La legisladora provincial defendió la derogación de la convocatoria a la reforma constitucional al sostener que el proceso puede ser revisado por la Legislatura y que el contexto económico y social no es adecuado.
La legisladora provincial del partido Justicialista, Victoria Vuoto, analizó la reciente sanción legislativa que derogó la convocatoria al proceso de reforma constitucional y expuso una postura centrada en argumentos jurídicos y en la evaluación del contexto actual de la provincia. La iniciativa, aprobada por 11 votos contra 4, abrió un nuevo escenario de tensión con el Poder Ejecutivo, que anticipó su veto y eventual judicialización.
En ese marco, Vuoto aclaró en FM Ushuaia que “no es una derogación de la convocatoria a elecciones, porque acá hay dos aspectos que juegan. El proceso de convención constituyente y el proceso electoral que se da en el marco de esa convención”. A su vez, subrayó que “cualquier proceso de convención constituyente está reservado al poder legislativo, que es el poder constituido y el que representa a la ciudadanía”.
La legisladora explicó que la Constitución exige mayorías agravadas para este tipo de decisiones debido a su relevancia institucional: “Se entiende que es un proceso de reforma constitucional, que es el más importante en términos políticos que pueda atravesar una provincia”. En ese sentido, remarcó que “la facultad está en cabeza exclusiva de la Legislatura” y consideró que “esa facultad de llamar puede ser revisada en este contexto y en cualquier momento del proceso”.
Vuoto también hizo hincapié en la etapa en la que se encuentra la convocatoria: “En este contexto primigenio, que ni siquiera hay cronograma electoral, ni está tampoco contemplado el presupuesto del gasto, hace que nosotros podamos hacer uso pleno de nuestras facultades para evaluar si es necesaria o no esa reforma”. Y agregó: “El proceso constitucional se lanza con una ley de la Legislatura, y creo que nosotros estamos en plena facultades para dejarlo sin efecto”.
Frente a los cuestionamientos sobre la seguridad jurídica, la legisladora identificó el origen del conflicto en decisiones previas del Ejecutivo: “El punto de quiebre de la seguridad jurídica fue el decreto de convocatoria extemporáneo de la primera reforma que dictó el gobernador”. En esa línea, detalló que “la Legislatura le dio 210 días” y que “él lo dictó al día 218. Él convocó fuera de término”.
Además, cuestionó la forma en que se retomó el proceso: “Él vuelve a computar el plazo de 210 días de cero, habiendo transcurrido los 210 días originales, y lo decide arbitrariamente solo”. Según su interpretación, correspondía una nueva intervención legislativa que habilitara los plazos conforme a lo establecido constitucionalmente.
En paralelo, Vuoto vinculó la decisión con la situación económica y social de la provincia: “No es el momento de atravesar esta discusión, pero no porque haya dificultades únicamente económicas, sino porque tenemos la provincia al borde del quiebre económico”.
En ese sentido, describió un escenario crítico y cuestionó la oportunidad del proceso: “No podemos en este contexto de necesidades críticas urgentes pretender avanzar en un proceso electoral y en un proceso institucional político que nos deja por fuera de las necesidades urgentes de la gente”.
Finalmente, anticipó un posible conflicto institucional: “Es muy probable que haya una sesión especial para poder analizar el veto” y advirtió que, de persistir la controversia, “es una cuestión que va a volver a terminar judicializada”.






