Una empresa del Reino Unido asociada con una israelí avanza con un ambicioso emprendimiento petrolero en el yacimiento León Marino, con la mira puesta en iniciar la producción en 2028. El anuncio vuelve a encender el conflicto por los recursos naturales en un área cuya soberanía reclama la Argentina.
La petrolera Rockhopper Exploration informó, junto a su socia Navitas Petroleum, que alcanzaron la Decisión Final de Inversión (FID) para poner en marcha el desarrollo del campo Sea Lion, ubicado en la Cuenca Norte frente a las Islas Malvinas. La comunicación, difundida en la Bolsa de Londres, sostiene que el proyecto ya cuenta con los fondos comprometidos y las aprobaciones regulatorias necesarias para iniciar la fase de explotación offshore, con un cronograma que apunta a comenzar a extraer crudo en 2028.
Según los datos oficiales, el emprendimiento demandará una inversión cercana a los 2.100 millones de dólares para llegar al denominado Primer Petróleo (First Oil). El esquema de producción prevé la utilización de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), diseñada para operar durante un período mínimo de 35 años en la zona.
Rockhopper y Navitas aseguran que el yacimiento alberga reservas relevantes, estimadas en más de 900 millones de barriles de petróleo. En sus proyecciones iniciales, las compañías contemplan fases de desarrollo capaces de alcanzar volúmenes de producción de cientos de miles de barriles diarios. Desde la firma británica subrayaron que este paso es la culminación de más de veinte años de trabajo, desde el descubrimiento del campo en 2010 hasta la consolidación del plan actual.
El anuncio generó una reacción negativa en la Argentina. Tanto el Gobierno nacional como distintos sectores legislativos reiteraron que toda actividad de exploración o explotación hidrocarburífera en esa área se realiza de manera unilateral e ilegítima, al no contar con autorización del Estado argentino en un territorio sometido a una disputa de soberanía. En pronunciamientos previos, la Cancillería expresó su “más enérgico rechazo” a este tipo de operaciones y recordó que resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas llaman a abstenerse de actos unilaterales mientras la controversia permanezca abierta.
El avance del proyecto de Rockhopper vuelve a poner en evidencia, además, una vulneración persistente de la soberanía argentina, favorecida por la falta de una política exterior sostenida y firme a lo largo de distintos gobiernos. Existen antecedentes que demostraron que el Estado argentino puede frenar iniciativas similares y generar costos legales y políticos para las empresas involucradas.
En este escenario, la firma de contratos clave y la previsión de iniciar perforaciones en 2028 deberían impulsar al gobierno nacional a reactivar con urgencia las vías judiciales y diplomáticas. No sólo está en juego el impacto económico de un eventual saqueo de recursos, sino también el riesgo ambiental en una región de altísimo valor ecosistémico, reforzando ante la comunidad internacional que los actos unilaterales de la colonia británica en la Plataforma Continental Argentina son ilegales, nulos y carecen de validez jurídica.






