El legislador provincial cuestionó el destino de recursos educativos, reveló pagos de personal de otras áreas mediante horas cátedra y reclamó revisar integralmente el gasto antes de crear impuestos para financiar mejoras salariales docentes.
El debate por una nueva herramienta de financiamiento educativo abrió una discusión más amplia sobre cómo utiliza actualmente sus recursos el sistema provincial. En ese contexto, el legislador provincial Pablo Villegas puso el foco sobre las horas cátedra aprobadas para Educación, aseguró que parte de ellas se destina a pagar personal de otros ministerios y reclamó auditar el gasto antes de aumentar impuestos o reasignar fondos de otras áreas.
El referente del Movimiento Popular Fueguino explicó en FM Ushuaia que su planteo parte de revisar la estructura existente: “Discutamos la estructura que tiene el Ministerio de Educación, discutamos las horas cátedras, más de 1.200.000 horas cátedras que la Legislatura tiene aprobadas ya con presupuestos anteriores, discutamos el gasto en el ámbito de Educación y una vez que tengamos bien en claro en qué se gasta, si se gasta bien o se gasta mal, pasemos a otras cosas”.
Como ejemplo, relató una situación que aseguró haber constatado personalmente durante una inspección realizada como integrante del Comité de Prevención de la Tortura en una dependencia del Ministerio de Justicia. Al consultar cómo se remuneraba al personal de guardia, afirmó que recibió como respuesta: “Me dicen: ‘acá hay uno solo que está en planta permanente y al resto le pagan con horas cátedras’”. Frente a su pregunta sobre las horas cátedras, que se supone son para el área educativa, señaló que le informaron que “les pagan con horas cátedras porque hay un convenio entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación donde se transfieren horas cátedras”.
Para Villegas, el caso demuestra la necesidad de transparentar esa estructura antes de buscar nuevas fuentes de financiamiento. A partir de allí planteó el interrogante central: “¿Cómo vamos a empezar a discutir una ley de financiamiento creando o ampliando nuevos impuestos o, en todo caso, desafectando recursos que están para el sistema previsional para afectarlos al sistema educativo o modificar los porcentuales de la ley 907?”.
La discusión se produce mientras la Legislatura analiza alternativas para mejorar el financiamiento educativo y persiste el conflicto salarial docente.
Villegas recordó que el proyecto originalmente impulsado por el sindicato Sutef perdió estado parlamentario y que actualmente existen otras iniciativas. Sobre aquella propuesta señaló: “El proyecto original del Sutef era lisa y llanamente crear nuevos impuestos y aumentar los existentes”, y sostuvo que más del 90% de la recaudación proyectada dependía de incrementar Ingresos Brutos sobre la actividad hidrocarburífera, algo que consideró jurídicamente inviable por los compromisos asumidos por la Provincia en el pacto fiscal de 2017.
Su posición es que los antecedentes provinciales tampoco permiten asegurar que una mayor afectación presupuestaria resuelva estructuralmente el problema. Tras enumerar distintas leyes sancionadas desde 1992, recordó que Tierra del Fuego ya estableció pisos de recursos para Educación e incluso incrementó impuestos: “A pesar de todas esas leyes que hemos sancionado y a pesar de haber aumentado en algún momento impuestos, los problemas los volvimos a tener en el mediano y en el corto plazo, los mismos problemas” razonó.
Dentro de esa revisión del gasto, Villegas incorporó otro caso relacionado con un convenio entre Educación y la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Según indicó, la Provincia venía desembolsando “25 millones de pesos mensuales promedio” para que la casa de estudios elabore “un manual de instrucciones o un digesto de las leyes, decretos o resoluciones del Ministerio de Educación”. El legislador cuestionó la prioridad de esa erogación: “Ese gasto es necesario, es primordial para poder afectar recursos?”, y admitió que frente a una masa salarial docente mucho mayor el ahorro puede parecer limitado, “pero empecemos por algo”.
La discusión sobre los recursos se entrelaza, además, con su confrontación tanto con el Gobierno provincial como con la conducción sindical. Villegas afirmó que “es difícil lograr habilitar esa discusión” sobre el funcionamiento interno de Educación y cuestionó que “se entra a hablar de aumentar o crear impuestos, pero nunca a hablar de esos temas”.
Su propuesta, resumió, consiste en revisar erogaciones antes de trasladar mayores cargas al conjunto de los contribuyentes: “Empecemos a reducir gastos acá, gastos allá, antes de discutir la posibilidad de crear o aumentar impuestos o en todo caso, de vestir un santo para desvestir otro”.
Respecto del conflicto docente en sí, reconoció la legitimidad de la discusión salarial, aunque marcó diferencias con las medidas de fuerza y reclamó que cualquier solución contemple el interés general. También cuestionó al Ejecutivo por no haber logrado resolver una disputa prolongada: “Lamentablemente el gobierno de la provincia no ha podido, no ha querido, no ha sabido resolverlo”.
Pablo Villegas sostuvo finalmente que la situación fiscal obliga a modificar prioridades y buscar ahorros que permitan fortalecer no solamente Educación, sino también Salud y Seguridad. Bajo esa premisa, insistió en que una discusión sobre nuevos recursos debería comenzar por determinar con precisión cómo se utilizan los actuales.
Para el legislador, las horas cátedra sintetizan esa dificultad: existen más de 1,2 millones autorizadas y, según los casos que describió, una parte termina financiando funciones ajenas al sistema educativo, mientras el debate político continúa concentrado en cómo conseguir fondos adicionales.






