El conflicto en el Banco de Tierra del Fuego va consolidando la política del gobierno provincial de absorber desde el Poder Ejecutivo funciones de los entes autárquicos, como así también para transferir al sector privado negocios que eran realizados por organismos públicos.

No siempre es necesario convertir una empresa del Estado en una Sociedad Anónima para hacerla desaparecer. Alcanza con quitarle los negocios que gestionaba y transferirlos a otro sector, del propio Estado o a empresas del sector privado. El caso del BTF es un buen ejemplo de una manera de privatizar sin privatizar.

Algo similar sucede con el subregimen industrial de nuestra 19.640.

Durante años diversas provincias han intentado lograr beneficios similares y en esas ocasiones todo el arco político fueguino se unió en defensa de una Ley que es fundamental para la continuidad de nuestra Provincia.

En esas ocasiones no estaba en riesgo la vigencia de la Ley, solo se trataba de proyectos que otorgaban beneficios similares en otras regiones. No hacía falta derogar la 19.640 para que Tierra del Fuego se quedara sin empresas y con más de 20.000 nuevos desempleados, alcanzaba con otorgar estos beneficios en Provincias del centro del País.

Esto lo saben bien todos los dirigentes políticos, y a pesar de sus diferencias ideológicas, cuando algún proyecto de estos sobrevuela el Congreso se logra esa unión temporal que nos ha permitido mantener nuestra ley de promoción.

El primer intento

La gestión de Gustavo Melella intentó un camino similar en la Provincia para eliminar a los entes provinciales. Eligieron el camino de quitarles funciones o negocios en lugar de hacerlos desaparecer en una primera instancia.

A días de asumir, Melella envió a la Legislatura media docena de proyectos de leyes de emergencia, entre ellos la emergencia administrativa. En el artículo 9° del proyecto asignaba a la Tesorería general “la potestad de disponer libremente y transferir fondos entre las diversas cuentas que administren las jurisdicciones y entidades y organismos descentralizados sean estos autárquicos o no que conformen el Sector Público No Financiero”. Este fue el único proyecto de emergencia que la Legislatura no aprobó en diciembre del 2019.

Tan solo un año después el Gobierno volvió a intentar administrar libremente los fondos de los entes autárquicos.

Posteriormente, en el proyecto de creación de la empresa ¨Terra Ignis¨ también se incluían competencias que actualmente corresponden a la DPE, tal como lo establecía el artículo tercero del estatuto en el que establecía entre los objetos de la misma “generar, transportar, distribuir y comercializar energía eléctrica, indistintamente que la fuente generadora sea renovable o no renovable”

Al cumplirse el primer año de su gestión, Melella lo intentó nuevamente: esta vez con el decreto 1808/20 mediante el cual pretendió transferir a la Ministra de Obras y Servicios Públicos los fondo del I.P.V.yH., la D.P.E. y la D.P.O.S.S.. Este nuevo intentó le valió un duro cuestionamiento por parte del Tribunal de Cuentas en su resolución Plenaria 053/21 (ver nota “El TCP bloquea un nuevo intento….“)

El caso BTF

En el caso del Banco de Tierra del Fuego la primera detracción de negocios a la entidad fue realizada en los primeros 6 meses de gestión.

El 14 de mayo del 2020 mediante el Decreto N° 675/20 dejaba sin efecto el convenio N 9775 vigente desde junio del 2004 mediante el cual el Banco de Tierra del Fuego era el responsable de gestionar los seguros de todos los organismos del estado. Y la metodología adoptada fue simular que el propio gobierno realizaría las tareas que hasta ese momento, y desde el año 2004, venía desarrollando el BTF para en una segunda instancia trasladar el negocio a una empresa privada en forma directa y sin ningún tipo de proceso de selección (concurso, licitación, etc.) reconociendo que las comisiones que cobraba el BTF las cobraría esta empresa.

En el Decreto de baja del convenio el Gobernador estableció que “la Oficina Provincial de Contrataciones será la encarga de llevar adelante la tarea que fuera encomenda al Banco Provincia de Tierra del Fuego mediante el Convenio N° 9775“.

Los simuladores

A solo dos meses de dar de baja el convenio con el BTF invocando que el propio poder ejecutivo a través de la Oficina Provincial de Contrataciones sería quien realizaría las contrataciones de los seguros oficiales, el Gobernador Melella firmó el Decreto 1000/20 mediante el cual le otorgó a la empresa Martínez Sosa y Cía la exclusividad en la gestión de seguros reconociendo que las comisiones que el BTF cobraba por parte de las compañías de seguros desde el 2004 serían abonadas por éstas a Martínez Sosa y Cía .

Así lo estableció en la claúsula tercera del convenio N° 20.009 estableciendo que “Cómo contrapartida por los servicios prestados por parte de “EL ASESOR” este cobrará su comisión por parte de la empresa aseguradora“.

De esta forma, y sin necesidad de convertir al BTF en S.A., el Gobernador Melella le transfería a una empresa privada una unidad de negocios que según la Asociación Bancaria le representaba al banco una ganancia del orden de los 20 millones de pesos anuales.

Un año después el Gobernador decidió transferir a mutuales y financiera el descuento de haberes del personal de la administración pública medida que de no ser revocada dejaría al banco al borde de la quiebra según los comentarios del sindicato y ex directivos, como el caso del ex Vicepresidente de la entidad, el contador Gabriel Clementino.

Por el momento los únicos referentes políticos que se han expresado sobre el tema han sido el ex Vicepresidente del BTF Gabriel Clementino y los ex Gobernadores Jorge Colazo y Rosana Bertone.