-Capítulo fueguino ¨El periodismo en pandemia, FOPEA- (Por Gabriel Ramonet)
La provincia de Tierra del Fuego atraviesa el peor momento de su historia institucional en materia del ejercicio del derecho a la libertad de expresión en general, y a la libertad de prensa en particular.
Esta definición puede parecer un tanto categórica, pero se apega a una serie de circunstancias reales y verificables cada una de ellas, y al hecho de que nos encontramos ante un Estado provincial con apenas 30 años de existencia.
Cuando nos referimos al “peor momento”, decimos que nunca antes la configuración del mapa político devino en un silencio tan profundo, cuya manifestación más elocuente es la ausencia de voces opositoras dispuestas a contrarrestar el discurso dominante.
Es que aun en períodos de mayor autoritarismo político, y contextos de ajuste económico más graves que los actuales, había espacio para expresiones divergentes, que aunque pudieran tener poca o quizá nula incidencia en la toma de decisiones, al menos podían consignar puntos de vista distintos.
Esa reconfiguración del poder, bajo signos partidarios diferentes pero asociados en los temas más trascendentes, tiene un impacto indiscutible en el funcionamiento de muchos medios de comunicación, que lejos de convertirse en esa “voz discordante”, se sienten más cómodos en el mullido colchón de la versión oficial.
Acorralados algunos, y muy contentos la mayoría, por una pauta publicitaria estatal que garantiza el pago de los gastos de funcionamiento y los abstrae del siempre andrajoso mercado publicitario privado, los empresarios periodísticos se adaptan a la nueva realidad, sin mayores pretensiones ni culpas.
Después de todo, si la propia sociedad no genera ni dirigentes, ni voces, ni reacciones opositoras, por qué deberían hacerlo ellos, bajo la promesa de un reconocimiento social que tampoco nadie les asegura.
Sin embargo, para la minoría de periodistas que, por su cuenta y siempre deambulando por precipicios de subsistencia, intenten regresar a las fuentes de investigar y publicar hechos corrosivos para los intereses vernáculos, ese mismo poder se reserva formas “modernas” de represalias y adoctrinamiento, como los escraches virtuales y las “fuck news”.
Solo con la ambición de particularizar estos juicios de valor un tanto abstractos hasta aquí, me propongo dar testimonio de estas situaciones con mi propio caso personal, para finalmente referirme a cómo opera en mi provincia un verdadero circuito de sitios anónimos y troles solventados con fondos públicos, cuyo objetivo es amedrentar el ejercicio de la libertad de prensa.
El 16 de julio de 2020 hice públicas las pruebas por las que, la Justicia Federal de la ciudad de Río Grande estaba investigando a un funcionario de la actual administración gubernamental, por el delito de transporte de estupefacientes y falsificación de documentos públicos. Se trata de un subsecretario (de Obras Públicas) (todavía en funciones) que no solo transportaba droga, sino que gestionaba permisos de circulación en plena cuarentena de coronavirus, para los demás miembros de la banda narco. La investigación fue resumida en este hilo de Twitter de mi cuenta personal:
Como consecuencia de estas revelaciones, la jueza Federal de Río Grande, Mariel Borruto, procesó al funcionario el 23 de julio, en una noticia que adquirió amplia relevancia nacional
Luego de esta noticia, el gobierno de Tierra del Fuego, a través de la Secretaría de Medios de Comunicación, a cargo de Jorge Canals, resolvió levantar la publicidad oficial en mi sitio www.darlapalabra.com.ar, a partir del mes de agosto.
El 5 de agosto, también a través de un hilo de mi cuenta de Twitter, publiqué una segunda investigación donde revelé que el gobierno provincial había favorecido con un crédito blando a una empresa constructora vinculada al gobernador Gustavo Melella.
La noticia también adquirió gran repercusión, local y nacional
En las semanas posteriores, revelé que la legislatura fueguina se proponía ampliar el Superior Tribunal de Justicia de tres a cinco miembros en medio de la pandemia, y opiné que ello escondía intereses relacionados con la cooptación política del Poder Judicial. De hecho, la Corte fue ampliada y se nombró como juez a un camarista de fuertes vínculos con la alianza política gobernante.
El 15 de agosto, el sitio anónimo, aunque con publicidad oficial del gobierno de Tierra del Fuego, llamado “Guanaco Sur” (www.guanacosur.com.ar) publicó un primer escrache contra mí y mi familia, incluyendo una fotografía de una cena privada y una serie de injurias y falsedades en el texto.
Si bien el sitio tiene muy poca audiencia, sus responsables invierten dinero en las redes sociales para promocionar el escrache, que de esta forma llega a miles de fueguinos en un solo día. La prueba de ella puede verse en la siguiente fotografía:
El mismo sitio anónimo, dado que nadie se identifica como editor responsable ni firma las notas, también escrachó de manera contemporánea al dirigente social Guillermo Worman, titular de la Asociación Participación Ciudadana, quien pidió información al Gobierno a través de la ley provincial 653 de acceso a la información pública, ya que, como se ha dicho, el sitio posee un auspicio del Estado.
La respuesta del secretario de Comunicación Digital y Medios, Jorge Canals, fue que “la persona jurídica propietaria del sitio web es la empresa DATTATEC.COM. S.R.L”, pero que la persona que presenta la facturación es “Juárez Alejandro C.U.I.T. Nº 20-26329891-9”, aunque “esa facturación fue anulada debido a que se produjo un cambio en el proveedor para la contratación de la pauta publicitaria, quedando la misma a nombre de Brana Diego Ignacio C.U.I.T. Nº 20-26752009-8”.
Es decir que el Estado provincial pautó publicidad en un sitio sin personas responsables a cargo, que figura a nombre de una empresa pero que factura a través de un particular que además cambió por otro en el medio.
Según registros oficiales, Dattatec es una empresa de servicios informáticos con sede en Rosario, Santa Fe, que fue contratada en al menos cuatro oportunidades por el Municipio de Río Grande entre 2012 y 2017, cuando el actual gobernador era intendente de esa ciudad:
El sitio “Guanaco Sur” fue abierto para la campaña política de la elección a gobernador de 2019 y se dedica a replicar gacetillas y noticias solo favorables al gobernador Melella.
A partir de ello y de los pedidos de acceso a la información formulados por Worman, fue posible reconstruir cómo opera una verdadera red de este tipo de sitios y de perfiles de Facebook y Twitter (la mayoría falsos) dedicada a hostigar a periodistas y dirigentes opositores.
Veamos, como prueba, un ejemplo más.
-El portal de noticias www.polosurtdf.com.ar. Figura a nombre de la empresa SOLETO S.A.S. a quien representa Jonatan Pérez Bustos, hijo del empresario y titular de la consultora Neodelfos, que asesoró al gobernador Melella durante la campaña a la gobernación. Según documentación oficial, mientras Polosur recibe pauta oficial del gobierno desde marzo de 2020, Neodelfos fue contratada por el mismo gobierno (por un monto de $300 mil) para realizar el relevamiento de la audiencia de los medios de la provincia durante 2020, en el que luego se basa el mismo gobierno para distribuir la pauta oficial. Este sitio es otro de los que luego se dedica a hostigar a periodistas y opositores.
Worman puso en conocimiento de estas situaciones a la Fiscalía de Estado de la provincia, que el 2 de diciembre de 2020 consideró que había mérito para darle intervención al Tribunal de Cuentas. A su vez, este organismo de control resolvió “iniciar una investigación especial” sobre lo ocurrido que aún se encuentra en trámite.
