El gobierno le debe a la empresa que realiza la construcción del microestadio en Río Grande al menos el pago de dos certificados y eso provocó el atraso en los salarios de los trabajadores de la contrucción. La UOCRA tomó intervención y el Ministerio de Obras Públicas se comprometió a regularizar la situación.
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El gobierno provincial no logró articular un cronograma para dar clases y avanzar con la obra en el techo del colegio, y suspendió el dictado “hasta nuevo aviso”, o supuestamente hasta que terminen con los trabajos. La inoperancia nuevamente castiga a alumnos y trabajadores.
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El ex subsecretario de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Gustavo Gabriel Caro, condenado por la Justicia Federal a 2 años y 8 meses de prisión por integrar una banda narco, trabajó un tiempo para la empresa de camiones de los hermanos Franco y Ciro Sevilla, también vinculados a causas de narcotráfico y uno de ellos contratista del Ministerio de Obras Públicas que conduce Gabriela Castillo a pesar de estar catalogado como “deudor incobrable” ante el Banco Central.
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Franco fue procesado por tenencia para su comercialización de 6 kilos de droga en su casa. Ciro es otro proveedor del gobierno provincial en situación de deudor incobrable ante el Banco Central. Ambos trabajaron activamente en 2019 en la campaña de FORJA.
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Lo confirmó el rector del establecimiento. Es la cuarta interrupción del cursado en lo que va del año. Esperan en la tarde del miércoles por la solución. Pese a las obras en curso, los problemas edilicios y de infraestructura siguen vigentes.
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Docentes de la institución dieron a conocer que las clases no se encontraban suspendidas durante las obras por presiones del
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El ex subsecretario de Obras y Servicios Públicos de la gestión de Gustavo Melella, acusado de integrar una banda de narcotraficantes con base en la ciudad de Río Grande que ingresó a la provincia 24 kilos de marihuana en plena pandemia de coronavirus, fue condenado por la Justicia Federal a 2 años y 8 meses de prisión por el delito de “confabulación en la comercialización de estupefacientes”.
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La gestión del gobernador Gustavo Melella desistió de la utilización de fideicomisos de obra pública debido a las múltiples observaciones de falta de transparencia de ese mecanismo señaladas por la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas.
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Es la obra más publicitada por la Administración Melella. El atraso en los pagos derivó en la cese de las actividades. Los trabajadores dejarán de percibir sus salarios por la falta de pago de certificados.
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Lo afirmó el dirigente del sindicato que representa a los trabajadores de la Dirección Provincial de Energía. Lo adjudicó a la falta de inversión, principalmente, y al descalabro administrativo global de la gestión de Mancini, Solorza y Castillo.
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