El reciente inicio del sistema acusatorio en el fuero federal promete una Justicia más ágil y transparente, según destacó el defensor público José Bongiovanni.
El defensor público oficial en Tierra del Fuego, José Bongiovanni, se refirió al impacto que tendrá el nuevo sistema acusatorio penal, implementado en la jurisdicción federal desde el pasado 2 de diciembre. En sus declaraciones, subrayó la modernización que este representa y cómo contribuirá a una mayor celeridad en los procesos judiciales, señalando que se trata de un cambio crucial para mejorar el acceso a la Justicia en la región.
Bongiovanni, por FM Master’s, subrayó que esta reforma era esperada desde hace casi una década: “Este cambio en rigor debió haber ocurrido en 2015. En realidad, el Código Procesal Penal de la Nación que se utiliza para juzgar delitos federales cambió en el año 2015, pero se suspendió su aplicación y se fue implementando paulatinamente en distintas jurisdicciones del país”. Según explicó, el proceso comenzó en Salta y Jujuy, para luego expandirse a otras provincias como Santa Fe, Mendoza y ahora a toda la Patagonia.
El nuevo sistema introduce una transformación radical en el procedimiento penal, alineándolo con los estándares que establece la Constitución Nacional. “Implica un cambio total y absoluto del procedimiento penal, honrando el artículo 120 de la Constitución, otorgándole al Ministerio Público Fiscal, y no al Poder Judicial o a los jueces, el poder de investigación y la disponibilidad de la acción pública”, explicó. Este modelo permite que los fiscales decidan concentrarse en delitos de mayor relevancia, dejando de lado aquellos que, por su naturaleza o impacto, no ameriten ser priorizados.
Entre las características más destacadas del nuevo sistema, Bongiovanni resaltó la oralidad de los procedimientos y la obligatoriedad de la presencia activa del juez en todas las audiencias: “Lo más importante es que prevé la oralidad en todos y cada uno de los pasos del proceso y la obligación del juez de estar presente en todas y cada una de las audiencias, dirigiéndolas sin poder delegar en empleados o en secretarios la gestión de los casos judiciales”.
El defensor señaló que esta reforma acorta significativamente los plazos procesales, favoreciendo una resolución más rápida de los casos: “Los plazos se van a acortar, no sé, de cinco años a cinco meses, una cosa por el estilo, desde que una causa empieza hasta que termina”. Además, subrayó la eliminación de figuras tradicionales como la declaración indagatoria y el auto de procesamiento, lo que agiliza los procedimientos y reduce la necesidad de trámites escritos.
Otro aspecto clave del sistema acusatorio es la introducción de técnicas especiales de investigación, como el uso de imputados colaboradores, agentes encubiertos y testigos protegidos. Estas herramientas, según Bongiovanni, resultan cruciales para abordar delitos complejos como el narcotráfico: “En este nuevo código, en Salta, por ejemplo, se realizaron audiencias por WhatsApp en tiempo real, permitiendo una rapidez inédita en la toma de decisiones”.
Sin embargo, el defensor también advirtió sobre posibles riesgos asociados a la implementación del sistema: “Los aspectos negativos pueden ser que haya un uso desmedido de la desformalización (…) o que la Fiscalía tome decisiones de no perseguir casos que para alguien deberían perseguirse”.
El nuevo código se aplicará a delitos federales como narcotráfico, trata de personas, lavado de activos y falsificación de documentos, entre otros. Bongiovanni señaló que este modelo, inspirado en sistemas acusatorios de países desarrollados, moderniza la justicia penal federal y refuerza la transparencia al permitir la asistencia pública a las audiencias.
En este contexto, la Defensoría Pública también reestructuró su organización interna para adaptarse al cambio. Se designó al doctor Guillermo Garone como titular de la Unidad de Defensa del Proceso Penal Acusatorio en Tierra del Fuego, mientras que el propio Bongiovanni asumirá como Defensor en lo no penal, focalizándose en la protección de los derechos humanos.
“Realmente es un procedimiento muy diferente, cuyo éxito depende de cuánto uno le ponga también el lomo, porque requiere una presencialidad mucho mayor en brindar el servicio de administración de justicia”, concluyó, dejando en claro que el desafío radica no solo en la implementación del sistema, sino en su aplicación efectiva y eficiente para garantizar el acceso a la justicia.
