La Legislatura derogó por 11 votos a 4 la ley que habilitaba la reforma constitucional en una sesión desprolija y cargada de tensiones. La disputa entre sectores del peronismo, FORJA y Provincia Grande profundiza la incertidumbre institucional mientras el calendario electoral sigue en marcha.
En una sesión atravesada por desorden, cruces y fuertes diferencias políticas, la Legislatura de Tierra del Fuego derogó la ley de convocatoria a la reforma constitucional apenas semanas después de haber sido sancionada. La votación, que se resolvió con 11 votos a favor y 4 en contra, no solo dejó en evidencia la fragilidad del consenso político en Tierra del Fuego, sino también una profunda crisis dentro del propio oficialismo ampliado.
En efecto, el debate expuso argumentos contrapuestos. Por un lado, quienes impulsaron la derogación se agarraron que el costo del proceso resultaba inviable en el actual contexto económico provincial. A esto se sumó el dictamen de la Comisión N° 1, que planteó que no estaban dadas las condiciones políticas ni sociales para avanzar con una reforma de esa magnitud, a pesar que se presentaron situación de igual gravedad socio economía y el sistema político provincial las avaló sin mayor inconvenientes (Por ejemplo la ampliación del Superior Tribunal de Justicia de 3 a 5 miembros en plena cuarentena y la ampliación de la legislatura en 2027 de 15 a 19 legisladores).
Por el otro, los bloques que votaron en contra, principalmente FORJA y Sumemos Tolhuin, defendieron la continuidad del proceso constituyente y cuestionaron la decisión de dar marcha atrás con una ley recientemente aprobada. Así, en el recinto se reflejó una disputa que excede lo técnico o presupuestario y se inscribe de lleno en una puja de poder de cara al 2027. También sobrevuela la sensación que ninguno de los potenciales candidatos a la gobernación quiere ir a una elección en pleno invierno fueguino.
Sin embargo, el trasfondo más relevante es la creciente tensión interna entre los espacios que, hasta las elecciones de 2023, habían logrado mostrarse cohesionados electoralmente: sectores del peronismo, FORJA y Provincia Grande. Esa unidad, que había sido clave para sostener competitividad política, hoy aparece profundamente resquebrajada, con diferencias que se trasladan abiertamente al ámbito legislativo.
En consecuencia, esta fragmentación no solo complica la gobernabilidad, sino que además comienza a tener impacto directo en el escenario electoral. La falta de una estrategia común y las disputas públicas entre estos espacios terminan, en los hechos, allanando el camino para el crecimiento de La Libertad Avanza, que capitaliza el desorden y la falta de previsibilidad frente a una sociedad que hasta hace poco veía a estos sectores como parte de un mismo armado político. Los libertarios fueguinos, a diferencia de sus posibles contrincantes electorales, no tienen responsabilidad ejecutiva en la provincia.
A este cuadro se suma un elemento institucional delicado: la ley sancionada será, con alta probabilidad, vetada por el Poder Ejecutivo. Para insistir con su vigencia, la Legislatura deberá volver a reunir nuevamente los 11 votos, lo que anticipa un nuevo capítulo de confrontación política. Para el caso que la oposición logre la insistencia, el Ejecutivo provincial seguramente judicializará la ley que volvió a interrumpir el proceso constituyente iniciado a finales de 2023.
Mientras tanto, el cronograma electoral sigue corriendo bajo la órbita del Juzgado Electoral Provincial. Este punto agrava la incertidumbre, ya que la provincia vuelve a atravesar —por segunda vez— un intento de frenar una convocatoria a elecciones abiertas y obligatorias en pleno proceso.
De este modo, la superposición de decisiones contradictorias —una ley que se sanciona, se deroga y podría ser vetada, junto a un calendario electoral en marcha— genera un escenario de creciente inseguridad jurídica. Sobre este escenario de crisis, hay que considerar que la falta de reglas claras en Tierra del Fuego no solo afecta a los actores políticos, sino también a la ciudadanía y a los distintos sectores económicos radicados en suelo fueguino, que enfrenta un panorama confuso respecto de sus derechos y obligaciones electorales.
En definitiva, lo ocurrido en la Legislatura no puede leerse únicamente como un episodio aislado. Por el contrario, revela una crisis más profunda, donde la desarticulación del oficialismo, la incertidumbre institucional y la volatilidad normativa configuran un escenario que debilita la confianza pública y reordena el tablero político en la provincia. Mientras tanto, los violetas celebran que las fuerzas políticas que se impusieron en 2023 estén todas enfrentadas entre sí.
Imagenes: Prensa Legislativa
