El legislador advirtió que la venta de terrenos nacionales compromete la planificación futura de Ushuaia y reclamó una respuesta institucional conjunta para negociar con Nación antes de perder definitivamente espacios considerados estratégicos para la ciudad.
La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la subasta de terrenos de alto valor urbano en Ushuaia exige, para el legislador provincial Federico Sciurano, una respuesta institucional que trascienda las diferencias partidarias y coloque en primer plano la planificación de la ciudad. El ex intendente capitalino considera que todavía existe margen para buscar un acuerdo con Nación, pero cuestiona la estrategia seguida hasta ahora y advierte sobre las consecuencias de perder el control de espacios decisivos para el desarrollo futuro.
En declaraciones a FM Ushuaia, Sciurano partió de las limitaciones territoriales que condicionan cualquier expansión urbana: “Somos la única ciudad del país que está estrangulada por la cordillera de los Andes y, en este caso, el canal de Beagle, que evidentemente genera restricciones de planificación y urbanas”. Esa particularidad, sostuvo, obliga a otorgar a cada decisión sobre el suelo una dimensión diferente a la que podría tener en otras ciudades.
Desde esa perspectiva, el exintendente planteó que la discusión no debería concentrarse solamente en la potestad jurídica de Nación sobre los predios, sino en garantizar su incorporación a una estrategia de crecimiento. “El tema de fondo en realidad es el hecho de que tengamos la seguridad de que esos predios no van a dejar de ser parte del futuro que tiene dentro del marco de una planificación la ciudad de Ushuaia”, afirmó.
Su principal cuestionamiento apunta a la falta de una posición institucional unificada. Para Sciurano, “uno de los grandes faltantes que está teniendo hoy la ciudad es la unificación de criterio”, pero esa construcción debería realizarse “no de manera político-partidaria sino plantearlo como una sociedad que reacciona ante su propio futuro”. Consideró que las discusiones públicas sobre la propiedad de los terrenos consumieron tiempo sin modificar el problema central y reclamó una intervención coordinada de las autoridades locales.
A su entender, el municipio debió convocar inicialmente a los sectores vinculados con el desarrollo de Ushuaia y, a partir de allí, solicitar formalmente un encuentro con la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el Gobierno nacional. “Lo primero que debió haber hecho la Municipalidad debió haber organizado una reunión con los distintos actores que son trascendentes y fundamentales para justamente los desafíos que tenemos a futuro”, señaló. Ese proceso, agregó, debía concluir en “una solicitud de reunión con AABE, con el Gobierno Nacional con la institución nacional que hoy está atrás de esta toma de decisión”.
Sciurano considera que una presentación conjunta, respaldada por las herramientas de planificación existentes, habría colocado la discusión en otro escenario: “Yo no tengo duda de que si efectivamente una reunión de todas las representatividades que tiene Ushuaia hubiera solicitado de manera orgánica, más allá de lo partidario, una reunión orgánica con el Gobierno Nacional con un plan donde transmitís lo que marca el plan estratégico 1 y 2 y las conclusiones que eso te trae y te obliga a ver y a escuchar, hoy estaríamos hablando de otra cosa”.
Por el contrario, describió la respuesta desarrollada hasta ahora como tardía: “La reacción sigue siendo la misma, es correr atrás de la cola del perro”. En ese contexto, advirtió que “el Gobierno Nacional va a llevar adelante la subasta como la tiene planificada” y recordó que, pese a distintos anuncios públicos, hasta el momento “no hubo ninguna denuncia para frenar la teórica subasta de la que hace rato se viene hablando” ni “ninguna solicitud de reunión con el Gobierno Nacional”.
El impacto, según su análisis, excederá ampliamente a la administración municipal de turno. “Claramente la que se va a ver perjudicada es la ciudad, Ushuaia, no la gestión municipal, porque la gestión municipal en un año y medio ya no está más”, sostuvo, y alertó que los residentes podrían “perder el manejo y el dominio de tierras trascendentes y estratégicas para el desarrollo y el futuro que tenemos por delante”.
La relevancia de esos espacios aparece también vinculada con los vacíos urbanos identificados por los planes estratégicos. Sciurano estimó que “los vacíos urbanos que tenemos permiten prácticamente un 50% más de ciudad urbana habitable en la medida que sea administrado con responsabilidad y con criterio”, y recordó que la planificación de esos sectores lleva décadas. “Temas que hoy estamos debatiendo aparentemente como una novedad, la ciudad tiene en agenda hace más de 20 años”, señaló.
En esa trayectoria ubicó las gestiones municipales anteriores a 2015 y la relación sostenida con organismos nacionales y las Fuerzas Armadas para abordar el uso del suelo. A modo de ejemplo mencionó la apertura de una calle dentro de un predio de la Base Naval y reivindicó una continuidad institucional que, según su evaluación, posteriormente se perdió. “Lo que la ciudad necesita hoy es recuperar el accionar de planificación”, afirmó, al tiempo que reclamó volver a considerar estas cuestiones como políticas de ciudad y no como disputas entre espacios partidarios.
Si esa lógica no cambia, Sciurano vislumbra un desenlace determinado por la capacidad económica de los oferentes: “Esto va camino a que el que tenga más plata va a terminar comprando esos predios”. Una eventual inversión privada, además, tendría una perspectiva de largo plazo porque, según sostuvo, “el tipo que venga y compre o haga una inversión de estas características va a venir pensando en los próximos diez o veinte años”.
Las limitaciones actuales de los servicios públicos tampoco modificarían necesariamente ese escenario. El legislador reconoció los problemas existentes con el gas y la energía eléctrica, pero consideró que quienes puedan desembolsar varios millones de dólares conocerán esas restricciones y evaluarán la rentabilidad futura. Por eso entendió que la respuesta no pasa centralmente por las factibilidades de servicios, sino por recuperar capacidad política para negociar el destino de los terrenos.
En ese punto ubicó la alternativa que considera todavía necesaria: “Es un acuerdo político entre una ciudad y la Nación para poder planificar de la mejor manera su futuro”. Sciurano sostuvo que una solución específica para Ushuaia tendría una incidencia económica mínima para el Estado nacional, mientras que para la capital fueguina representaría “un antes y un después”.
Frente a una discusión cuyos efectos podrían extenderse durante décadas, reclamó finalmente abandonar las diferencias coyunturales y recuperar una perspectiva institucional de largo plazo: “Está faltando el criterio del estadista que se da cuenta de lo que tiene por delante y actúa en función de eso”, afirmó, porque la decisión sobre esos terrenos “va a impactar en el futuro de la generación que viene atrás nuestro y la posterior a esa. Eso es lo que estamos discutiendo ahora”.






