Luego de un juego de presiones políticas, el organismo desestimó la primera presentación en votación dividida, aunque en la misma sesión ingresó una ampliación con nuevas causales contra el juez del Superior Tribunal de Justicia que apuntan a mal desempeño, parcialidad y desvío de poder del juez del Superior Tribunal Ernesto Löffler. Volvió a quedar al descubierto la falta de claridad de funcionamiento del organismo de selección y remoción de magistrados.
En una sesión extensa y atravesada por fuertes tensiones internas, el Consejo de la Magistratura resolvió rechazar la denuncia original contra el juez del Superior Tribunal de Justicia, Ernesto Löffler, pero simultáneamente dio curso a una nueva presentación que vuelve a activar el mecanismo de enjuiciamiento. Lejos de cerrar el caso, el organismo dejó abierto un escenario de conflicto que combina cuestiones jurídicas, políticas e institucionales.
En primer término, el Consejo avanzó con la designación de sus nuevas autoridades. La legisladora Victoria Vuoto fue elegida como vicepresidenta, mientras que el legislador Jorge Andrés Lechman asumió como secretario. A su vez, Alejandro Pagano Zavalía fue designado fiscal acusador titular y Horacio Castelli como suplente.
Sin embargo, el eje central de la reunión estuvo puesto en la situación del juez Löffler. En ese marco, se resolvió rechazar la denuncia inicial presentada por el abogado Antonio Petkos. La mayoría de los consejeros consideró que era “manifiestamente improcedente”, al entender que no existían elementos suficientes para avanzar con un jury. Entre los fundamentos, se destacó que las expresiones públicas del magistrado sobre la Reforma Constitucional están amparadas por la libertad de expresión, y que no se acreditaron demoras injustificadas en su función judicial.
NUEVO PEDIDO DE DESTITUCIÓN CONTR LÖFFLER
No obstante, el escenario cambió durante la misma sesión. En paralelo al cierre de ese expediente, ingresó una ampliación de la denuncia —también impulsada por Petkos— que introduce nuevos hechos y una construcción más amplia de las causales de destitución.
A partir de esta nueva presentación, el caso adquiere otra dimensión. Ya no se trata únicamente de declaraciones públicas o supuestas demoras, sino de un planteo estructural que sostiene la existencia de un “patrón de desvío de poder” en el ejercicio de la función judicial.
En concreto, la ampliación de la denuncia enumera tres ejes principales. El primero está vinculado a declaraciones públicas de la presidenta del Concejo Deliberante de Ushuaia, Guadalupe Zamora, quien habría apoyado abiertamente al cortesano y puesto en evidencia un posible conflicto de intereses. Según el escrito, esas manifestaciones no solo tienen relevancia política, sino que refuerzan la hipótesis de parcialidad en el accionar judicial.
En segundo lugar, se señala un vínculo académico-profesional entre Löffler y el abogado Alfonso Santiago (h), quien intervino en la presentación del Legislador Jorge Lechman ante la Corte Suprema. De acuerdo con la denuncia, Santiago fue director de tesis doctoral del magistrado y, al mismo tiempo, firmante de un recurso extraordinario en un expediente que debía ser resuelto por el propio juez. Para el denunciante, esta relación excede lo meramente académico y configura un conflicto que debió haber motivado la excusación del magistrado.
El tercer eje —y uno de los más sensibles— refiere a la retención sin resolución de un recurso de casación en una causa penal vinculada al gobernador Gustavo Melella. Según se detalla, el expediente habría permanecido durante años sin definición en la vocalía de Löffler, lo que, de acuerdo a la acusación, generó un efecto institucional concreto: mantener abierta una situación de vulnerabilidad judicial sobre el titular del Poder Ejecutivo.
A partir de estos elementos, la denuncia construye la causal de “mal desempeño”, entendida no solo como errores técnicos sino como un uso indebido de las funciones judiciales. En ese sentido, sostiene que el magistrado habría utilizado los tiempos procesales como herramienta de presión política, lo que encuadraría en una desviación de poder, es decir, el ejercicio de una facultad legal con un fin distinto al previsto por la norma.
Asimismo, se plantea la afectación del principio de imparcialidad. La presentación argumenta que la combinación de vínculos personales, académicos y políticos —sumada a la intervención en causas sensibles— genera al menos una duda razonable sobre la independencia del juez. Incluso se invoca el estándar del “observador razonable”, utilizado en el derecho internacional, para sostener que la imparcialidad no solo debe existir, sino también ser percibida como tal.
En esta línea, el escrito también introduce el concepto de “desvío de poder judicial con finalidad extrajurídica”, señalando que las decisiones (o la falta de ellas) habrían estado orientadas a influir en el equilibrio político provincial, particularmente en relación con el Poder Ejecutivo.
Con todo esto, la ampliación de la denuncia solicita formalmente la apertura del proceso de jury y la eventual destitución del magistrado, al considerar que se configura un patrón sostenido de conducta incompatible con el cargo.
En este contexto, las diferencias dentro del Consejo volvieron a quedar expuestas. Mientras Lechman —acompañado por la legislador Victoria Vuoto— propuso rechazar también esta nueva presentación, la mayoría decidió admitirla y remitirla a Presidencia para su análisis. De este modo, el organismo cerró una denuncia pero habilitó otra, dejando el caso abierto para su tratamiento en la próxima sesión.
En paralelo, el Consejo también resolvió otras cuestiones. Rechazó de manera unánime la denuncia del juez Andrés Leonelli contra la jueza María Cristina Barrionuevo, aunque remitió las actuaciones al Superior Tribunal. Además, aceptó la renuncia del juez José Pellegrino, lo que abrirá un nuevo concurso para cubrir el juzgado de Tolhuin.
Ahora bien, más allá de las decisiones concretas, volvió a instalarse un cuestionamiento de fondo: la falta de claridad en el funcionamiento del organismo. La redacción del acta fue señalada nuevamente como confusa, al mezclar intervenciones y conclusiones sin un orden preciso.
A esto se suma otro problema estructural: la ausencia de transmisión pública de las sesiones. A diferencia de otros ámbitos institucionales, el Consejo no difunde sus debates en tiempo real, lo que deja al acta como única fuente de información.
En consecuencia, esta combinación de falta de claridad y complejidad técnica dificulta reconstruir con precisión las decisiones y los posicionamientos. Así, un tema de alto impacto institucional —como el eventual enjuiciamiento de un juez del máximo tribunal— termina desarrollándose en un terreno donde las interpretaciones y las dudas ocupan un lugar central.
