El intendente de Río Grande cuestionó el destino de los recursos del Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva, responsabilizó al Gobierno nacional por el deterioro industrial y reclamó herramientas concretas para contener el desempleo que atraviesa actualmente la ciudad norteña.
La profundización de la crisis industrial en Río Grande, marcada por los recientes despidos y el conflicto en Mirgor, volvió a poner en discusión el impacto de las políticas nacionales sobre el régimen productivo fueguino. Para el intendente Martín Perez, el deterioro responde a un modelo económico que afecta deliberadamente a Tierra del Fuego y se combina con un manejo del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP) que perjudica particularmente a la ciudad donde se concentra buena parte de la industria provincial.
En declaraciones a FM Ushuaia, Perez describió la gravedad del escenario laboral y advirtió que lo ocurrido en Mirgor se suma “a una situación de extrema gravedad que está viviendo nuestra industria, fundamentalmente la electrónica en la zona norte, que viene siendo castigada y golpeada desde hace ya dos años y medio”.
Aunque el último conflicto pudo contenerse circunstancialmente, sostuvo que el problema de fondo permanece: “Acá el mayor problema que tenemos no tiene que ver con una conciliación obligatoria o no, sino con la implementación de un modelo económico a nivel nacional que nos está golpeando de lleno, que ataca a Tierra del fuego deliberadamente”.
El intendente vinculó directamente esa situación con la apertura de importaciones y la pérdida de protección para la producción nacional. “Hay una decisión clara por parte del gobierno nacional que tomó hace un año y medio atrás de bajar a 0 los aranceles a la importación”, afirmó, y planteó que esa política tampoco permite avanzar hacia una transformación ordenada del entramado fabril: “No nos da lugar para poder reconvertirnos, para poder avanzar con la producción de otro tipo de productos que nos permita mejorar la capacidad productiva, ampliar el empleo, desarrollar nuevas inversiones”.
La dimensión de la caída se refleja especialmente en el empleo. Según Perez, Río Grande pasó de tener cerca de 15 mil trabajadores industriales a no más de 5 mil, con consecuencias que se trasladan al comercio, los servicios y las familias. A esa responsabilidad nacional sumó, sin embargo, una exigencia hacia el sector empresario, al considerar que “hay márgenes de rentabilidad que las empresas deberían resignar antes de hacerle asumir el costo total de la situación a los trabajadores”.
Dentro de ese escenario, Perez concentró buena parte de sus cuestionamientos en el FAMP, Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva, concebido para que recursos originados en el régimen promocional fueran destinados a diversificar la economía fueguina. “El FAMP es una herramienta pensada para que esas ganancias extraordinarias de las empresas se reinviertan en desarrollo productivo e infraestructura en nuestra provincia”, explicó, pero inmediatamente contrapuso esa finalidad con las medidas adoptadas por la administración libertaria: “La decisión que tomó este Gobierno Nacional fue que las empresas dejen de aportar a ese fondo”.
También cuestionó enfáticamente el destino actual del dinero ya acumulado: “Los fondos que hoy existen en el FAMP, en su gran mayoría están, no diría paralizados, según lo que se escucha, lo están utilizando para generar interés”, señaló. Para Perez, no se trata de decisiones aisladas sino de una orientación sostenida: “El FAMP justamente estaba pensado para eso, pero la decisión de este Gobierno Nacional ha sido desmantelarlo paulatinamente”.
La situación resulta especialmente contradictoria para Río Grande porque el cordón industrial de la ciudad fue uno de los principales generadores de los recursos del fondo y, al mismo tiempo, concentra hoy el mayor impacto de la pérdida de empleo.
De hecho, frente a las primeras señales de la crisis, el Municipio presentó una iniciativa para utilizar parte de esos fondos como mecanismo temporal de contención para trabajadores despedidos y acompañar ese aporte con capacitación laboral.
