Un informe del IARAF reveló que Tierra del Fuego quedó entre las jurisdicciones más perjudicadas del país por la caída de transferencias nacionales durante la era libertaria. El golpe combina recorte de fondos discrecionales, baja de coparticipación y mayor presión sobre una provincia con crisis industrial, déficit creciente y necesidad de financiamiento.
Tierra del Fuego aparece como uno de los casos más críticos del ajuste aplicado por el gobierno de Javier Milei sobre las provincias. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el distrito fue el más perjudicado de la Patagonia en términos per cápita y el segundo a nivel nacional al medir la pérdida de transferencias nacionales entre enero de 2024 y febrero de 2026.
El dato tiene fuerte peso político y económico porque expone que, detrás del discurso de equilibrio fiscal de la Casa Rosada, la motosierra impactó con especial dureza en provincias chicas y financieramente más expuestas. En el caso fueguino, la pérdida total fue de $362.000 millones, pero el verdadero daño se observa al dividir ese recorte por cantidad de habitantes: el ajuste escaló a $1.980.000 por habitante, sólo por detrás de La Rioja. Ese resultado surge de la combinación de una caída de $1.014.081 por habitante en transferencias no automáticas y de $966.000 por habitante en transferencias automáticas.
Desde el punto de vista político, el dato refuerza la idea de que la relación entre la administración de Milei y Tierra del Fuego no sólo está atravesada por diferencias ideológicas, sino también por una política de ajuste que golpea de lleno sobre la capacidad financiera del Estado provincial. El portal Letra P remarcó que el impacto recayó sobre la gestión de Gustavo Melella en un momento de máxima fragilidad fiscal, con un déficit mensual de $27.000 millones y con el Ejecutivo buscando autorización legislativa para ampliar herramientas de financiamiento y endeudamiento.
El problema no se reduce a los envíos discrecionales que dependen de la firma del Ministerio de Economía. También afecta a la coparticipación, que cayó por la retracción de la actividad económica y de la recaudación de impuestos coparticipables. El propio IARAF atribuyó la baja de las transferencias automáticas al desempeño de tributos como IVA y Ganancias, además de cambios tributarios que redujeron la recaudación real. Para una provincia como Tierra del Fuego, cuya economía ya viene golpeada por la caída de actividad y la incertidumbre sobre su esquema industrial, ese deterioro impacta sobre el financiamiento cotidiano del Estado.
En términos concretos, menos transferencias significan menos margen para sostener salarios, asistencia social, obras, servicios y funcionamiento general de la administración. También implica mayor dependencia de adelantos de coparticipación o de mecanismos de deuda para cubrir baches de caja. Letra P señaló que la provincia figura entre las jurisdicciones que recibieron anticipos financieros nacionales y que esos auxilios se vienen repitiendo en lo que va del año, un dato que expone hasta qué punto el esquema fiscal fueguino quedó bajo tensión.
El impacto es todavía más delicado en Tierra del Fuego porque el ajuste nacional coincide con otro frente de crisis: la ofensiva sobre el régimen de promoción industrial y la desaceleración de sectores clave de la economía local. En ese contexto, la caída de fondos nacionales no aparece como un dato aislado, sino como un factor que agrava un cuadro más amplio de enfriamiento económico, menor recaudación y creciente conflictividad sobre el gasto público. Esta lectura también surge del artículo de Letra P, que vincula la poda de recursos con la situación estructural que atraviesa la provincia.
Fuente: IARAF
