Los testimonios de Jorge Taiana y Juan Martín Paleo reforzaron, según el legislador, la investigación sobre la instalación del radar y sus posibles usos. También plantearon interrogantes sobre su funcionamiento y las facultades para desmantelarlo.
La comisión legislativa que investiga la instalación del radar de LeoLabs en Tolhuin reunió nuevos testimonios sobre las decisiones que permitieron su funcionamiento y las posibles consecuencias para la defensa nacional. Para el legislador Pablo Villegas, presidente de esa comisión, las declaraciones del ex ministro de Defensa, Jorge Taiana, y del ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Juan Martín Paleo, aportaron elementos para reconstruir el proceso, aunque todavía quedan pruebas por producir antes de establecer conclusiones.
En diálogo con FM Ushuaia, Villegas valoró la posibilidad de escucharlos porque, según explicó, “nos ha servido para ratificar en cierto modo algunas ideas y algunos hechos que nosotros venimos intentando reconstruir”. La investigación procura determinar cómo se autorizó la instalación, qué organismos intervinieron y cuáles fueron las implicancias técnicas y estratégicas del equipo.
El legislador recordó que Taiana había solicitado formalmente la suspensión de la autorización precaria otorgada a LeoLabs. También destacó el informe firmado en agosto de 2023, que advirtió sobre el posible uso dual del radar: además del seguimiento de objetos espaciales, podría tener aplicaciones militares. Sobre el aporte de Paleo, señaló que “nos dio datos que sinceramente resultan de interés para la investigación que estamos haciendo”, especialmente en relación con las capacidades del dispositivo.
Una de las preguntas pendientes apunta al origen de la autorización nacional. Villegas afirmó que “la autorización precaria la otorgó el subsecretario de Telecomunicaciones de manera inconsulta a la Cancillería y al Ministerio de Defensa”, y consideró necesario escuchar al funcionario que la concedió y a quien entonces encabezaba la Jefatura de Gabinete. La comisión busca establecer si existieron otras instancias de consulta o decisión.
Los testimonios también abrieron una discusión sobre quién puede impulsar el retiro del radar. De acuerdo con Villegas, Taiana y Paleo plantearon que el Ministerio de Defensa carece de atribuciones para ordenar su desarme y que esa iniciativa corresponde a la provincia, por las autorizaciones y servicios concedidos en el ámbito local. El legislador aclaró que esa posición todavía debe ser evaluada junto con el resto de la prueba.
Sobre la actuación provincial, expresó una valoración propia: “Creo que la provincia tiene atribuciones, que se ha quedado a mitad de camino”. A su juicio, primero es necesario completar la reconstrucción de los hechos y luego proponer herramientas concretas para que el gobernador pueda instar el desarme. También mencionó la posibilidad de establecer un marco legal provincial para identificar activos estratégicos y exigir consultas entre organismos antes de adoptar decisiones que los afecten.
La situación actual del equipo sigue sin estar esclarecida. Ante las contradicciones entre los elementos reunidos, la comisión solicitó que especialistas de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales viajen a Tierra del Fuego para verificar si el radar está funcionando, incluso ante la falta de suministro eléctrico. Villegas espera que el trabajo permita elaborar un informe final en noviembre y ponerlo a consideración de la población.
Al final de la entrevista, el legislador se refirió al impedimento de ingreso de personal provincial de Ambiente al intervenido puerto de Ushuaia. Reclamó defender las competencias de Tierra del Fuego mediante actuaciones administrativas y judiciales, y sostuvo que, en paralelo, debería existir una mesa de diálogo político entre autoridades nacionales y provinciales para buscar una solución al conflicto portuario.
