La Fiscalía especializada en Violencia de Género rechazó un acuerdo de reparación propuesto por Marcelo Guzmán, ex relator del STJ, imputado por lesiones agravadas. Consideró que el acuerdo, condicionado a su reincorporación laboral, no garantiza la protección de la víctima ni cumple con los criterios para extinguir la acción penal.
La Fiscalía Especializada en Violencia de Género e Intrafamiliar y Asistencia a las Víctimas, a cargo de la Doctora María Paula Schapochnik, rechazó un acuerdo de reparación integral propuesto por Marcelo Guzmán, ex relator del Superior Tribunal de Justicia (STJ), imputado por lesiones agravadas contra Carla Kirstein. La fiscalía consideró que el acuerdo no garantiza la protección efectiva de la víctima ni cumple con los criterios necesarios para extinguir la acción penal, por lo que decidió continuar con el proceso judicial.
El acuerdo ofrecido por Guzmán consistía en el pago del 40% de los haberes retroactivos que eventualmente le adeudaría el Poder Judicial en caso de ser reincorporado a su puesto laboral. Sin embargo, la Fiscalía cuestionó la viabilidad de esta propuesta, al estar condicionada a eventos inciertos y fuera del control de la víctima. "Es arena entre las manos para la víctima, porque Kirstein quedaría dependiendo del destino laboral de su agresor", señalaron desde el organismo, según publicó el portal 94diez.
Además, la Fiscalía destacó la ausencia de una manifestación de arrepentimiento por parte de Guzmán. Según la víctima, el imputado nunca demostró una reflexión genuina sobre la violencia ejercida. "No se ha evidenciado empatía ni arrepentimiento, lo que debilita aún más el fundamento del acuerdo", advirtió la fiscalía. Este aspecto fue clave para considerar que el acuerdo no cumplía con los estándares necesarios para ser validado.
Otro punto cuestionado fue la falta de asesoramiento legal adecuado durante la firma del acuerdo. Kirstein no contó con la participación activa de las abogadas que la representaron durante casi todo el proceso, Fabiana Ríos y Karina Echazú, lo que, según la Fiscalía, pudo limitar su capacidad de decidir libremente. "En contextos de violencia de género, las limitaciones económicas y sociales de las víctimas son factores clave que deben considerarse antes de validar un acuerdo de esta naturaleza", sostuvo el Ministerio Público Fiscal.

La Fiscalía también subrayó que la reparación integral no puede basarse en promesas inciertas ni en acuerdos que perpetúen la desprotección de la víctima. "Un acuerdo no puede sostenerse atado al incierto futuro laboral del imputado, dejando a la víctima dependiendo una vez más de la suerte de su agresor", afirmaron. Este enfoque refleja la postura de la fiscalía de priorizar la protección de los derechos de las víctimas sobre cualquier arreglo que pueda reproducir condiciones de desigualdad.
Cabe destacar que la Fiscalía de Género no participó en la negociación del acuerdo entre las partes, lo que le impidió señalar sus falencias desde un principio. Esta aclaración también desmiente especulaciones periodísticas sobre un posible rol de la fiscalía en el proceso.
Por último, la decisión de rechazar el acuerdo y continuar con la acción penal pública se basó en un equilibrio entre la opinión de la víctima y razones de política criminal. La Fiscalía resaltó la importancia de asegurar que los mecanismos judiciales no se conviertan en herramientas que reproduzcan condiciones de vulnerabilidad.
De esta manera, el caso sigue su curso judicial, con la fiscalía enfocada en garantizar que se respeten los derechos de la víctima y se eviten acuerdos que no cumplan con los estándares de protección y justicia necesarios en casos de violencia de género.






