El abogado, quien representa a la ministra de Obras Públicas, aseguró que no hay base para las acusaciones relacionadas con el decreto para convocar elecciones a convencionales constituyentes. Las denuncias provienen del legislador Lechman y el abogado Rossi.
El abogado Raúl Paderne, que actúa como defensor de la ministra de Obras Públicas de la provincia, María Gabriela Castillo, afirmó rotundamente que las acusaciones penales en su contra carecen de fundamento. Quien está al frente de la defensa de la funcionaria en dos casos judiciales relacionados con la firma del decreto que convocó a elecciones para convencionales constituyentes, aseguró que las denuncias presentadas por el legislador Jorge Lechman y el abogado Paulino Rossi no tienen sustento legal.
El abogado explicó, por FM Master’s, que las denuncias en cuestión involucran acusaciones de desobediencia del artículo 39, por parte de Lechman, y de falsedad ideológica y material de un instrumento público, por parte de Rossi.
Sin embargo, fue enfático en señalar que “no hay una reconversión” en el proceso legal, aclarando que las causas avanzan por caminos separados y que no se trata de una transformación de las denuncias originales. “Lo que ocurre es que el legislador Lechman interpreta que una actividad posterior de determinadas autoridades del gobierno, luego de la notificación de la medida cautelar, podría implicar una desobediencia”, indicó el abogado, quien considera que se trata de una interpretación incorrecta.
En el caso de la denuncia de Rossi, que sugiere la posibilidad de falsedad de un instrumento público, Paderne afirmó que no existe imputación concreta contra Castillo, y que incluso “María Gabriela Castillo no tiene imputación concreta, mucho menos el gobernador”. El abogado subrayó que su rol se limita a la defensa penal de la ministra y que hasta el momento no ha habido imputación formal hacia ella o hacia otros funcionarios.
Paderne hizo hincapié en que, a su entender, ninguna de las acusaciones tiene sustento legal, calificando la interpretación de Lechman como incorrecta y la denuncia de Rossi como “un absoluto desatino”. A su juicio, sostener que podría haber falsedad en un instrumento público, como lo plantea Rossi, es una acusación infundada. En este sentido, el abogado considera que “no podemos sostener la existencia de un delito” en ninguno de los dos casos.
El eje de la defensa de Paderne radica en cuestionar las bases de las denuncias, enfatizando que en el ámbito de la administración pública existe un régimen de subrogación que justifica la ausencia de la firma del ministro jefe de Gabinete, Agustín Tita, en el instrumento en cuestión. Además, subrayó que, incluso si se tratara de un error formal, esto no constituiría un delito, ya que una falsedad ideológica implicaría un “documento mentiroso”, algo que, según él, no se corresponde con la realidad de los hechos denunciados.
En conclusión, Raúl Paderne defiende a la ministra Gabriela Castillo con la convicción de que no ha cometido ningún delito, desestimando las acusaciones de desobediencia y falsedad como carentes de fundamento legal.
