La reforma previsional de Tierra del Fuego, ejemplo de “medidas excesivamente dispendiosas” del gasto público

En una nota publicada en el diario La Voz, el economista Ariel Alejandro Barraud, Director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba califica a la reciente reforma previsional fueguina como un ejemplo de “medidas excesivamente dispendiosas” y da cuenta que los recursos por coparticipación que recibe la Provincia más austral por habitante son 3 veces superiores a los de la Provincia de Córdoba.

Bajo el título “La coparticipación, en el laberinto del vamos viendo”, Barraud afirma que “El resultado de seguir utilizando la regla de coparticipación fijada en 1988 es una distorsión del federalismo argentino, donde la norma es la discrecionalidad.”

Entre los ejemplos que demuestran esta discrecionalidad presenta el caso de Tierra del Fuego y propone que el sistema debiera cambiar con un nuevo arreglo federal basado en la búsqueda de niveles similares de esfuerzo recaudatorio y de eficiencia en el gasto

A continuación la nota completa:

En Argentina surge de manera recurrente el debate respecto a la coparticipación de impuestos, y más en general a cómo se reparten los recursos públicos.

Por ejemplo, a principios de este mes, una serie de noticias acerca de medidas excesivamente dispendiosas con el gasto en personal y en jubilaciones en Santiago del Estero y en Tierra del Fuego encendieron nuevamente las discusiones.

Precisamente, estas provincias están entre las que el Presupuesto 2023 proyecta la mayor recepción de recursos por habitante. La provincia austral recibirá de coparticipación el equivalente a $ 752.500 por habitante, frente a los $ 254 mil por cordobés previstos para el año próximo.

Las transferencias corrientes y de capital (discrecionales) que la Nación proyecta enviar a Tierra del Fuego serán de $ 163 mil por fueguino, mientras que a Córdoba llegará por igual concepto el equivalente a $ 75 mil por habitante.

La baja institucionalidad en nuestro país es uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y económico. Un ejemplo claro es el incumplimiento del mandato de la reforma constitucional de 1994, que consistía en tener una nueva regla de coparticipación desde 1996.

El resultado de seguir utilizando la regla de coparticipación fijada en 1988 es una distorsión del federalismo argentino, donde la regla es la discrecionalidad, valga la contradicción.

Las familias y las empresas en general no perciben este tema estructural como un problema inmediato, o lo ven tan alejado que, difícilmente, logre ni siquiera aparecer en un ranking de las principales preocupaciones económicas, encabezada por la inflación, el desempleo y el valor del dólar en el último cierre del día.

Veamos por qué debiera seguir leyendo esta columna el ciudadano promedio, no experto en economía pública.

LA COPARTICIPACIÓN QUE TENEMOS Y SUS CONSECUENCIAS

Los acuerdos intergubernamentales definen en gran medida el comportamiento fiscal nacional, provincial y municipal. Esto no es poco en una Argentina en donde el Estado, medido a través del gasto o de los impuestos, casi duplicó su participación en la economía en los últimos 20 años, coincidentemente con el período de mora constitucional antes aludido.

Este “desorden” en la parte fiscal se refleja en desequilibrios verticales y horizontales. Lo vertical tiene que ver con la coincidencia o no entre quién recauda los recursos y quién efectúa los gastos.

El nivel nacional de gobierno efectúa el 55% del gasto total, mientras que provincias y municipios tienen a su cargo el 45%. Los tributos que recauda la Afip a nivel nacional, sin embargo, son el 75% del total de la recaudación consolidada.

Pero también hay desequilibrios horizontales, entre jurisdicciones de un mismo nivel como son las provincias, como quedó claro al inicio de la columna.

Del desbalance vertical procura ocuparse la distribución primaria, es decir, la que ocurre entre Nación y el grupo de provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

Bajo la ley actual, el reparto de los recursos coparticipables es 40% Nación y 60% provincias. Debido a las múltiples modificaciones, precoparticipaciones, y asignaciones específicas, en la realidad la proporción se invierte y es 60% Nación y 40% provincias.

Para muestra, el impuesto más nuevo a nivel nacional –que es el impuesto Pais– no se coparticipa; al igual que no se coparticipan las retenciones y el impuesto al cheque que se crearon de emergencia… hace 20 años.

