El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia presentó sus fundamentos para apelar el fallo judicial que declaró inconstitucionales las ordenanzas que prohíben el funcionamiento de plataformas de transporte.
El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia comunicó la postura oficial del municipio en relación con la apelación al reciente fallo de la Jueza Correccional, que cuestionó la validez de las ordenanzas municipales que impiden el transporte a través de aplicaciones digitales como Uber. La decisión del municipio de recurrir a la apelación ha reavivado el debate en la ciudad, con los sectores de taxis y remises manifestando su firme oposición a la operación de estas plataformas.
César Molina fue el encargado de exponer, por FM Master’s, los argumentos del municipio en torno a la apelación. Según Molina, el equipo de la Secretaría de Legal y Técnica se encuentra en pleno proceso de evaluación de las cuestiones técnicas y los pormenores del fallo para proceder con la apelación. «El equipo de la Secretaría de Legal y Técnica está evaluando las cuestiones técnicas y los pormenores de la decisión para ver justamente cuál es el alcance y cómo va a ser la correspondiente apelación», afirmó.
El fallo en cuestión, emitido por la Jueza Correccional Felicitas Maiztegui Marcó, fue recibido con preocupación por parte de los sectores tradicionales del transporte en Ushuaia, quienes consideran que la operación de plataformas como Uber amenaza su sustento económico. «Ayer, a pocas horas de conocido el fallo, tuvimos una reunión con los representantes de los sectores de taxis y remises, que básicamente solicitaron que accionemos en contra de esta disposición judicial», explicó Molina. Esta solicitud de los gremios del transporte ha sido un factor clave para que el municipio decidiera avanzar con la apelación.
Uno de los puntos centrales de la apelación del municipio es la vigencia de la norma que regula el transporte en la ciudad. Desde el Ejecutivo Municipal se argumenta que la normativa vigente debe ser respetada, ya que regula un aspecto fundamental del transporte en Ushuaia. «Teniendo en cuenta que la norma está vigente, que regula un aspecto del transporte más, que se va a respetar este pedido de la Asociación de Taxis y agencias de remises, se va a realizar en el plazo correspondiente el recurso para que el Superior Tribunal de Justicia pueda tomar intervención», sostuvo el secretario de Gobierno.
Otro aspecto relevante en la argumentación del municipio radica en su rol dentro de la estructura administrativa de la ciudad. Molina subrayó que el Juzgado de Faltas, cuya autoridad se ha visto afectada por el fallo, forma parte de la estructura administrativa del Ejecutivo Municipal. Por lo tanto, el municipio considera que tiene un interés directo en la resolución de este conflicto legal. «El tema es que el Juzgado es parte de la estructura administrativa del Ejecutivo Municipal, entonces, claramente, el municipio es parte interesada en la resolución de un fallo que, en definitiva, lo que hace es, a través de la inconstitucionalidad, anular doce sentencias del Juzgado de Faltas. Nosotros entendemos que, si hace falta acreditar la legitimación para hacer la apelación, se va a dedicar un capítulo a eso en el escrito correspondiente, pero entendemos que estamos habilitados para hacer esto», expresó.
Finalmente, el municipio cuestionado el análisis realizado por la Jueza Correccional en relación a la facultad de reglamentación del Ejecutivo Municipal. Según César Molina, todo el régimen de penalidades por faltas en el municipio se basa en la reglamentación de lo que está prohibido y en la sanción de dichas prohibiciones. Por ello, considera que el fallo pone en riesgo la capacidad del municipio para mantener el orden y la regulación en su jurisdicción. «La primera reacción con el equipo fueron dos cosas que llamaron la atención, como el análisis que se realiza en relación a la facultad de reglamentación, porque básicamente todo el régimen de penalidades de faltas del municipio está basado en qué se puede y qué no se puede hacer, entonces siempre vas a estar reglamentando lo que está prohibido y sancionando lo que está prohibido. Porque justamente si la norma dice que no se puede ir a más de 40 km, claramente está prohibido ir a 41 o más», puntualizó el funcionario.
En resumen, el municipio de Ushuaia está decidido a llevar adelante la apelación contra el fallo de la Jueza que declaró inconstitucionales dos ordenanzas que prohíben el transporte por plataformas. Los argumentos expuestos por el secretario de Gobierno reflejan la postura del Ejecutivo Municipal de defender la vigencia de la normativa local, la legitimidad de su estructura administrativa y la necesidad de mantener la regulación en el transporte de la ciudad.
