Altos funcionarios provinciales afirmaron que no existen antecedentes de una intervención similar y evaluaron presentar acciones penales contra los responsables del organismo nacional por el conflicto que afecta la autonomía de la provincia.
El secretario Legal y Técnico de la provincia, Emiliano Fossatto, y la secretaria de Coordinación, Mariángeles Arroyo, defendieron las acciones judiciales presentadas por la provincia contra la resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación de intervenir la terminal portuaria de Ushuaia, y aseguraron que el acto administrativo afecta la autonomía provincial y los recursos propios del puerto.
Fossatto explicó que la demanda presentada por la provincia busca la declaración de inconstitucionalidad del acto administrativo de intervención. "Nuestra causa se presentó en el Juzgado Federal de Ushuaia, la interpretación de la esencia que estamos solicitando, es la declaración de la inconstitucionalidad de ese acto administrativo por diferentes aspectos que atacan desde normas a principios constitucionales, administrativos, los recursos provinciales", detalló el funcionario en FM Ushuaia.
En relación a la competencia del tribunal que debe entender en la causa, Fossatto indicó que el expediente ya fue elevado a la Corte Suprema. "Hoy el expediente tiene un incidente que es la medida cautelar que está solicitada, en donde fue girada la Procuración General de la Nación para también la intervención y determinar sobre la competencia", agregó.
El funcionario enfatizó que no existen precedentes de una medida similar adoptada por el organismo nacional. "En antecedentes, que hayamos analizado, no encontramos, por eso también es uno de los argumentos de nuestra acción, la desproporción de la acción que lleva adelante el ANPyN", sostuvo. "No es una intervención limitada, es una intervención ilimitada, la Dirección Provincial de Puertos no puede tener control de los recursos que se generan", completó.
Por su parte, Mariángeles Arroyo cuestionó los fundamentos esgrimidos por la administración nacional para justificar la intervención. "Está manifestado en las demandas que presentamos, y asimismo, en el mismo acto suspende, el artículo 3, la habilitación y en el artículo 4 dice ‘suspendo la suspensión solo si la provincia no realiza ninguna acción judicial’, por lo cual esto también lo planteamos y es grave", afirmó.
En cuanto a la denuncia que originó el proceso, Arroyo señaló que los supuestos desvíos de fondos nunca se materializaron. "Porque el puerto no hizo ninguna transferencia, eso no se materializó, por lo cual tampoco podría considerarse como una causal, pero ellos lo mencionan en su acto administrativo", precisó.
Fossatto también se refirió a la continuidad de la actividad portuaria. "Todo capitán de buque es el máximo responsable y es aquel que determina y analiza las normas internacionales, también la seguridad del puerto y decide ingresar o no ingresar. Los capitanes de buque siguen ingresando al puerto y seguían ingresando en ese momento también", argumentó.
Finalmente, los funcionarios admitieron que evalúan otras estrategias legales. Ante la consulta sobre una posible acción penal contra los responsables del ANPyN, Fossatto respondió: "Sí, está bajo evaluación. Pero también hay que ser conscientes que implica un análisis y documentación que tenemos. Se está analizando, es uno de los caminos".
