El renombrado constitucionalista analizó la derogación de la ley que declaró la necesidad de reforma y advirtió que el proceso ya está “cristalizado”, por lo que cualquier retroceso es inconstitucional.
En medio del debate legislativo en Tierra del Fuego sobre la aprobación de una norma que dejaría sin efecto la ley que habilitó la reforma constitucional, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay sostuvo que no existe margen jurídico para interrumpir el proceso una vez iniciado con las mayorías requeridas.
En diálogo con FM Ushuaia, planteó con claridad que “yo entiendo que no, me inclino a decirte que no”, al ser consultado sobre la posibilidad de derogar la norma, hecho que finalmente ocurrió en la reciente sesión de la Legislatura.
A medida que avanzó la entrevista, el especialista reforzó su postura y fue categórico: “Absolutamente no, ya no se puede interrumpir el proceso de reforma de la Constitución. Eso ya es algo que ha perimido, la posibilidad de hacerlo”.
En ese sentido, explicó que la Legislatura ya adoptó una decisión con una mayoría calificada, lo que le otorga un carácter especial al acto: “Ya hay una decisión claramente tomada con una mayoría además muy calificada, la mayoría más calificada que tienen las constituciones, que es precisamente la declaración de la necesidad de la reforma”.
Sabsay advirtió además sobre las consecuencias institucionales de un eventual intento de retrotraer lo actuado: “Eso sería abiertamente inconstitucional y podría ser caso federal, podría llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Para el constitucionalista, el proceso no sólo tiene validez formal sino que también genera efectos concretos en la vida política y en los derechos ciudadanos.
En esa línea, al referirse a la convocatoria electoral ya en marcha, indicó que “se está precisamente, ya cercano a la elección, defraudando expectativas y confundiendo totalmente al electorado”. Y añadió: “Acá no puede ser el proceso electoral a favor de quienes deben ser elegidos. Quienes importan son precisamente los gobernados, no los gobernantes”.
El jurista también subrayó el carácter excepcional de la ley que habilita la reforma, diferenciándola de una norma común: “es una ley especial, que nada menos que decide la decisión más importante, que es el ejercicio del poder constituyente”. En ese sentido, afirmó que “es una ley que no puede ser vetada tampoco”, ya que cualquier intento en ese sentido implicaría “retrotraer el proceso constituyente”.
Sabsay sintetizó esta idea al señalar que “ya se ha cristalizado el procedimiento”, remarcando que ni el Poder Legislativo ni el Ejecutivo tienen facultades para revertir lo actuado en esta etapa. Sin embargo, aclaró que la Convención Constituyente sí tendría margen de decisión una vez conformada: “Lo que sí pueden es no tratar temas, eso les está absolutamente permitido”.
Finalmente, vinculó el debate con el contexto institucional general y advirtió que este tipo de situaciones afectan la previsibilidad: “Impide las inversiones porque da justamente un clima de gran inseguridad jurídica”. De este modo, planteó que la estabilidad normativa resulta clave no sólo en términos legales, sino también políticos y económicos.






