Con el objetivo de modernizar los mecanismos de acceso y remoción de jueces, un consejero de la Magistratura propone audiencias abiertas, concursos anónimos y plazos perentorios para los procesos disciplinarios, en busca de mayor ecuanimidad y claridad institucional.
El año laboral del Consejo de la Magistratura comenzó con un planteo de fondo por parte de Alejandro Pagano Zavalía, representante de los abogados de Ushuaia en el foro. Su propósito es revisar a fondo los procedimientos que rigen tanto la destitución como la incorporación de magistrados, y establecer parámetros de transparencia que acerquen el organismo a la ciudadanía.
En el centro de su iniciativa aparece la necesidad de actualizar la Ley 525, que encuadra los procesos de enjuiciamiento. “Resulta imperioso modificar el régimen de remoción, ya que los magistrados no pueden convivir con denuncias eternas, abiertas sin un horizonte temporal definido”, explicó en FM Ushuaia.
Según describió, desde que el Consejo envía una denuncia para investigación preliminar, el expediente puede extenderse hasta 180 días hábiles, con posibilidad de prórroga. “Al tratarse de días hábiles judiciales, se suman las ferias invernales y estivales, lo que lleva el trámite a extenderse cerca de un año”, alertó.
El consejero profundizó en los aspectos que considera más endebles del sistema actual. Una vez finalizada la etapa investigativa, el caso retorna al cuerpo para que intervenga el fiscal. Sin embargo, detectó una falta de resguardo procesal. “En caso de que el fiscal acusador desestime la imputación por falta de mérito, el propio cuerpo tiene la potestad de nombrar un fiscal subrogante que impulse la acusación. Esto abre un interrogante serio sobre las garantías que asisten al juez denunciado”, reflexionó. En ese sentido, subrayó que el jury debe ser concebido como un recurso límite: “Solo debe operar en situaciones extremas, cuando no quede otra alternativa. Remover a un juez exige una falta de tal gravedad que justifique la máxima sanción”.
Pagano también señaló la urgencia de poner orden en el procedimiento: “Hace falta una etapa específica donde se defina la pertinencia de las pruebas, se clarifique el objeto de la acusación y se establezca claramente la estrategia de defensa, algo así como una audiencia previa”, graficó. En su visión, el esquema vigente tiende a mezclar instancias y no acota con precisión los límites del debate, generando inseguridad tanto para quienes denuncian como para los imputados.
En cuanto a la dinámica de trabajo del Consejo, valoró que en el primer encuentro del período se haya decidido enviar con antelación la documentación de los expedientes que se abordarán en la sesión del 25 de marzo. “Postergar el tratamiento no es aconsejable; desde lo institucional, la demora no hace más que generar desconfianza en la sociedad”, indicó, apoyando el criterio de anticipar el examen de los legajos.
Otro de los flancos que apunta a reformar es el concurso para cubrir vacantes judiciales. “El mecanismo actual es tan frágil que cuesta reconocerlo como un verdadero concurso. Lleva ese nombre, pero en los hechos no se comporta como tal”, sostuvo. La crítica central apunta a la falta de puntuación explícita del examen escrito. “No se trata solo de la ausencia de calificación numérica, esa falta impide controlar el desempeño ajeno. Si mi examen es desaprobado y el de otro postulante es aprobado, ¿con qué criterio se lo evaluó? ¿Qué puntaje obtuvo? Eso no se sabe”, explicó.
Para Pagano, resulta indispensable que cada aspirante acceda a su calificación y conozca los fundamentos. “Si en el futuro decidiera anotarme en un concurso, lo menos que pediría es una nota que me indique cómo me fue, porque son meses de dedicación y esfuerzo”, ejemplificó.
Entre las modificaciones que sugiere, propone que los exámenes sean anónimos hasta la entrevista personal. “El tribunal debería corregir un examen, no a una persona. El anonimato garantiza objetividad”, manifestó. Una vez asignadas las calificaciones, se revelaría la identidad del postulante para avanzar a la etapa oral.
Sobre esa instancia final, estimó que no es imprescindible que se traduzca en una nota, aunque sí debe quedar registrada formalmente. “Podría existir un informe de la reunión, sin calificación si se prefiere, pero que refleje parámetros de análisis preestablecidos”, sugirió. En esa fase se ponderan destrezas como equilibrio, capacidad de diálogo, mesura y reacción frente a situaciones de exigencia.
La apertura de las deliberaciones es otro de los cambios que impulsa. “Es necesario revertir la lógica actual: que las sesiones del Consejo no sean cerradas por defecto, sino que se realicen a la luz pública”, expresó. La reserva quedaría reservada para supuestos excepcionales. “Lo natural es que sean abiertas, tal como ocurre con las audiencias de juicio”, cotejó.
El consejero anticipó que mantendrá una política de transparencia activa, con reportes periódicos sobre su gestión. “Tras cada reunión voy a elaborar un resumen de lo tratado, mis intervenciones y las razones que las motivaron”, señaló, mencionando que ya empezó a circular esos informes.
Además, aclaró que si sus iniciativas son rechazadas, también lo hará público. “Si no logro apoyo, cumpliré con informarlo igual. La sociedad merece conocer el funcionamiento interno de estas instituciones”, enfatizó.
Sobre una posible reforma de la Constitución provincial, consideró que el Consejo debe ser incluido en el debate. “El rol del Consejo de la Magistratura es un punto ineludible si se encara una reforma”, dijo. Incluso planteó repensar su composición: “El Poder Judicial debería contar con un representante directo en el seno del organismo”, propuso.
Finalmente, el Colegio de Abogados de Ushuaia elevó un pedido al Superior Tribunal para que tomen posesión los jueces ya designados en concursos finalizados, ante eventuales licencias que podrían saturar los juzgados civiles y de familia. “Los concursos están concluidos, solo resta asumir a quienes resultaron seleccionados”, reclamó. Pagano advirtió que el exceso de subrogancias puede resentir el funcionamiento del servicio, particularmente en fueros como el de familia, donde la carga de trabajo es intensa.
