El legislador de Provincia Grande expresó reservas sobre la viabilidad del proyecto, a pesar de que ya cuenta con un dictamen mayoritario tras el análisis en comisión.
En la antesala de la próxima sesión legislativa de Tierra del Fuego, Matías Lapadula, legislador del bloque Provincia Grande, dejó entrever su escepticismo sobre la aprobación del presupuesto provincial 2025. Aunque el proyecto ha avanzado con un dictamen mayoritario tras el análisis en comisión, el legislador destacó que aún persisten interrogantes sobre la viabilidad del mismo. Sus palabras, emitidas en FM Master’s, reflejan las tensiones en torno al contenido y al proceso legislativo en curso.
Lapadula adelantó que la última sesión ordinaria del año, donde se espera abordar los temas más relevantes pendientes, se realizaría la próxima semana. “Nosotros ya tenemos más o menos definida la fecha. Falta que saque la resolución de Presidencia para que sea oficial, pero la semana que viene va a ser la última sesión, por lo menos ordinaria, del año, donde está previsto tratar los temas importantes pendientes. Entre otros, el presupuesto de la provincia. Creo que el día 11 vamos a tener la sesión”, indicó.
Sin embargo, el legislador expresó dudas sobre el acompañamiento al presupuesto en el recinto. “La certeza de la aprobación yo todavía no la tengo. Más allá de que se culminó con el paso de los funcionarios por la Comisión de Presupuesto, donde expusieron y contestaron algunas preguntas, yo todavía tengo muchas dudas respecto del presupuesto, sigo estudiando, buscando información sobre algunas cuestiones”.
En sus críticas al procedimiento, Lapadula enfatizó que el texto modificado del presupuesto fue entregado apenas un día antes de iniciarse las reuniones de comisión. Según afirmó, “prácticamente recibido el presupuesto, ya tuvimos que sentarnos en las reuniones de comisión, que fueron bastante extensas, para tratar de escuchar a cada uno de los ministros, a cada uno de los funcionarios, hacer las preguntas que pudimos hacer en ese momento con el presupuesto recién recibido”.
Entre los aspectos que más preocupan al legislador, destacó la ausencia del jefe de Gabinete, cuya participación consideró clave para responder preguntas de carácter político planteadas durante el debate. “Primero, que no fue el jefe de Gabinete y quedaron muchas preguntas pendientes. En particular yo hice dos preguntas y tanto el ministro de Economía como el ministro de Energía contestaron que eran cuestiones políticas y que la respuesta era política. En ese sentido, quien tenía que contestar no fue. Son preguntas y respuestas que, a mi entender, son importantes para analizar de forma integral el presupuesto”, puntualizó.
Un tema recurrente en el discurso de Lapadula es la indefinición respecto al impuesto inmobiliario, una cuestión que para él impacta directamente en los recursos destinados a los municipios. “Siempre he dicho que hay que respetar las autonomías municipales consagradas en nuestra Constitución, pero también en los recursos. En definitiva, hace más de seis años estamos prorrogando el cumplimiento de una norma que todos estamos de acuerdo en que hay que derogar, que esos recursos son y pertenecen a los municipios, pero que año a año estamos hasta último momento viendo qué pasa”, explicó.
El legislador condicionó su respaldo al presupuesto a que se definan cuestiones fundamentales para las municipalidades, que dependen de esos recursos para atender las demandas locales. “La discusión y la aprobación del presupuesto, por lo menos el acompañamiento de mi parte, también está un poco supeditado a qué va a pasar con estos recursos que los municipios necesitan para seguir su plan de gobierno, atendiendo las demandas de vecinos y vecinas. En ese sentido, falta y faltó en la discusión en comisiones la voz política respecto a qué va a suceder con eso”, concluyó.
La próxima sesión ordinaria será clave para definir no solo el destino del presupuesto provincial, sino también para develar las posturas de los distintos bloques legislativos frente a estas cuestiones de fondo que impactan en la administración pública y la autonomía municipal.
