Personal de la Dirección Provincial de Puertos y representantes gremiales se concentraron en el acceso al puerto de Ushuaia para manifestar su oposición a la intervención federal. Cuestionan las limitaciones para acceder a sus puestos, expresan inquietud por el destino de los fondos recaudados y exigen que la administración retorne a la órbita provincial.
La manifestación transcurrió con un importante operativo de seguridad a cargo de la Prefectura Naval Argentina y con la concurrencia de trabajadores de diversas localidades, en un escenario de incertidumbre sobre la estabilidad laboral y el control de un área clave para la economía fueguina.
Uno de los ejes de la protesta fue la imposibilidad de muchos empleados de llegar a sus lugares de trabajo. Javier, un trabajador portuario que participó de la movilización, detalló que la intervención habilitó el ingreso únicamente a un número muy reducido de personas y criticó esa determinación.
En sus palabras por FM Ushuaia, “únicamente permitieron una lista de 16 compañeros, compañeros entre comillas, porque la verdad que están atentando contra todas las fuentes laborales de la Dirección Provincial del Puerto, no solamente acá en Ushuaia sino también en Río Grande”, al destacar que la medida afecta a todo el sistema portuario provincial.
La demanda central de los manifestantes es la devolución de la gestión del puerto a la Provincia. Al respecto, Javier enfatizó que la intervención representa una apropiación de un recurso estratégico fueguino y afirmó que “lo que pretendemos nosotros es la restitución del puerto a la Dirección Provincial del Puerto, porque es un bien de la provincia, no es de la Nación”, reafirmando el carácter netamente provincial de la infraestructura.
Otro tema abordado durante la jornada fue el uso de los ingresos económicos que produce la actividad portuaria, especialmente en esta temporada alta de movimiento. Javier alertó sobre las repercusiones financieras para la provincia y señaló que “hoy los recursos que se están facturando con la mejor temporada de cruceros que ha habido en mucho tiempo están yendo a las arcas de Nación”, lo que calificó como un perjuicio directo para Tierra del Fuego y para el propio funcionamiento del puerto.
Asimismo, los trabajadores mencionaron que han sostenido encuentros con el gobernador, quien les habría asegurado la continuidad laboral y salarial de aquellos que quedaron fuera del esquema dispuesto por la intervención.
No obstante, persiste un ambiente de ansiedad entre el personal. Javier admitió el costo personal de esta situación y comentó que “obviamente que nos preocupa a todos, todos tenemos familia atrás nuestro, la situación es compleja”, si bien valoró la reacción conjunta ante el conflicto.
En ese sentido, puso de relieve la cohesión y el apoyo mutuo entre los empleados de diferentes ciudades y áreas del puerto. “Veo mucha unidad entre los compañeros y un acompañamiento de todos los que están dentro de la Dirección Provincial del Puerto”, dijo, subrayando que la movilización surge de una inquietud común y no de intereses particulares.
Finalmente, el reclamo también se orientó hacia la clase política provincial. Desde el ámbito laboral mostraron extrañeza por la ausencia de declaraciones de ciertos legisladores y pidieron medidas concretas desde la Legislatura. Al respecto, Javier sostuvo que “tendría que empezar a trabajarse la modificación de ese artículo, porque si eso se usa a nivel nacional para poder hacer una intervención, que para mí es una usurpación, habría que empezar por ahí”, cuestionando así la base legal que se esgrime para justificar la medida.
