La propuesta para crear el Ente Único Regulador de Servicios Públicos divide opiniones. El presidente de la DPOSS cuestiona la duplicidad de funciones y costos, mientras el legislador Villegas defiende la iniciativa como esencial para garantizar derechos y mejorar la calidad del servicio.
La propuesta legislativa del legislador mopofista Pablo Villegas para la creación del Ente Único Regulador de Servicios Públicos (EURE) ha reavivado el debate sobre la necesidad y pertinencia de esta nueva estructura en el ámbito provincial.
El proyecto, que ya había sido presentado en 2018 y reactivado en 2023, busca establecer un organismo independiente para regular servicios esenciales como energía eléctrica, agua potable y desagües cloacales, garantizando un servicio eficiente, seguro y de calidad para los fueguinos.
La iniciativa contempla la posibilidad de dictar normativas, aplicar sanciones, resolver disputas, supervisar planes de mejora y expansión de los servicios, y asegurar una regulación profesional de los servicios públicos.
Una de las novedades respecto del proyecto anterior es la incorporación de un representante ciudadano, en calidad de usuario de los servicios públicos, dentro del directorio del EURE, lo que, según Villegas, fortalecería la participación ciudadana en la supervisión y regulación. “Es imperativo contar con una regulación seria y profesional de los servicios públicos para proteger los derechos de los usuarios”, afirmó el legislador al defender su iniciativa.
Sin embargo, la propuesta enfrenta críticas desde distintos sectores. Cristian Pereyra, director de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS), expresó su desacuerdo al considerar innecesaria la creación de una nueva estructura reguladora. “Un organismo provincial no necesita otra estructura provincial que le diga cómo ser más eficiente”, subrayó Pereyra, quien también advirtió sobre la duplicidad de funciones y el incremento en la erogación dineraria que implicaría su implementación.
Según el funcionario, la existencia de instituciones como el Tribunal de Cuentas y la Legislatura provincial ya garantiza la fiscalización y auditoría necesarias.
Pereyra añadió que la DPOSS no se opone a un mayor control, pero cuestionó la efectividad de sumar otra entidad. “No tenemos problema que haya otra estructura de control, pero no creo que redunde en un mejor funcionamiento de la institución”, afirmó.
Asimismo, señaló que los usuarios ya cuentan con mecanismos para presentar sus reclamos, y que la DPOSS tiene la obligación de darles respuesta.
En cuanto a la participación ciudadana, destacó que en la actual gestión se han realizado seis audiencias públicas para debatir temas como los incrementos tarifarios, aunque recordó que estas no son vinculantes, conforme a la legislación vigente. “Nos nutrimos de lo que nos plantean”, puntualizó.
El funcionamiento de la DPOSS también ha sido motivo de cuestionamientos, particularmente tras la implementación de un sistema de actualización tarifaria mensual y automática para los servicios de agua y cloaca, vigente desde principios de este año. Este mecanismo, aplicado en Ushuaia y Tolhuin, ha generado malestar entre los usuarios debido a la imposibilidad de conocer con antelación el porcentaje exacto de aumento en las tarifas.
En medio de esta controversia, el proyecto del EURE plantea interrogantes sobre la necesidad de equilibrar eficiencia administrativa y control institucional, frente a las demandas de los usuarios y los desafíos propios de la gestión de servicios públicos esenciales en Tierra del Fuego.
