas durante la administración federal, para evitar que la Provincia reciba responsabilidades sin información suficiente.
También cuestionó el funcionamiento conjunto de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y la Administración General de Puertos, actualmente en proceso de liquidación, al señalar incertidumbres sobre la situación de sus trabajadores y el manejo de fondos.
Finalmente, Alonso confirmó que representantes sindicales viajarán a Ushuaia durante la última semana de octubre para reunirse con autoridades y actores locales. Las conclusiones serán presentadas en un plenario internacional previsto para noviembre en Río de Janeiro, donde se evaluará la continuidad del reclamo por la restitución del puerto.
