Durante el primer semestre de 2024, las interrupciones voluntarias y legales del embarazo en Tierra del Fuego cayeron en un 24% en comparación con el mismo período de 2023.
De acuerdo con los datos proporcionados a FM Master’s por el Dr. Jorge Farina, referente del programa de Salud Sexual provincial, la reducción en los procedimientos de interrupción voluntaria de embarazos refleja un cambio significativo en Tierra del Fuego, sugiriendo posibles factores vinculados a la educación sexual, el acceso a métodos anticonceptivos y la evolución de las políticas sanitarias.
Esta reducción ha sido interpretada como un posible indicador de mejor adhesión a los métodos anticonceptivos, en virtud de una política de salud que garantiza a las usuarias de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) acceso a anticonceptivos tras cada procedimiento. “Tomando el primer semestre del 2023 versus el primer semestre del 2024, las interrupciones de embarazo disminuyeron un 24%”, afirmó Farina, quien destacó este logro en términos de salud reproductiva.
Durante 2023, se realizaron 565 interrupciones de embarazo en Tierra del Fuego, de las cuales el 14% requirieron internación, mientras que la mayoría fueron procedimientos ambulatorios. “Al ser voluntario, al ser ambulatorio, no se visibiliza, entonces es una realidad sanitaria que no todos están viendo. Sí, por ejemplo, en 2023 fueron 565 en toda la provincia: 325 en Ushuaia, 219 en Río Grande y 19 derivadas de Tolhuin”, puntualizó Farina. Las estadísticas de este año hasta junio registraron un total de 158 interrupciones, reflejando la disminución interanual mencionada.
En cuanto al contexto sanitario y la distribución de los procedimientos en Tierra del Fuego, Farina explicó que existe una mayor concentración de interrupciones en Ushuaia en comparación con Río Grande, y que la totalidad de los procedimientos se realiza en el sistema de salud público, incluyendo a pacientes derivadas del sector privado.
La infraestructura en ambas ciudades presenta diferencias notables en el acceso a ciertos niveles de atención. Mientras que en Ushuaia el Hospital Regional cuenta con recursos para internación en el caso de procedimientos que lo requieran, en Río Grande la totalidad del personal médico del servicio de ginecología se ha declarado objetor de conciencia. Esto genera la necesidad de derivar a Ushuaia a las pacientes de Río Grande que requieren internación, ya que en esta última ciudad sólo se realizan interrupciones ambulatorias en el primer nivel de atención. «En el caso de Río Grande, todo el servicio es objetor de conciencia, por lo tanto, en Río Grande no hay segundo nivel de atención”, señaló Farina.
El profesional detalló que la legislación argentina establece que las interrupciones voluntarias del embarazo pueden realizarse hasta la semana 14.6 de gestación, únicamente en función de la voluntad de la usuaria. A partir de la semana 15, las interrupciones requieren una causa específica, como cuestiones de salud o situaciones de violencia sexual. “La interrupción legal del embarazo requiere que haya una causal, ya sea una causal de salud o una causal por violencia sexual”, explicó Farina, recordando los límites y requisitos fijados por la ley.
Sobre la práctica médica y las técnicas empleadas, el Dr. señaló que actualmente se utiliza un tratamiento combinado de dos fármacos, uno de los cuales se administra dos días antes del misoprostol. “Antes siempre se hablaba del misoprostol. Ahora se combina con otra droga”, comentó. Este enfoque permite que muchas interrupciones puedan realizarse de manera ambulatoria en centros de salud, sin necesidad de hospitalización.
Las complicaciones que surgen de estos procedimientos ambulatorios son escasas, y cuando ocurren suelen implicar abortos incompletos que requieren aspiración endouterina, una intervención que, según Farina, representó menos del 10% de las interrupciones realizadas en 2023.
En relación con el perfil de las pacientes que optan por una interrupción del embarazo, describió que la edad promedio de quienes recurrieron a este servicio en el primer semestre de 2024 fue de 27 años en Ushuaia y 28 en Río Grande, y que la mayoría de las mujeres que solicitaron el procedimiento ya tenían varios hijos, una situación que difiere del estereotipo común de adolescentes sin embarazos previos.
Además, hizo hincapié en el respeto a la objeción de conciencia dentro del sistema de salud. Aunque el personal médico tiene derecho a ejercer la objeción, está obligado a brindar a las usuarias la información necesaria para que puedan acceder al servicio. “Todo aquel personal de salud que se declare objetor de conciencia, no le puede negar la información a la mujer”, explicó. En la práctica, esto significa orientar a la usuaria sobre cómo proceder, incluyendo la indicación de los correos electrónicos de los consultorios IVE en Ushuaia y Río Grande, donde se coordinan las solicitudes y se centralizan las consultas.
El Dr. Farina concluyó refiriéndose a su propia experiencia en el tema de la objeción de conciencia, indicando que él mismo fue objetor antes de la sanción de la ley de 2021. “Presenté mi objeción y el mismo día que se sancionó la ley a nivel nacional, levanté mi objeción”, recordó.
