El síndico de la empresa provincial aseguró que los organismos de fiscalización actúan con rigor y desmintió versiones sobre irregularidades en el manejo de fondos. Destacó que la compañía opera bajo normativas privadas pese a su capital estatal.
En medio de cuestionamientos públicos sobre la gestión de Terra Ignis, el contador Rafael Pereyra Ramos, síndico de la empresa, salió al cruce de las críticas y aseguró que tanto el Tribunal de Cuentas de la Provincia como la Inspección General de Justicia (IGJ) ejercen un control estricto sobre sus operaciones. "Nosotros en la sindicatura hacemos un control velando justamente por el beneficio y por el interés de los accionistas, que son el gobierno de la provincia y la AREF", afirmó en declaraciones a Radio Provincia.
Pereyra Ramos desmintió categóricamente las versiones que señalaban pérdidas millonarias en la empresa. "Se ha dicho, por ejemplo, de una manera a lo mejor muy ligera, que se perdieron 237 millones de pesos con un capital de 300, que es lo mismo que comparar peras con manzanas", explicó. Aclaró que el resultado negativo ajustado por inflación no representaba una pérdida operativa real, sino un efecto contable: "Los gastos de ese ejercicio fueron 19 millones de pesos que, ajustados por inflación, dieron 23 millones, y los 214 millones restantes fueron producto del ajuste por inflación negativo sobre el capital inicial inmovilizado".
Respecto a las acusaciones de favoritismo por parte de la Inspección General de Justicia en la aprobación de la empresa, el síndico fue contundente: "Nada más lejano a la realidad". Relató que el organismo incluso exigió una reforma del estatuto por un detalle formal. "Cuando se hizo el estatuto de Terra Ignis, por un error, no se pusieron las profesiones de los integrantes del primer directorio, como exige la ley. La IGJ nos obligó a modificar el estatuto para corregirlo", detalló. Y añadió: "Todo lo que se dijo de que la IGJ favoreció es completamente falso. Es un organismo que trabaja con un contralor impecable".
Sobre la naturaleza jurídica de Terra Ignis, Pereyra Ramos aclaró que no se trata de una SAPEM (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria), sino de una sociedad anónima privada con accionistas públicos. "Se hizo así porque originalmente se pensó en la posibilidad de cotizar en bolsa", explicó.
En cuanto a los fondos manejados por la empresa, el síndico aseguró que todos los movimientos están documentados. "En la contabilidad de Terra Ignis figuran exactamente todos los ingresos y egresos", señaló. Mencionó específicamente la Resolución 176/24 del Ministerio de Economía, que autorizó transferencias para el alquiler y la instalación de equipos en Ushuaia. "Ese dinero no entró todo, todavía quedan más de 600 millones por ingresar", precisó.
Finalmente, Pereyra Ramos confirmó que la empresa está bajo la supervisión del Tribunal de Cuentas, al que le ha presentado documentación en múltiples oportunidades. "Si tienen alguna inquietud, la solicitan, como ya hemos aportado en varias oportunidades", concluyó.
Con estas declaraciones, el síndico Rafael Pereyra Ramos buscó despejar dudas y reafirmar la transparencia en la gestión de Terra Ignis.
