El secretario Legal y Técnico del gobierno fueguino explicó los fundamentos legales de la demanda y pidió una cautelar urgente, argumentando un avasallamiento a la autonomía y al dominio provincial sobre la terminal.
El secretario Legal y Técnico de Tierra del Fuego fundamentó la presentación ante la justicia federal, que busca anular la medida de la Nación por considerar que vulnera la autonomía provincial y el dominio sobre la terminal marítima fueguina.
En diálogo con FM Ushuaia, el doctor Emiliano Fossatto explicó minuciosamente la estrategia legal desplegada: “presentamos esta acción de inconstitucionalidad, la provincia de Tierra del Fuego ante el juzgado federal de Ushuaia, en donde en principio lo que aplica la acción que presentamos es que se solicita la declaración de la inconstitucionalidad de la resolución que fue notificada y emitida el día 20 de enero por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación”, afirmó. Y agregó: “consideramos que esa resolución como provincia, viola el régimen federal, la autonomía provincial, las competencias que no son delegadas de provincia a Nación”.
Respecto al fuero elegido para la presentación, Fossatto aclaró: “Nosotros vamos a la justicia federal porque tenemos un acto administrativo que emite un órgano descentralizado que depende del Ministerio de Economía, por ende, en ese caso tenemos la justicia federal habilitada, si bien el dominio, la titularidad de los bienes, son de la provincia”.
La acción incluye un pedido de medida cautelar para suspender de inmediato los efectos de la intervención. “Entendemos que están dados o acreditados los aspectos necesarios para que se pueda atender en primera instancia la medida cautelar, particularmente por el peligro en la demora de la continuidad de esta acción, el interés público que se encuentra comprometido”, señaló el funcionario, quien anticipó que esperan una pronta resolución judicial.
Fossatto también se refirió al mecanismo alternativo de solución de controversias previsto en el convenio de transferencia del puerto de 1992, el cual, a su juicio, no fue respetado por la Nación. “Si tenemos una diferencia o una interpretación dispar del convenio entre la agencia y provincia, podríamos ir por el carril de ese mecanismo de resolución de conflictos que establece el propio convenio”, argumentó. Y recalcó al respecto: “El dominio, la administración es de la provincia, la Dirección Provincial de Puertos debería estar llevando adelante, conforme lo venía haciendo, la operatividad del puerto”.
Consultado sobre un eventual plan B si la cautelar no es concedida, Fossatto aseguró que se activarán otras presentaciones. “No vamos a dormir en el sentido una medida cautelar, que entendemos que es necesario, porque acá tenemos una afectación concreta de la autonomía provincial, la percepción de los recursos y no tenemos explicación alguna por parte de la administración nacional”, manifestó.
Finalmente, al ser consultado sobre la situación del personal, el secretario Legal y Técnico indicó que los empleados transferidos a la órbita de la ANPyN “no estarían siendo contemplados como agentes de la Dirección Provincial de Puertos”, a diferencia de aquellos a los que se les impidió el ingreso a sus puestos de trabajo.
La provincia apuesta ahora a un pronto pronunciamiento del juez federal Federico Calvete para retrotraer la situación administrativa al statu quo anterior a la intervención.
