El intendente de Río Grande anunció que el municipio recurrió a la Justicia Federal por la quita de subsidios al transporte público. Perez busca mantener precios accesibles y llamó a la cooperación entre municipios frente a la eliminación de apoyo nacional.
El intendente de Río Grande, Martín Perez, anunció la presentación de una medida judicial en respuesta a la eliminación por parte de Nación de los subsidios al transporte público de pasajeros.
En una entrevista concedida a Radio Fueguina, Perez informó que el municipio presentó estrictamente un recurso de amparo ante el Juzgado Federal, buscando la intervención de la jueza Mariel Borruto.
«Nuestra asesoría letrada hizo una presentación en el Juzgado Federal, aquí en Río Grande, para solicitarle a la jueza que nos ayude, que intervenga, que dictamine respecto a la importancia que tiene el subsidio nacional para poder sostener un boleto acorde a la situación que está viviendo la gente», expresó el jefe comunal.
El alcalde expresó su preocupación por el posible impacto en el precio del boleto, señalando que «hoy estamos hablando de un boleto que debería estar casi en 1.500 pesos y la verdad que eso no lo podemos permitir de ninguna manera». Destacó la importancia de mantener un boleto accesible para la comunidad en general.
Además, Perez hizo hincapié en que esta problemática no es exclusiva de Río Grande, sino que afecta a toda la región patagónica y al país en su conjunto. «Con los intendentes hablábamos de eso, de cómo podemos hacer para trabajar en conjunto, para darnos acciones en común que nos permitan defender a nuestra ciudad, ni más ni menos ante una situación tan adversa como la que nos toca atravesar», dijo a ese respecto.
El intendente también criticó la polarización política y urgió a encontrar soluciones a través del diálogo y la cooperación. «Hay que terminar con esta idea de que existe una grieta casi desde la lógica, de volver a 200 años atrás en conflicto entre unitarios y federales», expresó.
Asimismo, subrayó las dificultades que enfrentarían los municipios si se ven obligados a absorber los costos adicionales del transporte público, haciendo hincapié en que esto podría comprometer otros servicios esenciales. «¿Tengo que cerrar un centro de salud municipal, por ejemplo, para poder sostener el transporte público? Eso no lo podemos hacer y no lo vamos a hacer», añadió finalmente Martín Perez.
La presentación del amparo refleja la intención del Municipio de Río Grande por garantizar el acceso asequible al transporte público de pasajeros en la ciudad, en un contexto de crecientes presiones económicas.
