Tierra del Fuego tiene 26 partidos políticos oficializados, pese a ser la provincia con menos habitantes. La proliferación de sellos electorales contrasta con el creciente desencanto ciudadano con la clase política y el debate sobre su financiamiento.
El crecimiento del número de partidos políticos en Argentina ha sido una constante desde la implementación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 2011, cuando se contabilizaban 491 agrupaciones. Para este año, la cifra asciende a 768, lo que representa un incremento del 56%.
Dentro de este panorama, Tierra del Fuego cuenta con 26 partidos oficializados, lo que la posiciona en el decimoquinto lugar del ranking nacional de cantidad de agrupaciones por distrito, con aproximadamente un 3% del total.
El dato resulta significativo si se tiene en cuenta que la provincia es la de menor cantidad de habitantes del país y su padrón electoral es reducido en comparación con otros distritos. La concentración de partidos políticos en la jurisdicción fueguina evidencia la proliferación de sellos electorales en un contexto donde, paradójicamente, el descontento ciudadano con la clase política se mantiene elevado.
A nivel nacional, la Ciudad de Buenos Aires encabeza la lista con 90 partidos habilitados, pese a ubicarse en el cuarto lugar en cantidad de electores. Buenos Aires, con más de 13 millones de votantes, registra 81 agrupaciones, seguida por Córdoba (48), Corrientes (43) y Santa Fe (39). En el otro extremo, Santa Cruz y La Pampa cuentan con 13 cada una, la menor cantidad del país.
La tendencia al crecimiento del número de partidos políticos responde a diversos factores, entre ellos la falta de incentivos para reducir la oferta electoral. «Todavía sigue siendo un negocio crear partidos políticos y tener a disposición un sello. Tenemos un sistema de partidos bastante desordenado y la aparición de La Libertad Avanza lo desordenó más», sostuvo Pablo Secchi, director ejecutivo de la ONG Poder Ciudadano. En su análisis, el éxito de nuevas fuerzas en las elecciones podría incentivar a más sectores a generar estructuras propias en el futuro.
El problema de la fragmentación política radica en que muchas de estas agrupaciones carecen de una base ideológica clara y terminan funcionando como herramientas de negociación dentro del sistema de alianzas. «Lo que pasa muchas veces es que estos partidos se crean para negociar. Entonces, determinado político, en vez de pelear por dentro de su partido, crea uno nuevo para negociar dentro de una alianza», explicó Secchi.
Uno de los aspectos que alimenta la proliferación de partidos es el financiamiento público. En las PASO de 2021, el Estado destinó casi $1.700 millones a la impresión de boletas, de los cuales una parte terminó en agrupaciones que no lograron superar el 1,5% de los votos necesario para avanzar a la elección general. En 2023, ese gasto ascendió a más de $8.000 millones. La ausencia de controles efectivos sobre el destino de los fondos permite que algunos partidos retengan recursos sin imprimir la totalidad de las boletas para las que reciben financiamiento estatal.
Frente a este escenario, el Gobierno ha impulsado una reforma electoral que busca reducir la cantidad de partidos y avanzar en la implementación de la boleta única de papel, con el objetivo de disminuir los costos del proceso electoral. Aunque este mecanismo eliminaría los fondos destinados a la impresión de boletas, otras fuentes de financiamiento como el Fondo Partidario Permanente y los aportes extraordinarios de campaña seguirán vigentes, lo que mantiene abierta la discusión sobre el uso de recursos públicos en el sistema político.
Mientras tanto, la cifra de partidos continúa en ascenso y, en el caso de Tierra del Fuego, se mantiene en niveles que reflejan un fenómeno extendido a lo largo del país. En un contexto de descrédito de la política, la creación de nuevas estructuras partidarias parece no encontrar límites, aunque su impacto real en la representación ciudadana sigue siendo una cuestión debatida.
