El Gobierno provincial y las entidades gremiales suscribieron un convenio para mantener el empleo, los salarios y la actividad del personal de la administración portuaria fueguina que no se encuentra bajo la esfera de la agencia nacional.
En medio de un conflicto de competencias, las autoridades de Tierra del Fuego suscribieron un acuerdo con los sindicatos para preservar los puestos de trabajo, la liquidación de haberes y las garantías de los empleados de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), mientras se mantiene la intervención decretada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) en el Puerto de Ushuaia.
El documento fue firmado este 10 de febrero de 2026 en la ciudad capital, con la participación de la vicegobernadora Mónica Urquiza en representación de la Provincia, junto a delegados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación del Personal Directivo Ferroportuario Argentino y el Sindicato Único de Administración Portuaria (SUAP), además de la propia Dirección Provincial de Puertos.
El origen de la disputa se encuentra en la Resolución ANPYN Nº 04/2026, que ordenó la suspensión de la habilitación del Puerto de Ushuaia por un año, la intervención administrativa sobre la infraestructura portuaria y la restricción de ingreso a las instalaciones para una parte del personal provincial.
La medida tiene impacto concreto desde el 21 de enero, cuando se impidió el acceso a sus lugares de trabajo a empleados que se hallaban en condiciones de laborar, hecho que quedó registrado mediante actas notariales oficiales.
Ante esta situación, la Provincia impugnó la legalidad de la intervención federal tanto en el ámbito administrativo como ante la justicia, alegando la configuración de una vía de hecho y la afectación de garantías básicas del procedimiento administrativo. Sin embargo, mientras esas instancias jurídicas siguen su curso, el acuerdo suscrito busca atenuar los efectos sociales y laborales del conflicto, impidiendo que las consecuencias recaigan sobre los trabajadores.
El texto del acuerdo establece la continuidad y plena vigencia del vínculo laboral exclusivamente respecto del personal de la Dirección Provincial de Puertos que no presta servicios para la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
Quedan expresamente excluidos de estas garantías aquellos trabajadores que, al momento de dictarse la Resolución ANPYN N.º 04/2026, se encuentran prestando funciones bajo la órbita del organismo nacional, conforme surge de los anexos que acompañan la medida de intervención, como de aquellos que hayan sido incorporados a posteriori por el organismo nacional.
En ese marco, la Provincia asume el compromiso de afrontar las erogaciones salariales del personal alcanzado por el acuerdo durante todo el período que dure la situación excepcional, garantizando seguridad económica y jurídica, aun cuando existan impedimentos materiales para la prestación efectiva de tareas derivados de decisiones adoptadas por la autoridad nacional.
El acta deja expresamente asentado que la falta de prestación efectiva de tareas, cuando sea consecuencia de órdenes, instrucciones o disposiciones emanadas de la intervención, no podrá ser considerada abandono de servicio, incumplimiento funcional ni causal disciplinaria. Asimismo, se garantiza el pleno resguardo del derecho a la ocupación efectiva, quedando vedada cualquier forma de marginación funcional, vaciamiento de tareas o alteración arbitraria de funciones.
Otro punto central del acuerdo es la exención de responsabilidad patrimonial del personal provincial no alcanzado por la intervención respecto de bienes muebles, inmuebles, equipamientos e instalaciones portuarias.
Durante el período de intervención, toda responsabilidad administrativa, contable o patrimonial recaerá exclusivamente sobre las autoridades a cargo de la ANPyN, disponiéndose además la inmediata desafectación de cualquier carga patrimonial individual que pudiera pesar sobre los trabajadores.
La vigencia del acta acuerdo se fija con efecto retroactivo al 21 de enero de 2026 y se extenderá hasta la normalización institucional de la administración portuaria. Las partes ratificaron, además, su voluntad de preservar la paz social, garantizar el diálogo institucional y canalizar cualquier controversia por las vías administrativas y judiciales correspondientes.






