El Gobierno provincial vetó dos normas sancionadas por la Legislatura: una dejaba sin efecto la convocatoria a convencionales constituyentes y la otra obligaba a transferir automáticamente fondos de coparticipación a municipios. El Ejecutivo sostuvo que ambas normas implican una “intromisión legislativa”, generan “inseguridad jurídica” y afectan facultades constitucionales propias del Poder Ejecutivo provincial.
El gobernador Gustavo Melella vetó en forma total dos de las leyes más sensibles aprobadas por la Legislatura fueguina en las últimas semanas y volvió a escalar el conflicto político e institucional entre el Ejecutivo, la oposición y varios intendentes de la provincia.
Las decisiones fueron formalizadas mediante los decretos provinciales N° 865/26 y 866/26, publicados en el Boletín Oficial del 15 de mayo.
Uno de los vetos dejó sin efecto la ley que derogaba la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes impulsada por el oficialismo para avanzar con la reforma de la Constitución Provincial. El otro frenó la denominada “ley de goteo”, que establecía un sistema automático de transferencia de fondos coparticipables a municipios y comunas.
Inseguridad jurídica
El veto más político recayó sobre la norma que pretendía abrogar la Ley Provincial N° 1529, aprobada originalmente para habilitar el proceso de reforma constitucional en Tierra del Fuego.
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostuvo que el proceso constituyente ya se encuentra en curso y bajo revisión judicial del Superior Tribunal de Justicia, por lo que consideró improcedente que la Legislatura intente revertirlo mediante una nueva ley. Esta postura había sido compartida previamente por destacados constitucionalistas como el Dr Daniel Sansay.
“El proyecto resulta jurídicamente improcedente por alterar un proceso constitucional ya iniciado”, sostiene el decreto firmado por Melella. El texto agrega además que la iniciativa “vulnera el principio de irrevocabilidad de la ley” y afecta “la previsibilidad, estabilidad y confianza legítima”.
El Gobierno también acusó a la Legislatura de avanzar sobre atribuciones que ya forman parte del análisis judicial en curso. Según el decreto, la norma representaba una “intromisión legislativa” sobre cuestiones actualmente sometidas a revisión constitucional.
La discusión por la reforma constitucional se transformó en uno de los principales focos de tensión política en la provincia desde que el Superior Tribunal suspendió el proceso electoral vinculado a la elección de convencionales constituyentes.
La “ley de goteo” y la pelea por los fondos municipales
El segundo veto alcanzó al proyecto impulsado para establecer un mecanismo automático de acreditación y transferencia de recursos coparticipables hacia los municipios, iniciativa que había sido celebrada por intendentes y sectores opositores al oficialismo provincial.
La norma obligaba al Ejecutivo a realizar transferencias automáticas y prácticamente inmediatas de fondos, limitando tiempos de gestión administrativa en los procesos de liquidación.
El Gobierno consideró que el sistema aprobado por la Legislatura avanzaba sobre facultades exclusivas del Poder Ejecutivo en materia financiera y presupuestaria.
En el Decreto N° 866/26, el Ejecutivo advirtió que la ley “interfiere en la esfera de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo Provincial” y podía afectar “el normal funcionamiento público de la administración provincial”.
Además, cuestionó la participación asignada al Tribunal de Cuentas dentro del esquema de control previsto en la norma y afirmó que la iniciativa generaba “un régimen de revisión, transferencia, anulación y compulsa de fondos” que podía derivar en “inseguridad jurídica”.
Con ambos vetos, el Ejecutivo provincial profundiza la disputa política con la oposición legislativa y con parte de los gobiernos municipales, en un escenario donde la reforma constitucional y la distribución de recursos aparecen como dos de los temas centrales de la agenda institucional fueguina.






