El legislador Matías Lapadula trabaja en un proyecto de ley para que el Estado provincial acompañe a los municipios en el sostenimiento del servicio de transporte público, ante el aumento de costos y la eliminación del subsidio nacional. La tarifa actual en Río Grande es de $587, subsidiada en un 50% por el municipio.
El legislador Matías Lapadula anticipó que está trabajando en un proyecto de ley para que el Estado provincial acompañe a los municipios en el sostenimiento del servicio de transporte público. Esto se vuelve crucial ante el reciente aumento de costos y la eliminación del subsidio nacional.
La situación preocupa especialmente en ciudades como Río Grande, donde actualmente el municipio subsidia el 50% de la tarifa de transporte, logrando mantenerla en $587.
Lapadula explicó que la creación de un fondo provincial destinado al transporte público permitirá que la Provincia destine fondos específicos para subsidiar el servicio. “Buscamos que el costo del servicio no recaiga exclusivamente sobre los municipios,” sostuvo el legislador. Con este fondo, se pretende contribuir a evitar fuertes incrementos en el precio del boleto que afecten severamente a los usuarios.
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“Hoy las ciudades sostienen con recursos propios el sistema de transporte público de pasajeros. Lo hacen sin recibir ningún otro aporte como, por ejemplo, el subsidio nacional que la administración Milei canceló,” añadió Lapadula. Este punto resalta la importancia de la intervención provincial para aliviar la carga financiera que actualmente soportan los municipios.
Lapadula citó el ejemplo del boleto estudiantil en Río Gallegos, donde la provincia destina fondos para sostener la gratuidad, amparada por una ley provincial. “Esto demuestra que la colaboración entre provincia y municipios es posible y muy necesaria en este contexto,” afirmó. La referencia a Río Gallegos evidencia que un enfoque colaborativo puede ser una solución viable y efectiva.
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Además, Tierra del Fuego es una de las pocas provincias que no realiza aportes al servicio de transporte público. “Es esencial que el Estado Provincial asuma un mayor compromiso en este aspecto,” urgió Lapadula. La falta de apoyo provincial se convierte así en una asignatura pendiente que debe ser abordada para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
En ese sentido, el legislador subrayó: “Hoy tenemos 14.000 usuarios del servicio de colectivo y unos 4.500 son estudiantes. Son tiempos complejos, es necesario el trabajo en conjunto y lograr que el impacto sobre el bolsillo de los vecinos sea el menor posible.” Esta declaración subraya la urgencia de implementar medidas que protejan a los usuarios más vulnerables del sistema de transporte.
Por último, Lapadula destacó: “El Municipio cubre el boleto gratuito de estudiantes de todos los niveles, acompañantes, docentes y personas con discapacidad. La tarifa establecida como razonable por el Tribunal de Cuentas es de aproximadamente $1200, y el Municipio de Río Grande absorbió el 50% de la tarifa para aliviar el bolsillo de los usuarios.” Este esfuerzo municipal ejemplifica el compromiso local, pero también señala la necesidad de un apoyo más amplio y sostenido desde el nivel provincial.
El próximo paso será buscar los consensos necesarios para que este proyecto de ley sea aprobado, permitiendo así que el Estado provincial se integre activamente en la sostenibilidad del transporte público en Tierra del Fuego.