El legislador provincial cuestionó las respuestas cruzadas por la operatoria del buque británico, pidió informes sobre su paso por Cullen y Ushuaia y reclamó fortalecer controles y normas para proteger los recursos argentinos.
La presencia de un petrolero de bandera británica en aguas fueguinas, primero en la monoboya de Cullen y luego en el puerto de Ushuaia, abrió para Matías Lapadula una discusión que excede la polémica política inmediata. El legislador de Provincia Grande reclamó explicaciones oficiales, pidió establecer qué controles se realizaron y planteó revisar la legislación para impedir que empresas vinculadas con la explotación de recursos en Malvinas puedan operar sin restricciones en el país.
En declaraciones a FM Ushuaia, Lapadula reconoció el rechazo que generó el episodio: “Hay una indignación generalizada respecto a esto. Estamos en un contexto que vemos cómo sigue avanzando el Reino Unido sobre la explotación de los recursos y hoy es casi una realidad que nuestras Islas Malvinas, a partir del año que viene o del 2028, van a empezar a sacar nuestro petróleo, a robarnos nuestro petróleo”. Frente a ese escenario, sostuvo que “tener un barco petrolero de bandera inglesa en nuestras aguas indigna y no puede ser de otra manera”.
Sin embargo, diferenció esa reacción de las obligaciones institucionales. “Más allá de esa indignación, tenemos un rol que cumplir y que es importante: pedir todas las explicaciones del caso y saber cuáles fueron las circunstancias, qué hacía ese buque tanto en la monoboya de Cullen como en el puerto Ushuaia”, explicó. Aclaró además que la bandera británica no determina por sí sola una prohibición, aunque sí consideró imprescindible verificar si se respetaron las restricciones legales vigentes.
En ese punto precisó: “Queremos saber si se cumple la ley y la ley dice que no puede operar en nuestras aguas ningún buque que opere o haya operado o sea de propiedad de quienes están explotando ilegalmente nuestros recursos en las islas Malvinas”. Para Lapadula, esa comprobación exige identificar al propietario, conocer la operatoria realizada y establecer posibles relaciones con compañías que actúan en el archipiélago.
La controversia se profundizó por las distintas versiones sobre quién autorizó el movimiento del buque. “Me resulta llamativo, me preocupa que la actitud tanto del gobierno nacional como provincial y la intervención del puerto sea echarse la culpa uno a otro. Uno dice que lo autorizó el gobierno, el otro dice que lo autorizó el puerto”, cuestionó.
A su criterio, la discusión sobre responsabilidades no debe reemplazar las explicaciones: “Un buque petrolero en un contexto como el que hoy atravesamos de la explotación ilegal de nuestros recursos en las islas Malvinas operó de una forma u otra en la monoboya de Cullen y atracó en el puerto Ushuaia. Hay responsabilidades”.
Los pedidos de informes presentados buscan reconstruir precisamente ese recorrido. El legislador señaló que pretende saber “si se cumplieron todos los procedimientos para cumplir con la ley”, incluyendo “si se investigó de quién se trata, quién es el propietario, qué operación vino a hacer en la provincia, si tiene relación o no con alguna de las empresas que operan en Malvinas”.
Lapadula reclamó respuestas tanto de la administración portuaria como del Gobierno provincial y advirtió: “Necesitamos explicaciones y eso es lo que tienen que hacer. No echar culpas unos a otros de quién es el responsable, sino que expliquen cuáles fueron las circunstancias por las cuales este buque de bandera inglesa ingresó en aguas de la provincia”. Frente a los “muchos grises” que observa, sostuvo que la intervención debería informar concretamente si revisó la documentación y constató que la embarcación no estaba impedida de operar en Argentina.
La discusión también debería servir, a su entender, para revisar las herramientas legales. “Lo que no podemos hacer es utilizar un hecho que nos indigna a todos para tirarse tierra uno a otro”, afirmó, y planteó “avanzar en modificar las leyes para que sean más claras, más severas en términos de sanciones y más amplias”. Recordó que la Ley nacional 26.659 fue sancionada en 2011 y consideró que hoy existe un escenario diferente por el avance concreto de proyectos hidrocarburíferos en Malvinas.
Dentro de esa revisión propuso ampliar las restricciones a otras actividades económicas. Por eso consideró necesario trabajar “en una ley mucho más abarcativa y que sancione severamente a todos los capitales, a todas las empresas que participen directa o indirectamente en el saqueo de nuestros recursos”.
Otra incógnita corresponde al petróleo cargado en Cullen. Lapadula remarcó que la monoboya presta servicios a distintas compañías: “No sabemos de quién era ese petróleo, porque esa es la monoboya que está trabajando, pero no sólo opera para Total, opera también para otras empresas, porque es la única monoboya. ¿De quién era ese petróleo?”.
Su planteo final apunta a la fiscalización efectiva: “La ley hay que aplicarla, pero además hay que generar los procedimientos para verificar el cumplimiento”, resumió. Para Matías Lapadula, esclarecer lo sucedido debe permitir “generar herramientas que nos permitan proteger nuestros recursos, nuestra soberanía, y controlar que estas normativas que fueron creadas con este objetivo, se cumplan efectivamente”.






