Marcelo Guzmán fue denunciado por violencia de género en 2022. Su ex pareja, Carla Kirstein, hizo público un video con las huellas de una golpiza. El juicio está previsto para 2026. Pero Kirstein desistió de ser querellante y llegó a un acuerdo privado en medio de problemas personales. El rol clave de la Fiscal de Género.
El riesgo de que pueda quedar impune el caso de violencia de género grave denunciado por la ex pareja de un relator del Superior Tribunal de Justicia (STJ) empezó a sobrevolar el expediente a partir de una serie de circunstancias que proponemos analizar en esta nota.
El funcionario judicial aludido es Marcelo Guzmán, relator del juez del STJ Ernesto Loffler. En agosto de 2022, Guzmán fue denunciado por su pareja Carla Kirstein, quien lo acusó de haberla golpeado ferozmente y subió a las redes sociales un video donde se la veía con el rostro y el cuerpo desfigurados por la paliza.
“Me ha hecho cosas que ni en una película aparecerían. No me gusta ventilar mi intimidad, pero lo hago porque temo por mi vida”, dijo en ese momento la mujer.
El caso generó de inmediato una gran conmoción con alcance nacional. Guzmán fue separado provisoriamente del cargo (cobra un porcentaje del sueldo) mientras se sustancia la causa. A su vez, el colectivo feminista de Ushuaia llegó a movilizarse hasta la sede del Superior Tribunal para reclamar justicia.
En términos del proceso, el relator fue procesado por el ex juez de instrucción Javier De Gamas Soler en octubre del mismo año. Lo acusaron de los delitos de “lesiones graves agravadas por haber sido cometidas contra su pareja en el marco de una situación de violencia de género” (en un hecho) y “lesiones leves” (en otros dos) ambos en “concurso real”. También lo embargaron por la suma de un millón de pesos de aquel momento.
El fallo fue confirmado luego por la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones y las actuaciones fueron elevadas a juicio en abril de 2023.
Sin querella y con acuerdo
Al tratarse de una importante autoridad judicial cuyo trabajo era relatar las sentencias de un juez de la Corte (nada menos que del juez Loffler) las sospechas sobre una posible interferencia política para evitar su juzgamiento se instalaron desde un principio en el trámite de la causa.
El primer indicio de preocupación fue la demora en la fijación de la fecha del juicio y el segundo fue cuando la fecha finalmente se conoció: 26 de octubre de 2026, es decir cuatro años después de la denuncia y del procesamiento.
En 2024 se supo que la ex fiscal Karina Echazú (una especialista en casos de violencia de género) dejó de ser la abogada de Kirstein. También dejó de representarla (desde junio de 2024) la ex gobernadora Fabiana Ríos, miembro de organizaciones feministas de Ushuaia y una de las principales voces cuando el caso se hizo público.
A todo esto, Carla que primero había tenido que batallar judicialmente para regresar a su provincia natal (Chaco) junto a su hija, después regresó a Tierra del Fuego revelando que nunca había recibido la ayuda estatal que se le había prometido para reencausar su vida.
La novedad de los últimos meses es que la mujer, ya con nueva representación legal, desistió de ser parte querellante en el expediente.
No solo eso. Fuentes judiciales consultadas confirmaron la presentación de un acuerdo privado entre las partes (es decir entre Kirstein y el funcionario Guzmán) que promovería una compensación económica en favor de la víctima de las agresiones.
Las razones por las que Carla aceptó desistir de la querella y firmar un acuerdo privado no fueron explicadas todavía públicamente por la denunciante, que además dejó de contestar los llamados y mensajes que antes solía responder.
A nivel de versiones se menciona una grave enfermedad diagnosticada a alguien de su entorno íntimo como causa del cambio de postura, pero ello no pudo ser corroborado hasta el momento.
Lo que sí corresponde destacar es que el desistimiento de la parte querellante y la firma de un acuerdo privado entre las partes no agota la instancia penal cuando en el medio hay un delito de acción pública, como son las lesiones graves.
Para estas circunstancias es el fiscal interviniente, en este caso la fiscal de género María Paula Schapochnik, la que puede sostener la acusación y llevar adelante el juicio como titular de la acción pública.
Hasta el momento la fiscal ha optado por no expresarse públicamente sobre la situación y fuentes judiciales explicaron que aún no se ha expedido en el expediente sobre los pasos a seguir.
Es de esperar que lo haga a la brevedad pero en especial, sería deseable que lo haga en el sentido de la realización del juicio oral en la fecha prevista para el año próximo.
Porque si el hecho de que la denunciante atraviese ahora momentos personales difíciles, que la hayan llevado a desinteresarse del desenlace de la causa, llevaran a la Fiscalía a una actitud similar, estaríamos ante un peligro todavía superior.
Es evidente que Carla Kirstein viene soportando una cadena de sucesos penosos que va salteando e intentando superar de la mejor manera que puede. Pero ello no puede convertirse en un premio de impunidad para el supuesto agresor, que además es un alto funcionario de la Justicia fueguina.
Si así sucediera, podría ser leído socialmente como un encubrimiento institucional o como un pacto de impunidad, algo que difícilmente pueda soportar la ya alicaída imagen del Poder Judicial de la provincia.
Cualquier caso delicado merece un juicio, pero si además involucra a funcionarios poderosos, el juicio es una obligación de todas las partes.
