El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) actualizó el informe sobre la tasa de eficacia político-criminal de los Ministerios Públicos Fiscales de Argentina. Tierra del Fuego fue considerada no transparente por falta de información
La tasa básica de eficacia político-criminal tiene por objetivo descubrir qué respuestas les dan las fiscalías a la sociedad. Tienen la tarea de representar los intereses de las víctimas y de la sociedad en los sistemas de justicia penal. “Cuando esas tareas no se cumplen, nuestras comunidades acumulan daños que no se reparan, conflictos que no se gestionan, acciones de venganza por mano propia y, en última instancia, un aumento generalizado de los niveles de violencia social”, explicaron desde el Instituto.
El informe, con datos correspondientes al 2021, mide la tasa de cuántas de las causas que ingresan a las fiscalías reciben alguna respuesta con capacidad de incidir sobre el control de la criminalidad. Lo que se hace es comparar la cantidad de casos penales ingresados y lo que surge de eso: condenas, suspensiones de juicio a prueba o acuerdos reparatorios. En todos los casos, se trata de información oficial solicitada a los propios Ministerios Públicos Fiscales.
Bajo el título «El mapa de la desinformación» el INECIP da cuenta que los Ministerios Públicos Fiscales de Tucumán, Misiones, San Juan, Catamarca, Santa Cruz y Tierra del Fuego no enviaron ni siquiera los 4 indicadores más elementales (ingresos, condenas, SJP y acuerdos reparatorios) que permitirían medir la eficacia básica, pese al plazo de 4 meses con el que contaron, y a las reiteradas solicitudes enviadas. Estos datos tampoco son publicados en sus sitios web.
En San Juan, el 2021 estuvo atravesado por la implementación de nuevos Códigos Procesales Penales. Santa Cruz, Misiones y Tierra del Fuego, por su parte, son de las pocas provincias del país que siguen regidas por los oscurantistas sistemas inquisitivos, cuya
despreocupación por los resultados no es novedosa.
Pero Tucumán y (con cierto rezago) Catamarca, son dos provincias con sistemas acusatorios consolidados, cuya falta de datos, a esta altura, sólo puede responder a un desinterés por los datos o, aún peor, a una posible decisión política de ocultar deliberadamente esta información.
Para el INECIP esta falta de información (no publicar ni tampoco responder pedidos de acceso a la información) es una grave violación al derecho a la información pública reconocido en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos“ y calificaron el hecho como un apagón informativo que impide el control ciudadano sobre la gestión de los recursos estatales y obstaculiza cualquier discusión democrática sobre las políticas de persecución penal.
Fuentes: ElAuditorInfo, INECIP
