La Federación Argentina de Municipios acompañó la iniciativa judicial promovida por el intendente de Río Grande contra la explotación hidrocarburífera en el Atlántico Sur. El pronunciamiento refuerza el reclamo territorial y suma cuestionamientos a decisiones nacionales sobre soberanía.
El reclamo contra la explotación ilegal de recursos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas adquirió mayor proyección nacional luego de que el intendente de Río Grande, Martín Perez, planteara la cuestión ante la Federación Argentina de Municipios (FAM).
Durante la asamblea de la entidad, jefes comunales de distintas provincias manifestaron su respaldo a la intervención judicial del Municipio fueguino para defender los derechos argentinos sobre los recursos del Atlántico Sur.
La presentación acompaña una demanda colectiva contra las actividades petroleras desarrolladas en la Cuenca Malvinas, consideradas contrarias a los derechos soberanos del país. La iniciativa procura incorporar herramientas judiciales a una reivindicación histórica, atendiendo también a las posibles consecuencias ambientales de la explotación hidrocarburífera.
Al término del encuentro, Perez destacó la importancia del respaldo obtenido y el papel que corresponde a Río Grande en la defensa de los intereses nacionales. “Río Grande es referencia nacional en la defensa de la soberanía nacional y la Causa Malvinas. Tenemos la responsabilidad de poner voz a nivel nacional y marcar el rumbo en estos ámbitos”, expresó.
La posición municipal parte de considerar que la reivindicación argentina sobre el archipiélago debe traducirse en intervenciones concretas frente al aprovechamiento de sus recursos naturales. Al anunciar originalmente la participación judicial, el intendente había sostenido que “Río Grande no puede ser indiferente frente a la explotación de los recursos naturales argentinos en el Atlántico Sur”, para agregar una definición sobre el alcance de esa responsabilidad: “Defender Malvinas también es actuar”.
El planteo comprende tanto la cuestión territorial como la protección del patrimonio ambiental y económico. En ese marco, Perez había valorado la actuación de la Justicia Federal de Río Grande frente al avance de los proyectos petroleros, al señalar que “Malvinas no es solamente memoria. Es presente. Es ambiente, recursos naturales, soberanía y futuro”.
La asamblea también permitió incorporar otras preocupaciones relacionadas con las políticas nacionales sobre soberanía. Mediante un comunicado, la Secretaría de Malvinas y Soberanía de la FAM cuestionó determinadas decisiones del Gobierno nacional y advirtió sobre la utilización de la reivindicación malvinense como una “cortina de humo” para avanzar en cambios normativos que facilitarían la extranjerización de tierras.
El pronunciamiento incluyó un rechazo al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, mediante argumentos procesales y formales, dejó sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, vinculado con las limitaciones a la propiedad extranjera de tierras.
Desde la perspectiva del intendente, la defensa de los intereses nacionales exige “llevar adelante acciones concretas” en los distintos espacios institucionales. Esa orientación también había quedado reflejada cuando, al respaldar la demanda contra las petroleras, afirmó que “Río Grande es un faro de soberanía”.
Constituida por ley nacional en 1997, la FAM agrupa a más de quinientos municipios y representa sus intereses ante las autoridades provinciales y nacionales. Su pronunciamiento permite proyectar el reclamo impulsado desde Tierra del Fuego hacia una representación municipal de alcance federal.
