A punto de cumplirse un mes de la intervención, el malestar gremial crece por la restricción al ingreso de empleados y la nula respuesta de las nuevas autoridades. La representante sindical advirtió que recurrirán a la justicia ante la vulneración de derechos laborales y fueros gremiales.
El conflicto desatado tras la intervención del puerto de la ciudad de Ushuaia, efectiva desde enero, no encuentra cauce de solución.
La secretaria general del gremio portuario fueguino, Daniela Almada, denunció que la mayoría de los trabajadores continúa al margen de sus funciones y en total desconocimiento de las razones oficiales para su exclusión.
En declaraciones a la prensa, Almada describió un panorama de parálisis y hermetismo. “Desde el 21 de enero no pudimos ingresar más a la parte operativa de las instalaciones y al día de hoy sigue exactamente la misma situación”, sostuvo, confirmando la persistencia de la medida.
Según detalló la dirigente, el único acceso permitido corresponde a un selecto grupo mencionado en un anexo de la resolución de intervención. “Había cuatro situaciones particulares que no habían prestado consentimiento para trabajar en conjunto y serían 16 los que efectivamente están prestando servicio”, indicó, contrastando la situación de esos pocos con la del resto de los empleados, que permanecen fuera.
La falta de transparencia en la conformación de esa nómina es uno de los ejes del reclamo. Almada cuestionó duramente el hermetismo del ente interventor al afirmar que “no sabemos cuáles fueron los criterios que aplicaron para la selección del personal, si son idóneos, si son titulados; desde nuestro punto de vista es totalmente azaroso y con muy poca explicación”, remarcando la opacidad del proceso.
La situación afecta de manera directa a los representantes gremiales. La secretaria general confirmó que los trabajadores amparados por la tutela sindical también están impedidos de cumplir sus tareas. “No hay diferencia, todos los que tenemos tutela sindical estamos en la misma situación; el que no está dentro del listado directamente no puede ingresar”, advirtió, señalando que esta restricción se aplica sin que medie proceso de desafuero alguno.
En el ámbito institucional, la falta de diálogo es total. Almada fue clara al señalar que no existe canal de comunicación con la nueva administración. “No tenemos comunicación con ANPyN como trabajadores, el sindicato tampoco ha recibido ningún tipo de explicación; simplemente nos muestran la resolución y nada más”, manifestó, reflejando el aislamiento al que se sienten sometidos.
La incertidumbre también abarca lo económico. La dirigente explicó que no hay certezas sobre el pago de haberes, ya que la nueva gestión retiene la recaudación. “Hasta el momento no hubo comunicación desde ANPyN con los trabajadores; se quedaron con la recaudación y los sueldos dependen de lo que venía administrando la Dirección Provincial de Puertos o, en su defecto, del Gobierno provincial”, aclaró.
Ante esta acumulación de agravios, el gremio se prepara para dar una respuesta judicial. Según adelantó Almada, “inicialmente empezaríamos por la gente que tiene fuero y vamos a buscar la alternativa de abarcar a todos independientemente de la ideología política”, lo que sugiere una estrategia legal que proteja al conjunto de los afectados.
Mientras la intervención se consolida en el terreno operativo, el frente laboral permanece tenso y sin señales de distensión. Desde el sindicato insisten en la necesidad de que se abra un espacio de negociación y se precise el marco normativo que avala las medidas, advirtiendo que la actual exclusión modifica las condiciones de trabajo de manera unilateral y sin justificación aparente para los perjudicados.
