El concejal justicialista manifestó su preocupación por la reciente sentencia de la jueza Felicitas Maiztegui Marcó, que declaró inconstitucionales dos ordenanzas que limitaban el transporte de pasajeros mediante plataformas digitales en doce casos.
El concejal de Ushuaia, Nicolás Pelloli, planteó su inquietud y asombro ante el fallo de la jueza Correccional Felicitas Maiztegui Marcó, quien declaró inconstitucionales las ordenanzas que prohíben el transporte de pasajeros a través de plataformas digitales en doce casos concretos. Esta decisión reavivó el debate en la ciudad sobre la regulación del transporte a través de plataformas, cuestionando la validez de normativas en vigor durante más de siete años y objeto de constantes discusiones y ajustes por parte del Concejo Deliberante y la Municipalidad.
Pelloli, por FM Master’s, subrayó la importancia del debate que se ha mantenido en torno a la administración del servicio público de pasajeros, particularmente en lo que respecta a taxis y remises. “Se ha trabajado, se ha reglamentado, se han buscado las diferentes opciones para administrar, como pasa en casi todo el país, que la Municipalidad tiene la potestad de administrar, por ejemplo, el servicio público de pasajeros, en este caso el transporte de taxis”, afirmó el concejal, destacando el esfuerzo de las autoridades locales para gestionar este servicio esencial.
El fallo judicial ha sorprendido a Pelloli y a otros funcionarios municipales, quienes se han reunido en diversas ocasiones con representantes de taxis y remises para buscar mejoras en el servicio y aumentar la cantidad de vehículos disponibles. En este sentido, manifestó estar “sorprendido por el accionar del Poder Judicial, en este caso de la doctora”. A pesar de esta sorpresa, aseguró que se está trabajando en una apelación a través de la Secretaría de Gobierno, con el objetivo de revertir la decisión judicial y reafirmar la autoridad del Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal en la regulación del transporte.
Pelloli hizo hincapié en que la resolución de este conflicto no debería depender exclusivamente del Poder Judicial, sino que debería ser abordada desde la política, mediante el debate y la elaboración de ordenanzas por parte de los concejales. “Es algo que no tiene que ir por el Poder Judicial. Más allá de que obviamente vamos a apelar, sino que es una potestad tanto del Ejecutivo municipal como del mismo Concejo Deliberante al trabajar, al tratar y al debatir cada una de las ordenanzas que llevamos adelante, en este caso de la regulación del transporte”, enfatizó.
También expresó su tranquilidad en cuanto al trabajo realizado por el Concejo Deliberante en la regulación del transporte en la ciudad, afirmando que los controles y la aplicación de las ordenanzas se han llevado a cabo de manera clara y efectiva. No obstante, reiteró su asombro ante algunas declaraciones de la jueza Maiztegui Marcó, lo que ha generado un mayor interés en la comunidad sobre las implicancias de esta decisión judicial.
Una de las preocupaciones manifestadas es la percepción de que la prohibición del transporte a través de plataformas podría interpretarse como un ataque al mercado. En este sentido, aclaró que la regulación no solo prohíbe, sino que establece pautas claras para garantizar la seguridad y el control de los vehículos que prestan servicio en la ciudad. “Toda falta implica una prohibición, si no, no habría un código de faltas. Y hay una regulación que no solamente prohíbe, sino que va marcando cuáles son las posturas”, explicó.
En su análisis, Pelloli destacó los riesgos asociados a la proliferación de plataformas de transporte no reguladas, señalando que los vehículos utilizados en estas plataformas no siempre cumplen con los estándares de seguridad y control exigidos a taxis y remises. “Sabemos que hay gente que está tomando un vehículo que no sabe si tiene los elementos de seguridad, si tiene las revisiones como las que se llevan adelante en los taxis y los remises”, advirtió.
Finalmente, el concejal Nicolás Pelloli reconoció que, en tiempos de crisis económica, es comprensible que algunos vecinos recurran a estas plataformas como una forma de obtener ingresos adicionales. Sin embargo, subrayó que es fundamental considerar las múltiples implicancias de esta situación, tanto para la seguridad de los pasajeros como para la regulación del transporte en la ciudad. “Yo entiendo que en momentos de crisis para el vecino puede ser un tipo de solución conseguir un vehículo, o usar su vehículo para ganar algún mango extra, pero son muchas las cuestiones que hay que considerar”, concluyó, poniendo de relieve la complejidad del debate y la necesidad de un enfoque equilibrado.
