El legislador del MPF cuestionó la decisión de la ANPyN de intervenir administrativa y operativamente la terminal local, al tiempo que planteó dudas sobre el destino de los fondos que se desvían a cuentas nacionales. Reclamó una postura institucional unificada en defensa de los intereses de la provincia.
El legislador provincial del Movimiento Popular Fueguino, Pablo Villegas, expresó su firme rechazo a la intervención dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación sobre el puerto de la ciudad de Ushuaia que operaba bajo administración de la Dirección Provincial de Puertos, al cumplirse casi dos meses de una medida que calificó como un avasallamiento a la autonomía fueguina.
"Nos encontramos con la ingrata sorpresa de una decisión de este organismo nacional portuario de intervenir el puerto de Ushuaia en términos administrativos y operativos", introdujo en una entrevista con FM Ushuaia, para agregar que se trata de "un avasallamiento flagrante, propiciado de irrazonabilidad, de desproporcionalidad, de una arbitrariedad manifiesta que va a contramano de todas las reglas de juego que tenemos autoimpuestas los argentinos en la Constitución Nacional".
Villegas sostuvo que la medida afecta directamente los recursos provinciales, ya que el organismo nacional no solo intervino la gestión sino que "se está quedando todos los días con los recursos, con la plata que obtiene esa actividad portuaria que se realiza acá en la terminal de Ushuaia por el cobro de derechos, de tasas".
En ese sentido, advirtió que los fondos están siendo transferidos a cuentas del Banco Nación correspondientes a la ex Administración General de Puertos, lo que podría configurar una situación irregular. "No sé si no roza el abuso en el ejercicio de la función pública lo que ha decidido la autoridad nacional interventora de quedarse con los recursos de los fueguinos. Está rozando alguna figura, creo yo, de derecho penal esta decisión", señaló.
El legislador enfatizó que su postura crítica no implica avalar la gestión anterior de la autoridad portuaria provincial, pero sí defender la institucionalidad y el patrimonio de todos los fueguinos. "Mi defensa a que el puerto tiene que ser conducido, administrado y gestionado por Tierra del Fuego, por nosotros, que desde hace más de 30 años venimos aportando, pagando empréstitos para que el puerto sea hoy la realidad que es, no implica avalar la gestión de los actores de autoridad. Yo no sé si hubo irregularidades de carácter contable, porque sinceramente no tengo esa documentación al alcance", aclaró.
Villegas cuestionó además los argumentos utilizados para justificar la intervención, particularmente la sanción de la ley provincial 1596 que afectó recursos portuarios a otros destinos. En ese punto, defendió la potestad de la Legislatura para disponer de esos fondos en el marco de la autonomía provincial. "Si yo como poder del Estado provincial de una provincia autónoma defino la creación de una entidad autónoma como es la Dirección Provincial de Puertos y le delego la facultad de cobrar tasas y derechos, ¿cómo no voy a tener la potestad de forma extraordinaria de decir este año voy a afectar parte de los recursos a otro destino? Quien puede lo más, puede lo menos", razonó.
El legislador también apuntó contra la falta de acción del fiscal de Estado, a quien la Constitución provincial faculta para defender los intereses de la provincia. Tras recordar que existe una respuesta formal del funcionario en la que sostiene que no fue consultado sobre la legalidad de la ley 1596, Villegas advirtió sobre la necesidad de una estrategia coordinada. "Presenté un proyecto para que la Legislatura incluya al fiscal de Estado, como hicimos en su momento con Isla de los Estados. Hoy los hechos ameritan una instrucción en ese sentido para que intervenga efectivamente en defensa del patrimonio de los fueguinos", explicó.
Finalmente, reclamó que la Legislatura adopte una posición clara y enérgica más allá de las diferencias políticas. "Hay que sacarse ese traje político partidario y ponerse el mameluco de salir a defender Tierra del Fuego. La Legislatura tiene que salir a defender lo que es nuestro a través de herramientas que le reconoce la Constitución, con un proyecto de resolución que rechace la intervención y ver la posibilidad de instruir al fiscal de Estado. Esto va para largo y hay que empezar a coordinar acciones entre los distintos actores institucionales", concluyó Pablo Villegas.






