Con la ordenanza ya promulgada, el Municipio de Ushuaia podrá comenzar a cobrar la sobretasa y organizar el seguro funerario, pese a que resta reglamentar y licitar el servicio. La norma se aprobó sin pasar por comisiones ni doble lectura.
La Ordenanza Municipal N° 6593 ya es ley local en Ushuaia. Con su publicación, la administración del intendente Walter Vuoto tiene luz verde para activar el cobro de la tasa que sostiene el Programa Municipal de Sepelio Solidario y para dar los primeros pasos hacia la contratación del seguro, incluso antes de que se complete su reglamentación y el llamado a licitación.
Aprobada el 18 de diciembre de 2025, esta normativa instituye un servicio social público que busca asegurar un funeral digno para todo residente acreditado en la ciudad. Su entrada en vigor, sin embargo, trasciende lo simbólico: otorga al gobierno local el sustento jurídico necesario para sumar este concepto a la boleta de la Tasa General por Servicios Municipales y para empezar a construir la logística del sistema asegurador.
El mecanismo de financiamiento se ancla en una sobretasa universal y obligatoria del 10%, que se aplicará a toda la base de contribuyentes. Los recursos, dirigidos a un fondo específico e intransferible, servirán exclusivamente para afrontar los gastos del servicio funerario. Así, lo que era un proyecto discursivo se transforma en una política concreta que incidirá directamente en la economía de los vecinos.
El respaldo en el Concejo Deliberante mostró una configuración política inusual. Votaron a favor los integrantes del bloque del Partido Justicialista: Laura Ávila, Gabriel De la Vega, Yesica Garay (actual Jefa de Gabinete del Municipio) y Nicolás Pelloli. También, la concejal del partido Provincia Grande, Daiana Freiberger, quien está vinculada familiarmente con una de las casas funerarias de Ushuaia. Freiberger viene manteniendo una postura crítica y fuertemente opositora a la gestión del intendente Walter Vuoto, aunque, llamativamente, acompañó la votación sobre tablas del proyecto impulsado desde el ejecutivo.
De igual manera, el bloque de FORJA, integrado por Fernando Oyarzún y Analía Escalante, apoyo la iniciativa del Seguro de Sepelio Solidario. Quien también acompañó, a pesar de tener una postura contraria al oficialismo municipal fue el concejal del Movimiento Popular Fueguino (MPF), Vladimir Espeche, quien a principios de año batalló contra la intendencia en una sucesión de pedidos de acceso a la información pública.
Esta convergencia de oficialistas y figuras opositoras en torno al seguro obligatorio se produjo sin que mediaran explicaciones públicas sobre los cambios de postura en un tema tan específico.
La oposición al proyecto sólo contó con los votos del concejal Valter Tavarone (bloque “Somos Fueguinos”) y de Marjorette Saldías (“La Libertad Avanza”).
Las bases técnicas de la cobertura
De acuerdo con la información a la que se pudo acceder, los lineamientos del seguro ya están trazados sobre parámetros operativos definidos, lo que permite su puesta en marcha inmediata por parte del Municipio.
El sistema ofrece una cobertura masiva que alcanzaría a aproximadamente 110 mil personas residentes en Ushuaia, siempre que puedan acreditar su domicilio legal en la ciudad con un DNI actualizado. La póliza será innominada, lo que libera a los potenciales beneficiarios de cualquier trámite de inscripción previa.
Por otro lado, la suma asegurada se estableció en 4 millones de pesos por persona, monto destinado a cubrir el servicio de sepelio básico y los traslados al ejido urbano de Ushuaia en caso de fallecimiento fuera de la ciudad, ya sea por enfermedad o accidente.
El diseño incluye una póliza anual con facturación mensual, una comisión sobre la prima del 55% -con un margen máximo del 10% entre el costo y el premio- y una proyección estadística de 350 fallecimientos anuales, cifra que se utilizó como base para calcular la viabilidad económica del fondo.
La documentación consultada indica que la prestación del servicio se someterá a licitación, un proceso que debería iniciarse en los próximos 60 días y que involucrará a las casas funerarias habilitadas en Ushuaia, tal como lo establece la ordenanza.
Si bien la norma designa al Departamento Ejecutivo Municipal como autoridad de aplicación, obligándolo a establecer mecanismos de seguimiento y control, la reglamentación tiene un plazo de hasta 90 días para ser finalizada. No obstante, la ordenanza faculta al Municipio a tomar las medidas operativas mínimas necesarias para lanzar el programa, sin alterar sus requisitos fundamentales.
Este aspecto es núcleo de la controversia: la norma ya está vigente y habilita el cobro y la organización del servicio, pese a que el recorrido legislativo fue abreviado, sin instancias de comisión, doble lectura ni audiencias públicas que enriquecieran el debate.
Un debate que muta de lo legislativo a lo práctico
Para el bloque oficialista, el Sepelio Solidario es una herramienta de justicia social que garantiza un derecho básico y evita situaciones de desamparo en momentos críticos. Desde la oposición, en cambio, se cuestiona el procedimiento legislativo, la obligatoriedad del aporte y la falta de información pública previa sobre costos, beneficiarios y control del fondo.
Con la promulgación ya efectiva, el programa abandona el terreno de la especulación. El Municipio cuenta ahora con el instrumento legal para recaudar, contratar y prestar el servicio, mientras la ciudadanía observa un debate que, lejos de cerrarse con la sanción, recién comienza en el terreno de la implementación, el impacto económico y las incógnitas en torno a cómo se aplicarán los fondos de la sobretasa creada por la ordenanza recientemente promulgada.
