La causa federal donde está procesado en doble instancia por narcotráfico un funcionario del gobierno de Tierra del Fuego fue elevada a juicio oral y público, confirmaron fuentes judiciales.
El caso involucra a Gustavo Gabriel Caro, de 39 años, el subsecretario de Obras y Servicios Públicos de la administración de Gustavo Melella, que está acusado de integrar una banda de narcotraficantes con base en la ciudad de Río Grande.
Caro fue procesado en primera instancia por la jueza Federal riograndense Mariel Borruto, en un fallo que luego ratificó la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Chubut.
Después de ello, el fiscal Marcelo Rapoport solicitó la elevación a juicio de las actuaciones y la jueza Borruto hizo lugar al pedido, con lo que el expediente ingresó al Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Tierra del Fuego, el 27 de noviembre de 2020, detallaron las fuentes.
En la actualidad, la causa se encuentra en la etapa de ofrecimiento de pruebas, previa a la fijación de una fecha de juicio.
El funcionario quedó involucrado en la investigación, a partir de una serie de operativos realizados entre el 15 y el 19 de junio de 2020 que concluyeron con el hallazgo de 24 kilos de marihuana ingresados a la Isla en un camión de transporte de carga.
El 22 de julio del mismo año, Caro fue procesado por la jueza Borruto, quien le adjudicó el delito de «transporte de sustancias estupefacientes con fines de comercialización».
La Cámara de Apelaciones cambió esa figura y concluyó que el funcionario habría cometido el delito de «tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en grado de partícipe necesario».
Según los camaristas Javier Leal Ibarra y Aldo Suarez, existen pruebas de que Caro se dedicaba a comercializar droga en Río Grande, entre ellas mensajes telefónicos donde le solicita a otro miembro de la banda «un par de CDs», tal como se conoce en la jerga delictiva al fraccionamiento de 25 gramos de marihuana.
Por su parte, en la causa consta la visita del subsecretario a uno de los domicilios donde se fraccionaba la droga y su salida «con una bolsa conteniendo un objeto rectangular» que sería un «ladrillo de marihuana», con el agravante de que, para ello, se desplazaba en una camioneta oficial perteneciente al Estado fueguino.
«Su posterior traslado a Tolhuin y regreso a la ciudad de Río Grande nos otorgan indicios suficientes para afirmar que Caro prestaba una colaboración (a otros miembros de la banda)», señala el pronunciamiento judicial.
Por su parte, la Cámara se declaró incompetente para investigar cómo el funcionario gestionó certificados para que pudieran circular como personal esencial, a bordo de vehículos, otros miembros de la banda durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus.
Si bien la jueza Borruto lo había procesado por este hecho, los camaristas entendieron que no se demostró que el certificado falso haya sido utilizado para las maniobras de narcotráfico.
«No se puede convalidar una conexidad con infracciones a la ley de estupefacientes u otra de índole», expresa la resolución, al derivar esa parte de la investigación a la justicia de la provincia.
El mismo fallo ratificó también los procesamientos, por distintos delitos y con diferentes grados de participación, de otras ocho personas acusadas de integrar la banda narco: Carlos Bennati, Agustín y Gustavo Anchordoqui, Gastón Denis Almada, Juan Duarte, Eduardo Luis Alcoba, Dylan Portal y Enzo Ojeda.
De acuerdo al fallo de Cámara, «la prueba colectada permitió sostener que todos los imputados nombrados en autos han llevado a cabo conductas de comercialización de estupefacientes», dentro del «perfecto y diagramado funcionamiento de la banda».
En relación a Caro, el Gobierno de la provincia informó a los pocos días de su vinculación con la causa que se había resuelto su «licencia del cargo sin goce de haberes», mientras que hasta el momento no se precisó si será dado de baja en forma definitiva.
En el proceso penal, el subsecretario es defendido por el abogado Francisco Ibarra, el mismo que también defiende al gobernador Gustavo Melella en una causa en la que fue denunciado por «abuso sexual coactivo».
