DEMORAS Y PRESUNTA INJERENCIA JUDICIAL

Tras lograr la recusación de Löffler, ahora el Gobierno espera la resolución

Jul 29, 2025 | General

La Secretaría Legal y Técnica destacó la decisión del Superior Tribunal, que validó los argumentos sobre obstrucción procesal y prejuzgamiento. Esperan un fallo definitivo para resolver la validez de la reforma constitucional suspendida hace casi un año.

En un hecho inédito para la justicia fueguina, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) aceptó por unanimidad la recusación presentada por el Gobierno provincial contra el doctor Ernesto "Nené" Löffler, quien quedará excluido de intervenir en la causa que desde hace casi un año mantiene suspendida la reforma constitucional. La medida, respaldada tanto por el Ejecutivo como por la Fiscalía de Estado, se basó en dos argumentos centrales: la demora injustificada en el trámite procesal y expresiones previas del magistrado que configuraban un presunto prejuzgamiento.

Emiliano Fossato, abogado de la Secretaría Legal y Técnica, explicó en diálogo con FM Ushuaia que la recusación, una herramienta legal excepcional, se sustentó en "causales objetivas", entre ellas "la violación al principio de celeridad" y actos procesales que "frenaron la continuidad natural del expediente". 

Según detalló, el STJ reconoció que hubo una "incertidumbre prolongada" sobre la validez de una ley sancionada por unanimidad en la Legislatura, cuyo debate quedó paralizado por una medida cautelar emitida en apenas 30 horas, pero sin resolución de fondo.

María Ángeles Arroyo, también integrante del equipo legal gubernamental, enfatizó el peso institucional del caso: "Hubo una intromisión del Poder Judicial en competencias de otros poderes. La ley fue válida, el Ejecutivo impulsó el proceso electoral, y sin embargo, la cautelar lo frenó sin fundamentos claros". 

Ambos coincidieron en que la reconstrucción digital del expediente -necesaria porque Löffler no lo devolvía físicamente- fue una muestra de las irregularidades que motivaron la recusación.

El fallo del STJ, que ahora continúa con cuatro vocales, allana el camino para una resolución definitiva. Fossato señaló que "el número legal para emitir sentencia está completo" y consideró "razonable" que el tribunal se expida en los próximos días. "Ya se agotaron todas las instancias; es momento de que la justicia defina si la ley y el decreto de convocatoria eran constitucionales", afirmó.

La demora de casi un año, un plazo anómalo para una cautelar, generó críticas incluso desde sectores jurídicos. Fossato recordó que se presentaron tres prontos despachos (un recurso no habitual para exigir celeridad) y hasta un pedido de acceso a la información para conocer el dictamen fiscal, que estaba reservado. "Nada de esto es normal en un proceso que debería ser ágil", sostuvo.

El caso tiene ramificaciones políticas: la jueza electoral Mariel Zanini había avalado originalmente el cronograma de elecciones para reformar la Constitución, y un fallo del juez Sergio Pepe descartó irregularidades en el decreto cuestionado. Sin embargo, la intervención del STJ, que asumió una causa que en otras jurisdicciones suele derivarse al fuero electoral, generó una inusitada tensión. Es que la Justicia no debe suspender elecciones salvo que haya una violación flagrante a la Constitución. Esto, para entender de muchos, altera directamente el sistema democrático.

Con Löffler apartado, el Gobierno confía en que el tribunal zanje pronto el conflicto. "Esperamos un fallo conforme a derecho, que respete la división de poderes", dijo Arroyo. Fossato, en tanto, advirtió que, si la sentencia valida la reforma, la Justicia Electoral deberá fijar nuevos plazos para reactivar el proceso. De lo contrario, el Ejecutivo evaluará "otros caminos", aunque evitó precisarlos.

La decisión marcará un precedente: nunca en la historia argentina una elección estuvo suspendida tanto tiempo por una cautelar. Para los entrevistados, el mensaje del Superior Tribunal de Justicia fue claro al aceptar la recusación: las demoras injustificadas y las injerencias en otros poderes no son en absoluto admisibles.

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