La provincia emprenderá acciones judiciales contra las empresas que se involucren en la edificación de un mega puerto en nuestras islas Malvinas, como medida de protección de sus recursos y jurisdicción.
La provincia de Tierra del Fuego, a través de su secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, presentó una respuesta ante el ambicioso proyecto de construir un puerto en las Islas Malvinas. Esta iniciativa, impulsada por el gobierno de los ocupantes kelpers del archipiélago, genera preocupación en la provincia, que ve en ella una amenaza directa a su soberanía y a la explotación sostenible de sus recursos naturales.
En declaraciones formuladas en FM Master’s, Dachary señaló que «hay una segunda oleada de intento de fortalecer las capacidades logísticas en Malvinas por parte de los británicos, obviamente con miras a tener mayor capacidad operativa en la explotación de hidrocarburos, en la pesca». Esta preocupación no es infundada, ya que la construcción de un puerto en las Islas Malvinas podría facilitar la extracción de recursos naturales en aguas disputadas, pertenecientes en definitiva a la provincia.
El secretario recordó el precedente de hace dos años, cuando la provincia logró detener un proyecto similar mediante acciones legales, en concordancia con protestas ambientales en las islas. «Ese puerto no se llevó adelante, o la construcción de esta empresa no llevó adelante. Si bien, incidió mucho nuestra intimación, también ambientalistas de las propias islas estaban en desacuerdo con todo el impacto ambiental que iba a tener esta iniciativa», afirmó Dachary.
En esta ocasión, la provincia seguirá una estrategia similar, buscando intimar a la empresa constructora y a sus proveedores para que respeten las leyes provinciales. «Vamos a avanzar en una intimación a la empresa para que regularice, como si estuviese avanzando con este proyecto en cualquier otra parte de nuestra provincia. En el caso de que no responda, o la respuesta no sea satisfactoria, la Ley prevé 90 días hábiles de plazo perentorio, se avanzará con el proceso ya de judicialización», explicó el funcionario.
Además de las medidas legales, la provincia está rastreando a todos los proveedores y clientes asociados con el proyecto para notificarles sobre el litigio pendiente. «Estamos rastreando con todos los equipos, toda la cadena de proveedores y de clientes, con todas las empresas en distintas partes del mundo que están asociadas a quienes van a llevar adelante este proyecto, para, llegado el caso, remitir cartas documentos notificando que esta empresa se encuentra en litigio con la provincia de Tierra del Fuego», añadió el secretario.
Sin embargo, Dachary reconoció los desafíos inherentes a la situación, especialmente con el tácito respaldo del gobierno argentino a las autoridades ilegítimas de Malvinas. «La respuesta puede ser favorable, pero honestamente es difícil ser optimistas pensar que la empresa presente toda la documentación porque, obviamente, entraría en conflicto con el gobierno ilegítimo», comentó.
A pesar de las difíciles condiciones, la provincia está decidida a proteger sus intereses y su soberanía nacional. Dachary subrayó la importancia de mantener una comunicación coherente en la defensa de los recursos naturales y la búsqueda de apoyo internacional a través de canales establecidos por la Convención de La Haya. «Nuestro interés es avanzar rápidamente en la judicialización, e impedir cualquier tipo de operación de esta empresa y de sus empresas asociadas en alguna otra parte de la Argentina», afirmó.
En última instancia, la provincia de Tierra del Fuego está comprometida a tomar medidas para proteger sus recursos y territorio. Aunque el resultado final es incierto, la provincia está obligada a hacer valer sus derechos y defender su soberanía frente a cualquier amenaza externa.