“Presentamos un proyecto concreto para que parte de esos fondos se utilicen como un seguro de desempleo para que las pérdidas que se generan desde el punto de vista del empleo en nuestra industria se puedan de alguna manera contemplar, se pueda contener esa situación a lo largo de un año”, recordó Perez. La propuesta contemplaba al Municipio “aportando también capacitación para esos trabajadores pensando en la reconversión del empleo”. Pero, lamentó, no obtuvo respuesta: “Entró por una ventanilla y seguramente está cajoneado ese proyecto”.
El intendente rechazó además la explicación de que Río Grande recibe pocos recursos del FAMP porque no existirían suficientes proyectos presentados desde la ciudad. “No es así, lo que ha sucedido es que hay empresas radicadas en Río Grande a las cuales se les ha señalado que tienen que hacer inversiones en Ushuaia con hoteles”, respondió. Al profundizar el planteo, indicó que existen “inversiones que se están haciendo en Ushuaia de hotelería” por parte de empresas radicadas en Río Grande y sostuvo que “la conclusión a la que llegamos es que se les ha señalado que las inversiones tienen que hacerse en Ushuaia”.
Perez vinculó ese direccionamiento con la idea de reconversión productiva promovida desde el Gobierno nacional, que a su entender supone desplazar progresivamente a la electrónica y orientar recursos hacia el turismo. “Desde esa lógica dicen ‘ustedes tienen que terminar con la electrónica, tienen que dejarse de joder con eso, y acá lo que genera rentabilidad es el turismo. Entonces hay que invertir en turismo’”, describió.
El jefe comunal aclaró que su cuestionamiento no está dirigido contra Ushuaia ni contra su desarrollo turístico: “Me parece muy bien que se invierta Ushuaia, creo que tiene una potencia enorme la ciudad”. Sin embargo, reclamó una contrapartida para el norte provincial ante la destrucción de puestos fabriles: “Si la decisión es que las empresas inviertan esos recursos excedentes en Ushuaia, bueno, por lo menos dennos herramientas que nos permitan contener y paliar la situación del empleo en Río Grande, que es lo que necesitamos”.
La crítica alcanzó de lleno a los representantes libertarios fueguinos y a su posición frente a medidas adoptadas por la Nación. Sin nombrarlos, Perez señaló que “acá también hay silencio por parte de algunos” y relacionó esa actitud tanto con la situación industrial como con la intervención del puerto de Ushuaia. “Hay quienes no han dicho una palabra”, advirtió, para luego remarcar que “pareciera que los que están en silencio están hablando y están poniéndose de acuerdo en algunos aspectos”.
Mientras continúa esa discusión, el Municipio riograndense enfrenta de manera directa las consecuencias sociales de los cierres y despidos. Perez explicó que la asistencia ya excede la entrega de alimentos o la ayuda para afrontar alquileres y servicios: “Hemos puesto a disposición inclusive nuestros equipos de salud mental para muchos trabajadores”, particularmente personas de 45 o 50 años que enfrentan grandes dificultades para reinsertarse laboralmente.
La demanda, admitió, supera las posibilidades municipales: “A ese nivel de acompañamiento y de contención estamos llegando en Río Grande y obviamente no damos abasto, no hay forma de dar abasto”. En ese marco cuestionó que, en lugar de asumir el problema, desde el espacio libertario “acusaban a los trabajadores de ser los culpables” de la situación.
Para Martín Perez, el reciente conflicto de Mirgor constituye así una nueva expresión de un proceso mucho más profundo, con fábricas paralizadas o cerradas y una reducción sostenida del empleo industrial. Frente a ese escenario, insistió en que los recursos existentes deberían utilizarse para amortiguar la emergencia y facilitar una reconversión laboral en Río Grande: “No está bien lo que sucede con los recursos del FAMP”, insistió, y advirtió que, más allá del diálogo institucional, “después a la hora de tomar las decisiones, esas decisiones son claramente dispares”.
