El legislador de Provincia Grande sostuvo que la Legislatura tiene herramientas para actuar frente a la subasta de inmuebles nacionales y propuso avanzar con regulaciones sobre el uso del suelo para proteger el patrimonio estratégico fueguino.
La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la venta de inmuebles en Ushuaia y Río Grande abrió un nuevo debate político en Tierra del Fuego. Para el legislador provincial Matías Lapadula, la discusión no debe limitarse a las facultades de la Nación para disponer de esos bienes, sino que también involucra el rol que pueden asumir la Provincia y los municipios para resguardar el patrimonio y condicionar el destino de esos terrenos. En ese marco, en FM Ushuaia afirmó que la Legislatura tiene margen para intervenir y que, además, debe hacerlo.
Antes de referirse a las herramientas concretas, el integrante del bloque Provincia Grande vinculó la medida con otras iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional. A su entender, ambas responden a una misma lógica y deben analizarse en conjunto: “Yo no lo puedo analizar esto de manera aislada sin tener en cuenta, por ejemplo, el proyecto que se va a tratar en el Senado de la Nación, que tiene que ver con eliminar todas las restricciones a la extranjerización de tierras”. En esa misma línea advirtió que “muchos de ellos son realmente, tienen valor estratégico”, por lo que consideró que la venta de esos inmuebles no puede evaluarse como un hecho aislado.
Aunque reconoció que el Gobierno federal posee atribuciones para disponer de esos bienes, remarcó que eso no impide avanzar desde el ámbito local. Para Lapadula, la principal herramienta está en la regulación urbanística: “Sí se pueden tomar medidas, tanto desde la provincia como desde los municipios, en el sentido que tiene facultades propias como para delimitar el uso de cada uno de esos terrenos”. Y explicó cuál debería ser el objetivo de esa intervención: “Legislar sobre el uso de suelo y sobre todos estos terrenos es muy importante para que esos negocios inmobiliarios que parece que quieren llevar adelante no sean posibles”, porque, según sostuvo, de esa manera podrían establecerse límites concretos a futuros emprendimientos privados.
El legislador también señaló que la planificación territorial ofrece una oportunidad para fijar esas restricciones antes de que las operaciones se concreten. Recordó que Río Grande ya trabaja en una actualización integral de su ordenamiento urbano y opinó que ese proceso debería replicarse en toda la provincia. “Hoy Río Grande está trabajando en eso, me parece que habría que también plantearlo a nivel provincial, y por qué no también en la ciudad de Ushuaia”, expresó; luego añadió que “hay que apuntar a eso como primera medida”, definiendo con anticipación qué usos podrá tener cada sector de las ciudades.
Mientras ese debate avanza en los municipios, Lapadula aseguró que también estudia alternativas desde la Legislatura. Explicó que las competencias nacionales imponen límites, aunque insistió en que la Provincia conserva herramientas propias: “Yo estoy trabajando, me puse a estudiar el tema a ver cómo podemos tener una legislación propia de la provincia”. Reconoció que “no es fácil, porque estamos hablando de cuestiones que son competencia del Congreso”, pero inmediatamente reafirmó su postura: “Sí que desde la provincia algo podemos hacer, y estoy convencido de que hay que hacerlo”.
Consultado específicamente sobre la posibilidad de una intervención legislativa, respondió sin rodeos: “Sí, yo creo que puede intervenir claramente por lo menos para limitar ese uso”. Además de una regulación normativa, planteó la necesidad de un pronunciamiento político institucional. En ese sentido, sostuvo: “Hay que hacerlo como manifestación política de la Legislatura”, reclamando que los representantes fueguinos en el Congreso “defiendan los intereses de la provincia” y que, si la Nación decide desprenderse de esos inmuebles, se analice su transferencia al patrimonio provincial o municipal.
Hacia el final de la entrevista insistió en que el debate excede la discusión jurídica sobre la propiedad de los terrenos. Desde su perspectiva, lo que está en juego es la preservación de bienes estratégicos para el futuro de Tierra del Fuego. “Me parece que obviamente es algo que sí se puede hacer y creo que lo debemos hacer”, afirmó, antes de concluir que “estamos desprendiéndonos del patrimonio, de cosas que son irrecuperables después”, sin un objetivo de desarrollo definido sino, “simplemente de venderlos y tapar agujeros y, en mi opinión, además, de hacer algún negocio inmobiliario con amigos”.






