El intendente de Río Grande cuestionó la modificación del régimen de subsidios y advirtió por aumentos superiores al 20%. También reclamó recursos del FAMP para la ciudad y consideró agotado el debate por la reforma constitucional provincial.
El intendente de Río Grande, Martín Perez, advirtió que la modificación del régimen de subsidios correspondiente a la Zona Fría tendrá un impacto directo sobre las facturas de gas de los hogares fueguinos y expresó además su preocupación por la posibilidad de que el Poder Ejecutivo nacional pueda modificar en adelante las bonificaciones. Según planteó, el nuevo esquema combina un incremento inmediato con una mayor capacidad de decisión del Gobierno nacional sobre el beneficio.
Durante una entrevista en FM Ushuaia, Perez sostuvo que el cambio representa “un golpe más al bolsillo de la familia fueguina, a la necesidad imperiosa que están atravesando miles de familias de nuestra provincia, vinculada ni más ni menos que al aumento del costo de vida de la economía en general”.
Frente a ese escenario, consideró que “una vez más se va a aplicar este tarifazo, porque hay que decirlo con todas las letras” y dimensionó su incidencia sobre las economías domésticas: “Un aumento de estas características, un aumento sideral, va a tener un impacto sustancial en la calidad de vida de miles de familias fueguinas”.
El jefe comunal ubicó el aumento por encima del 20% y señaló que la preocupación no se limita al monto que comenzaría a reflejarse en las facturas. A su entender, el cambio introduce además una modificación relevante en la administración futura del régimen: “A partir de la modificación de esta ley, el Poder Ejecutivo va a tener la potestad de ajustar la bonificación que se determine en el caso de la distribución y transporte”.
Perez contrapuso ese mecanismo con el funcionamiento anterior, cuando cualquier alteración requería una modificación legislativa. “Antes estaba normado por ley, por lo tanto, era sólo posible una modificación de la ley. En este caso, el Ejecutivo, en el marco de la política que decide llevar de adelante, puede ajustar ese subsidio”, explicó.
Por eso resumió el escenario como una “doble preocupación”: por un lado, “el impacto directo de más del 20% de la tarifa” y, por otro, “la discrecionalidad que tendrá el gobierno nacional para ajustar las bonificaciones como sea conveniente”.
Al analizar las implicancias políticas de la medida, el intendente vinculó su cuestionamiento con las particularidades de Tierra del Fuego y afirmó que preocupa “sobre todo que no se tenga en cuenta la condición insular, la condición del extremo frío que se vive en provincias como la nuestra”.
También cuestionó los respaldos legislativos obtenidos por la iniciativa y, ante las consultas sobre la estrategia opositora, recordó su experiencia como diputado nacional durante anteriores discusiones tarifarias: “Las votaciones se perdían, claramente, pero poníamos voz, poníamos palabras, votábamos en contra”.
FAMP: reclamo por fondos para Río Grande
El segundo eje abordado por Perez fue la situación del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina. Afirmó que la información disponible indica que “al FAMP están decidiendo liquidarlo” y agregó: “Ya han cortado el aporte que tenían que hacer las empresas, han tomado esa decisión, es de público conocimiento, y la decisión es liquidarlo”.
Sobre los recursos acumulados, estimó que “son fondos que están en el orden de los 300 millones de dólares” y defendió su utilización para proyectos vinculados directamente con la producción provincial. “Los fondos que nutrieron al FAMP, han pensado originalmente para fortalecer nuestra matriz de producción, para diversificarla, para hacer obras de infraestructura orientadas a fortalecer el aparato productivo de la provincia”, sostuvo.
Río Grande, adelantó, presentará nuevas iniciativas para acceder a esos recursos. Entre ellas mencionó la finalización del mercado de productos locales proyectado en el antiguo kiosco Fénix, cuya obra quedó paralizada, y trabajos vinculados con la antigua terminal de ómnibus. “Son acciones que perfectamente se podrían llevar adelante desde este fondo”, señaló, antes de insistir en que “queremos que ese dinero se invierta en Tierra del Fuego desde donde salió”.
La distribución territorial de las inversiones también formó parte de su cuestionamiento. Perez afirmó que “Río Grande sin duda es la ciudad más golpeada por este modelo económico” y respaldó esa caracterización con cifras sobre la caída del empleo industrial: “Del 2023 hasta acá, estábamos en casi 9.000 trabajadores en la industria. Estamos en 3.800 aproximadamente”. En el sector textil, añadió: “11 empresas textiles teníamos ,hoy apenas 4 funcionando. De 1.100 trabajadores pasamos a 280 aproximadamente”.
Por eso consideró que la asignación de recursos debe contemplar ese deterioro y aseguró que el Municipio continuará presentando proyectos. “Vamos a hacer todo lo posible para que los fondos lleguen a Río Grande porque proyectos no faltan. No es una cuestión de incapacidad técnica, tenemos de sobra”, afirmó, para concluir que la distribución constituye “una decisión estrictamente política”.
Reforma constitucional: un debate agotado
Finalmente, Martín Perez se refirió al proceso judicial y político relacionado con la reforma constitucional provincial. Sin pronunciarse sobre los plazos de los tribunales, marcó una posición terminante respecto de la continuidad del debate: “No voy a interferir de ninguna manera en los tiempos de la Justicia. Creo que es un debate agotado, absolutamente terminado”.
El intendente sostuvo que la Legislatura ya expresó una posición política sobre la cuestión y consideró que las prioridades actuales deberían concentrarse en otras dificultades provinciales. “Ya no hay más discusión, no hay margen para seguir insistiendo con esto”, planteó, al enumerar problemas relacionados con los sistemas educativo y sanitario, las finanzas municipales y la pérdida de puestos de trabajo.
Como ejemplo de las dificultades que atraviesa Río Grande, mencionó una deuda de coparticipación que, según afirmó, “ya pisa los $17.000 millones y ha crecido un 200% en apenas un año”. A partir de ese escenario, reclamó concentrar los esfuerzos institucionales en atender las demandas inmediatas: “Las complicaciones son cada vez mayores, tenemos que estar necesariamente todos focalizados en ver cómo hacemos para empezar a resolver estos problemas”.
Perez cerró su análisis vinculando esa situación económica y social con la oportunidad de avanzar en una reforma constitucional. “Viendo la situación que está atravesando nuestra gente, que nos duele a todos y realmente nos complica, hablar hoy de una reforma de la Constitución no me parece que sea, sinceramente, el momento adecuado”, concluyó.