La distribución secundaria hace referencia al reparto entre provincias. Según la letra constitucional, esta distribución deberá hacerse de manera equitativa y solidaria en el nuevo régimen.

Es decir que se requiere que todas las provincias acuerden un sistema en el que las que más recursos generan reciban relativamente más, y que también reciban relativamente más las que más gastos necesitan hacer o las que peores indicadores socioeconómicos tengan.

Conociendo la realidad económica de las provincias argentinas, es virtualmente imposible el cumplimiento simultáneo de todas estas condiciones. La mejora en la coparticipación para una provincia implica que, necesariamente, alguna otra pierda relativamente.

La única forma en que ninguna pierda consistiría en agrandar la torta; en este contexto, implica que la Nación resigne los fondos. Esto fue, por ejemplo, lo que ocurrió en el Consenso Fiscal de 2017 entre la Nación, Caba y todas las provincias menos dos (San Luis y La Pampa), en el cual se logró que Buenos Aires recuperara la participación que venía perdiendo, para lo cual el nivel nacional transfirió recursos a dicha provincia y al resto de las firmantes bajo el formato de compensación.

Podría decirse que este fue el último esfuerzo concreto en avanzar hacia un ordenamiento tanto de la relación fiscal Nación-provincias, como de la descoordinada suba de presión fiscal de todos los niveles de gobierno.

La falta crónica de coordinación fiscal Nación/provincias, en un contexto de mayor populismo económico, dio como resultado que lo que cada nivel percibía que resignaba frente al resto buscara obtenerlo a través de la suba de tributos.

Cada nivel buscó incrementar sus recursos propios, sin ceder participación en la masa de los que se coparticipan, para gozar de mayor discrecionalidad sobre sus crecientes gastos.

Surgen así circunstancias en las que provincias de bajo nivel económico se mantienen altamente dependientes de los envíos nacionales, que por otra parte generan una elevada distorsión en el gasto por habitante.

Santiago del Estero recibe como coparticipación fondos que equivalen a 2,5 veces su gasto en personal público; con lo cual para financiar políticas salariales como las anunciadas recientemente (bono de $ 200 mil por empleado, adelanto del aguinaldo y subas del 95%), el esfuerzo que tienen que realizar sus propios contribuyentes tiende casi a cero.

La persistencia de este régimen de relaciones intergubernamentales determina que el Estado se convierta en la principal actividad económica: en las seis provincias más atrasadas económicamente, hay más empleados estatales que empleados privados formales.

LAS PROPUESTAS

La solución a este complejo entramado no es tan simple como tuitear “eliminemos la coparticipación”. El sistema coparticipable está contemplado en la Constitución, por lo que para eliminarlo habría que hacer una reforma constitucional. No surge otro camino que el consenso entre los distintos niveles de gobierno en la búsqueda de un sistema más equitativo, transparente y útil como política de desarrollo que el actual.

Las provincias tienen realidades diferentes, que condicionan sus niveles de recaudación y determinan diferentes costos para la provisión de bienes y servicios públicos.

Esto no puede modificarse en el corto plazo. Lo que sí debiera cambiar con un nuevo arreglo federal es la búsqueda de niveles similares de esfuerzo recaudatorio y de eficiencia en el gasto.

Por fortuna, actualmente se cuenta con la capacidad técnica de obtención y procesamiento de datos para que objetivamente se puedan calcular coeficientes de reparto relacionados a las verdaderas necesidades y capacidades de gasto jurisdiccionales. Esto permite tener en cuenta de manera solidaria las particularidades provinciales, a la vez de poder monitorear si el uso de los fondos se destina o no a la convergencia del desarrollo de las provincias.

En la coyuntura actual, en la que priman las urgencias y las políticas económicas del tipo “vamos viendo”, esto no es una demanda ciudadana que se perciba por parte de la oferta de políticas.

Como queda claro en el Presupuesto 2023, seguiremos utilizando un régimen no objetivo creado hace 35 años. En el cual el creciente aporte tributario de familias y empresas a una estructura tributaria desordenada ingresa a una maraña de la que sale para ser usado de una manera tal que perpetúa las desigualdades y los atrasos relativos.

Fuente: La Voz