Investigaciones presentadas en Chile identificaron un circuito que enlaza Tierra del Fuego con distintos puertos patagónicos hasta Puerto Montt. El movimiento de cocaína y cigarrillos expone desafíos para la vigilancia y cooperación transfronteriza regional.
Ushuaia quedó incorporada a un corredor marítimo investigado por el traslado de drogas y mercadería de contrabando entre Argentina y Chile, dentro de un escenario que preocupa a las autoridades por la expansión del crimen organizado en el extremo austral. El circuito detectado se proyecta hacia el norte por diferentes puntos de la Patagonia chilena y registra movimientos en ambas direcciones.
El fenómeno fue analizado durante las jornadas desarrolladas en Punta Arenas por la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Chile, con la participación del fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, y del fiscal federal de Río Gallegos, Julio César Zárate. Las exposiciones coincidieron en la dimensión transfronteriza de organizaciones que explotan la amplitud territorial, el movimiento marítimo y las dificultades de coordinación entre organismos de los dos países.
Las investigaciones permitieron reconstruir una extensa conexión que comienza en Tierra del Fuego. Crisosto reveló que “hemos identificado rutas de narcotráfico que van de Ushuaia” y precisó que desde allí el circuito continúa por Punta Arenas, Puerto Natales, el ferry, Puerto Chacabuco y finalmente Puerto Montt. La ruta es utilizada para transportar cocaína y cigarrillos por vía marítima, aunque también existen causas que registraron desplazamientos en sentido inverso.
La preocupación se incrementó ante el fuerte crecimiento de la navegación por el extremo sur. Información de Directemar presentada durante las jornadas indica que el tránsito de grandes embarcaciones por el Estrecho de Magallanes aumentó un 47% entre 2024 y 2025. Crisosto vinculó esa expansión con transformaciones geopolíticas y climáticas que llevaron a las compañías navieras a recurrir nuevamente con mayor frecuencia a ese paso, un escenario que también podría ser aprovechado por estructuras delictivas.
El control de las embarcaciones constituye uno de los puntos sensibles del sistema. Las normas internacionales que regulan la circulación por el Estrecho garantizan el tránsito y restringen las posibilidades de las autoridades chilenas de abordar buques sin denuncias o antecedentes que sustenten una sospecha. Durante la exposición se recordó el caso de una nave que atravesó esas aguas y posteriormente fue incautada en Países Bajos, sin que Chile hubiera tenido información previa que permitiera intervenir.
Desde Argentina, Zárate describió una dinámica criminal que no se limita a las rutas marítimas. Las investigaciones detectaron organizaciones que emplean caminos, campos y vehículos para cruzar la frontera y que llegan a comprar estancias con el propósito de disponer de puntos propios de paso. Camiones con escolta, sistemas de comunicación satelital, billeteras virtuales y casas de cambio forman parte de estructuras que posteriormente buscan incorporar al circuito legal el dinero obtenido.
La cooperación institucional aparece como otra dificultad frente a organizaciones capaces de modificar rápidamente sus movimientos. Los procedimientos administrativos y judiciales necesarios para intercambiar información entre Argentina y Chile contrastan con esa capacidad operativa. Zárate sintetizó esa diferencia al señalar que “la velocidad del delito es mucho mayor que la velocidad del Estado” y reclamó mecanismos más ágiles para compartir información e inteligencia.
Otro aspecto bajo investigación es la relación entre el contrabando de cigarrillos y el narcotráfico. Crisosto informó que durante 2025 fueron incautadas más de 600 mil cajetillas y existen más de 120 vehículos secuestrados en expedientes vinculados con ambos delitos. La hipótesis de los investigadores contempla que determinadas organizaciones combinen las dos actividades y utilicen los ingresos obtenidos mediante el tabaco ilegal para financiar la logística del transporte de drogas.
Directemar, sin embargo, introdujo una diferenciación respecto de la magnitud del fenómeno. La autoridad marítima chilena informó que unas 2.500 embarcaciones atraviesan cada año el Estrecho y aclaró que hasta ahora no detectó organizaciones dedicadas a utilizar ese corredor para transportar grandes cargamentos de droga hacia mercados internacionales. El contrabando mantiene igualmente presencia en la zona: el 4 de agosto fueron secuestradas 56 mil cajetillas de cigarrillos en una embarcación localizada en Bahía Azul, en Tierra del Fuego chilena.
Las exposiciones ante el Senado chileno consolidaron así una mirada regional sobre actividades criminales que atraviesan las fronteras patagónicas y colocan a Ushuaia como uno de los puntos identificados dentro del circuito investigado. Frente a ese escenario, la Comisión de Seguridad Pública puso el acento en profundizar la cooperación con Argentina, acelerar el intercambio de inteligencia y fortalecer los controles sobre las vías terrestres y marítimas utilizadas para movilizar drogas, contrabando y recursos económicos.






