La administración provincial denunció el avasallamiento a su autonomía y un conflicto institucional y laboral, al punto que se prohíbe el ingreso a sus trabajadores. Mientras, analiza acciones legales contra la medida nacional.
La intervención federal decretada sobre el puerto de Ushuaia por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) ha desatado una grave crisis institucional y operativa.
Roberto Murcia, presidente de la Dirección Provincial del Puerto (DPP), calificó la medida como "una locura" y denunció que las autoridades nacionales no permiten el ingreso de los trabajadores portuarios provinciales, a pesar de que el plazo para que la provincia respondiera al expediente administrativo vence recién este viernes.
La situación se agravó anoche cuando se materializó la intervención. "Nosotros, en compañía del vicepresidente, anoche a las 12 de la noche nos enteramos que iban a intervenir, no nos permitieron entrar a nuestra casa", relató Murcia en diálogo con FM Ushuaia.
El funcionario detalló la irregularidad del procedimiento: "Cuando le pedimos al instrumento real, el que vino por parte de la ANPyN (Agencia Nacional de Puertos y Navegación), me lo mandó por WhatsApp. Nosotros empezamos las comunicaciones formales a recibirlas posterior a que ellos estaban presentes junto con la Prefectura".
El bloqueo al acceso es uno de los puntos más críticos. "Ni siquiera a las autoridades, se le negó el ingreso a la vicegobernadora, a mí, que soy el administrador y el responsable de toda la Dirección Provincial de Puertos, es una locura. Realmente es una locura lo que están haciendo", afirmó con contundencia.
La restricción se extiende a la plantilla laboral, ya que la intervención solo reconoce a un grupo reducido de empleados que responden a Nación. "De todo el listado del personal de la Dirección Provincial de Puertos, ellos convocaron a 20 que figuran en la resolución de intervención como empleados trabajando para la Nación. Son los únicos que pueden operar", explicó Murcia, aclarando que los trabajadores de empresas privadas sí mantienen su actividad en el recinto de gestión mixta.
Otro aspecto cuestionado es la presunta violación de los plazos legales por parte de la Nación, con vencimiento el próximo viernes. Murcia reveló que, al confrontar a los interventores, la respuesta fue evasiva. "Cuando yo anoche le pregunté al director de ANPyN que ellos estaban violando los plazos que nos habían dado, me dijo, ‘yo tengo acá un instrumento legal’, es la resolución de intervención".
Frente a esto, la provincia mantiene su postura administrativa y avanza en una estrategia judicial. "La DPP va a seguir por la vía administrativa tanto por lo que habíamos tomado vista, más la resolución que nos notificaron anoche posterior a haber intervenido. Y tengo entendido que la provincia está analizando la vía judicial", señaló el presidente de la repartición.
Mientras tanto, la Dirección Provincial de Puertos continúa con sus funciones en la medida de lo posible, respaldada por las máximas autoridades fueguinas. "La vicegobernadora nos acompañó ayer hasta las cinco y media de la mañana, estuvo acá en la Dirección de Puertos", destacó Murcia.
El conflicto, que mantiene en vilo la operatividad del puerto más austral del país, se encamina hacia un litigio en la justicia federal, marcando un nuevo capítulo de tensión entre la Nación y la provincia de Tierra del Fuego.






