La ministra de Bienestar Ciudadano cuestionó el proyecto en debate en el Congreso y advirtió que la medida podría desalentar denuncias en contextos de violencia de género. Señaló que los casos falsos son mínimos y ya están penalizados.
El avance en el Congreso Nacional de una iniciativa que propone endurecer las penas por falsas denuncias en situaciones de violencia de género reactivó el debate sobre sus posibles consecuencias en el acceso a la justicia. Desde el Gobierno de Tierra del Fuego, la ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Lucía Rossi, manifestó preocupación por el impacto que podría generar en personas en situación de vulnerabilidad.
En ese contexto, en FM Ushuaia afirmó: “Hoy la falsa denuncia ya es un delito y ya tiene una pena. Este proyecto lo que busca es endurecer esas penas específicamente en casos de violencia de género, y desde mi punto de vista es una herramienta para amedrentar a mujeres y niñas a denunciar”.
La funcionaria consideró que el foco del problema no radica en la falta de sanciones, sino en el efecto simbólico de la propuesta. “Está mal movilizar todo el sistema judicial por una falsa denuncia, pero eso aplica a cualquier índole. No es algo exclusivo de la violencia de género. En cambio, este proyecto pone el foco ahí y puede generar miedo en quienes están atravesando situaciones de violencia y necesitan dar ese paso”, sostuvo.
Rossi también relativizó la magnitud del fenómeno. “Está más que demostrado que las falsas denuncias existen, pero son menores al 1%, y además ya tienen una legislación que prevé sanciones para quienes proceden de esa manera”, señaló.
En esa línea, insistió en la necesidad de promover la denuncia. “Lo que necesitamos es más mujeres y niñas que puedan denunciar las situaciones de violencia para que el Estado pueda intervenir, desde la justicia, desde los equipos técnicos, desde la sociedad. Si generamos miedo, lo que vamos a tener es menos denuncias”, advirtió.
Sobre el trabajo territorial, indicó: “Estamos interviniendo en alrededor de 500 situaciones en toda la provincia, con un seguimiento uno a uno y con una mirada integral que involucra distintas áreas del Ministerio, porque nunca son casos aislados”.
Además, explicó: “No todos los casos son de violencia directa. Hay violencia psicológica, violencia económica, incumplimiento de obligaciones como alimentos, y todo eso genera contextos de vulnerabilidad que requieren intervención del Estado”.
Respecto a la intervención estatal, agregó: “Muchas veces las personas no quieren denunciar y se respeta su voluntad. Pero cuando hay riesgo real e inminente, el Estado puede intervenir directamente. El acompañamiento va más allá de la instancia judicial”.
También detalló que las personas “pueden acercarse a comisarías de género, a oficinas del Estado o a otros organismos donde se detecta la situación. A partir de ahí se activa la intervención de los equipos especializados y, si corresponde, de la Justicia”.
Finalmente, vinculó el debate con el contexto nacional. “Estamos frente a un gobierno que no reconoce las vulnerabilidades. Hoy no estamos discutiendo nuevos derechos, sino sostener los que nos costó tanto conseguir”, expresó. Y concluyó: “Creo que estamos en un momento de retroceso. En lugar de avanzar en políticas de equidad, tenemos que salir a defender derechos adquiridos frente a medidas que pueden generar más obstáculos para quienes ya están en una situación de vulnerabilidad”.
